La Generalitat aprueba el decreto que rechaza aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas

El Gobierno catal¨¢n se ha reunido este lunes de manera extraordinaria para aprobar el decreto ley con el que espera que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) d¨¦ por cumplida la sentencia que ordena que al menos un 25% de las horas lectivas (una materia troncal o similar) se imparta en castellano en todos los centros educativos de Catalu?a. El texto de la Generalitat, sin embargo, no hace referencia a esa sentencia ¨Dcuyo plazo de aplicaci¨®n vence ma?ana martes¨D y, en lugar de recoger la orden sobre el 25%, defiende lo contrario: la ¡°inaplicaci¨®n¡± de ¡°par¨¢metros num¨¦ricos¡± en el uso de lenguas en las escuelas. ¡°El Govern garantizar¨¢ que las sentencias no condicionen el modelo de escuela catalana¡±, ha dicho la portavoz del Ejecutivo auton¨®mico, Patr¨ªcia Plaja.

El decreto ley va en la misma direcci¨®n que la proposici¨®n de ley que actualmente est¨¢ en tr¨¢mite en el Parlament y a la espera de un dictamen del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias (CGE). Sin embargo, va m¨¢s all¨¢ en el rechazo a los t¨¦rminos de la sentencia sobre el uso del castellano ¨Daunque no la cita¨D, estableciendo ¡°la inaplicaci¨®n de par¨¢metros num¨¦ricos, proporciones o porcentajes en la ense?anza y el uso de las lenguas¡±. Adem¨¢s, establece que el catal¨¢n es la ¨²nica lengua vehicular (de uso docente), a pesar de que la sentencia del TSJC (y varias sentencias anteriores del mismo tribunal, del Supremo y del Constitucional) ordena que el castellano tambi¨¦n lo sea; en la proposici¨®n de ley de lenguas pactada con el PSC tampoco se reconoce al castellano la condici¨®n de vehicular, aunque s¨ª se la califica como lengua ¡°curricular¡±.

El decreto ley ha entrado en vigor este lunes; ahora se abre el plazo para su ratificaci¨®n en el Parlament, un tr¨¢mite para el que el Govern no va sobrado de aliados: En Com¨² Podem tiene la llave para dar luz verde, ante el rechazo del PSC ¨Dque s¨ª se sum¨® a la proposici¨®n de ley de lenguas¨D y la CUP. En todo caso, a menos de un mes para que acabe el curso, los plazos fijados en el decreto ley dejan ya para el pr¨®ximo curso escolar los efectos de cualquier medida que se adopte.

Durante una visita a Tarragona, el ministro de Cultura y presidente del PSC Miquel Iceta ha criticado que el Govern no haya contactado con los socialistas. ¡°Extra?a que el Govern tuviera tanto inter¨¦s en pactar la proposici¨®n de ley y que ese inter¨¦s no se haya dado en relaci¨®n con el decreto¡±, ha lamentado. Llu?sa Moret, viceprimera secretaria de Organizaci¨®n y Acci¨®n Electoral del PSC, ha se?alado que ¡°la propuesta de decreto es una improvisaci¨®n del Govern para esquivar la sentencia del TSJC¡±, y que los socialistas no lo validar¨¢n en sede parlamentaria. Aunque por distintos motivos, la CUP tambi¨¦n se muestra contraria: en una entrevista en SER Catalunya, el diputado Carles Riera ha augurado que el decreto ¡°consagrar¨¢ la segregaci¨®n escolar por motivos de lengua¡±.

La Generalitat sostiene que es antipedag¨®gico establecer cuotas para las lenguas cooficiales en la escuela. ¡°El Govern garantizar¨¢ que las sentencias no condicionen el modelo de escuela catalana. No es posible abstraerse de la diversidad social y cultural del pa¨ªs¡±, ha defendido la portavoz Patr¨ªcia Plaja. Su apuesta es que cada centro, de acuerdo a su realidad socioling¨¹¨ªstica, decida la proporci¨®n del uso de las dos lenguas pero siempre garantizando que al final de la escolarizaci¨®n obligatoria se cumpla ¡°el objetivo del dominio oral y escrito del catal¨¢n y el castellano¡±. Ello se comprobar¨¢ con los indicadores que aporten las ¡°evaluaciones internas y externas¡±. Actualmente, los alumnos catalanes ya se someten de forma peri¨®dica a unas pruebas de competencias b¨¢sicas, que miden el conocimiento en el ¨¢mbito de las lenguas, pero tambi¨¦n en el cient¨ªfico o el matem¨¢tico.

