Una entidad pide a la justicia abrir la v¨ªa penal contra el ¡®conseller¡¯ de Educaci¨®n por no implementar la sentencia del 25% de castellano

La Asamblea por una Escuela Biling¨¹e (AEB) -impulsora de las demandas de las familias que piden m¨¢s castellano en las aulas catalanas y que consigui¨® que la justicia ordenara la ejecuci¨®n de la sentencia- pasa al contraataque. Un d¨ªa despu¨¦s de que la Generalitat argumentara ante la justicia que no puede aplicar el porcentaje del 25% por ¡°imposibilidad legal¡±, la entidad ha solicitado oficialmente al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que act¨²e de diversas maneras. La m¨¢s dura (e incluso sin esperar a que el alto tribunal catal¨¢n determine si se est¨¢ cumpliendo su mandato o no), que se abra la v¨ªa penal contra el consejero de Educaci¨®n catal¨¢n, Josep Gonz¨¤lez Cambray, al considerar que comete un posible delito de desobediencia. La AEB tambi¨¦n pide espec¨ªficamente que se multe al consejero con 1.500 euros diarios hasta que se pueda certificar que todos los alumnos catalanes reciben al menos una cuarta parte de su educaci¨®n en castellano y que la justicia requiera directamente a los directores de los centros que cumplan el fallo y expliquen qu¨¦ acciones han adelantado para ello.

¡°No nos vale que cambiar el marco legal sea una respuesta¡±, ha dicho Jos¨¦ Domingo, uno de los l¨ªderes de Impulso Ciudadano (parte de la Asamblea), que ha comparecido este mi¨¦rcoles y ha calificado el nuevo sistema sin porcentajes de ¡°una chapuza¡± y ¡°tinta de calamar¡±. Ana Losada, portavoz de la entidad, cree que la decisi¨®n del Ejecutivo catal¨¢n de fijar por ley la imposibilidad de aplicar porcentajes con una nueva norma, que choca con lo establecido por la sentencia es ¡±una desobediencia abierta y p¨²blica del Govern¡±. La Generalitat hab¨ªa explicado en un escrito al TSJC que no pod¨ªa cumplir el mandato judicial pues el nuevo decreto ley que explica c¨®mo tienen que ser los proyectos ling¨¹¨ªsticos de cada centro genera una ¡°imposibilidad legal¡± de aplicarlo.

¡°Las instrucciones dadas a los centros por el departamento no responden a los t¨¦rminos de la interlocutoria de ejecuci¨®n forzosa de la sentencia¡±, ha insistido Domingo. La AEB incluso sugiere al Departamento de Educaci¨®n que se pregunte a las direcciones de los m¨¢s de 4.000 colegios e institutos catalanes, de cara a realmente determinar si se cumple la decisi¨®n del TSJC, cu¨¢les son las lenguas vehiculares en cada centro y en qu¨¦ lenguas se est¨¢n dando las asignaturas. Para ello, aparte de la exigencia de que se cumpla la sentencia, tambi¨¦n abrir¨¢ otra v¨ªa legal, con la presentaci¨®n de un recurso contencioso administrativo adicional contra las instrucciones aprobadas por Educaci¨®n el pasado 30 de mayo, derivadas del decreto ley sobre el uso de lenguas.

Domingo ha defendido adem¨¢s que est¨¢ ampliamente certificada ¡°la voluntad clar¨ªsima de no cumplir los autos y las sentencias¡± del Govern. Por ejemplo, ha ejemplificado, con las declaraciones de Gonz¨¤lez-Cambray y de otros altos cargos criticando ¡°la injerencia de los tribunales en la escuela¡± o los llamamientos a las direcciones de los centros para que ¡°no hicieran nada¡± tras conocerse la obligaci¨®n del 25% de tiempo lectivo en castellano. En el documento enviado al TJSC, la AEB justifica que esos actos ¡°implican una dificultad objetiva para que los interesados [por la sentencia] puedan ver garantizados sus derechos¡±. Otro de los miembros de la entidad, Rafael Arenas, ha reconocido que si bien hay que esperar a que el Tribunal decida si se cumple la sentencia o no, es leg¨ªtimo pedir ahora a la justicia que analice los indicios y decida si hay material para ir a la Sala de lo Penal del alto tribunal catal¨¢n.

Para Domingo, es inadmisible que el titular de Educaci¨®n intente erigirse como el ¨²nico responsable ante la ley. ¡°Si los proyectos ling¨¹¨ªsticos no se adaptan a la ley la responsabilidad no es ¨²nicamente del consejero, tambi¨¦n es de los directores de los centros¡±, ha recordado. De ah¨ª que la AEB solicite al TSJC no solo que los directores expliquen qu¨¦ han hecho hasta ahora para cumplir la sentencia que obliga a un 25% de tiempo lectivo en catal¨¢n, sino que tambi¨¦n se les ¡°requiera directamente¡± para que den cumplimiento al fallo. ¡°Los directores son ciudadanos, como yo. Aquellas personas que no siguen las decisiones judiciales son responsables de sus decisiones¡±, ha a?adido Losada.

Gonz¨¤lez-Cambray ya se hab¨ªa referido a la posibilidad de que los tribunales acabaran se?alando a los directores. ¡°Si un profesor se encuentra en esta situaci¨®n, lo que debe hacer es comunicarlo al Departamento y nosotros lo acompa?aremos en todo el proceso¡±, asegur¨®. Con todo, el consejero insiste en que el nuevo decreto ley ha generado un nuevo marco legal que, seg¨²n su interpretaci¨®n, rige sobre la sentencia, de modo que no es necesario acatar la sentencia. ¡°Lo que hacemos es cumplir la legalidad de las leyes del Govern. Y los tribunales est¨¢n obligados a velar porque se cumplan las leyes¡±, ha a?adido este martes en un encuentro informativo en el F¨®rum Europa.

Otras v¨ªas judiciales

La AEB no ser¨¢ la ¨²nica que contin¨²e la batalla judicial por el castellano. Los partidos contrarios a la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica no se dan por satisfechos con la respuesta de la Generalitat a la sentencia. Vox, Partido Popular y Ciudadanos ya han anunciado que llevar¨¢n el nuevo decreto ley al Tribunal Constitucional, pero mientras tanto el partido de ultraderecha tambi¨¦n ha asegurado este mi¨¦rcoles que pedir¨¢ un dictamen sobre esta normativa al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias, un proceso que no suspende el decreto ley, en vigor desde el lunes. Asimismo, Ciudadanos avanz¨® este martes que denunciar¨¢ al consejero Cambray ante la Fiscal¨ªa.

Pero las entidades proinmersi¨®n tambi¨¦n han decidido entrar en la batalla jur¨ªdica. ?mnium Cultural ha optado por un recurso de reposici¨®n para lograr personarse en la causa e intentar frenar la ejecuci¨®n forzosa cuyo plazo venc¨ªa este martes. Plataforma per la Llengua y los sindicatos Ustec (mayoritario en la ense?anza) y La Intersindical han presentado un recurso pidiendo la anulaci¨®n de la sentencia al considerar que la elecci¨®n del magistrado Javier Aguayo Mej¨ªa fue irregular porque decidi¨® participar en el auto de ejecuci¨®n de la sentencia, ¡°en contra de un principio jur¨ªdico fundamental que es el derecho a que los jueces sean predeterminados por ley¡±, aseguran.

Los tribunales tambi¨¦n tienen pendiente resolver la demanda de un grupo de familias de la escuela Tur¨® del Drac de Canet de Mar, que no est¨¢n de acuerdo con que la petici¨®n de una familia sobre el 25% afecte de rebote a sus hijos.

Negociaci¨®n de los sindicatos

Paralelamente, en motivo de los dos d¨ªas de huelga planteados por los sindicatos educativos -una parcial de dos horas este jueves y una total el d¨ªa 9 de junio-, representantes del Departamento se han reunido con el comit¨¦ de huelga en una nueva sesi¨®n de mediaci¨®n. Cambray tambi¨¦n se han referido a las nuevas convocatorias de huelga asegurando que entiende ¡°el malestar¡± y ¡°el cansancio¡± del profesorado, pero se ha reafirmado en sus ¨²ltimas decisiones pol¨¦micas, como el cambio del calendario escolar. ¡°Un gobierno republicano no viene a gestionar, viene a hacer una transformaci¨®n ambiciosa. Siempre habr¨¢ ruido y reticencias cuando se propone un cambio. Siempre ha pasado y pasar¨¢¡±, ha zanjado el consejero.

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