Cada centro deber¨¢ enviar ahora el proyecto ling¨¹¨ªstico al Departamento de Educaci¨®n, que tiene 30 d¨ªas para verificar que se ajusta al nuevo marco legal que ha establecido el decreto ley. De esta forma, se considera que la nueva normativa es la que fija el rumbo de los proyectos ling¨¹¨ªsticos y del uso de las lenguas en la escuela, y no la sentencia del TSJC. Ma?ana martes, ha dicho Plaja, se enviar¨¢ una instrucci¨®n a los centros para explicarles el procedimiento. ¡°Educaci¨®n asume la responsabilidad sobre la legalidad del proyecto que valida¡±, dice el decreto ley, intentando as¨ª tranquilizar a las direcciones ante una hipot¨¦tica acusaci¨®n de desobediencia a los tribunales. Si el Departamento hace correcciones, los centros tendr¨¢n que revisar sus proyectos ¡°en el menor tiempo posible¡± durante los seis primeros meses del curso 2022-2023.

El pasado 9 de mayo, el TSJC dio a la Generalitat un plazo de 15 d¨ªas para empezar a aplicar el 25% de castellano en todos los centros educativos. En esa resoluci¨®n, el tribunal instaba a la Alta Inspecci¨®n del Estado a velar por dicho cumplimiento. Como este cuerpo estatal no tiene competencias para entrar en las escuelas, ha enviado un correo al Departamento de Educaci¨®n pregunt¨¢ndole qu¨¦ medidas ha puesto en marcha. La Generalitat todav¨ªa no ha respondido, seg¨²n el ministerio. ¡°Cuando tengamos la respuesta, la reenviaremos al tribunal y este decidir¨¢ si lo considera suficiente o no. Por las competencias limitadas, no tenemos otra forma de verificaci¨®n que esta¡±, apunta un portavoz del Ministerio de Educaci¨®n.

El escenario que se dar¨¢ este martes, cuando vence el plazo dado por el tribunal, es incierto. La v¨ªa contencioso-administrativa siempre es m¨¢s lenta y menos punitiva que la penal. El TSJC podr¨ªa pronunciarse ya sobre si la bater¨ªa legal puesta en marcha por el Govern y el Parlament es suficiente o no; pedir m¨¢s informaci¨®n; advertir al consejero de Educaci¨®n, Josep Gonz¨¤lez Cambray, de mecanismos coercitivos que pueden acabar en multas diarias; y, finalmente, abrir la v¨ªa penal por desobediencia si cree que no se est¨¢ ejecutando lo dictado. O podr¨ªa incluso acabar dando instrucciones de manera directa a los centros para que apliquen el 25% de castellano.

La ministra: ¡°No hay debate¡±

La ministra de Educaci¨®n, Pilar Alegr¨ªa, ha recordado este lunes que las sentencias firmes son ¡°de obligado cumplimiento¡± y que sobre eso ¡°no hay debate que valga¡±. En todo, caso, ha a?adido, es el propio TJSC el que tiene que determinar si el decreto ley es una ¡°respuesta acertada, oportuna o correcta¡± para dar cumplimento a la sentencia del 25%.

El portavoz de Vox en el Parlament, Juan Garriga, ha admitido que su formaci¨®n pidi¨® un dictamen al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias de la proposici¨®n de ley sobre el catal¨¢n para entorpecer su aprobaci¨®n. ¡°Nosotros queremos poner trabas a esta tomadura de pelo, y lo llevamos al Consell de Garant¨ªas Estatutarias, que es un ¨®rgano consultivo, que no sirve de nada, pero que puede paralizar esta tropel¨ªa de los derechos de los catalanes a tener algo de espa?ol en el aula, que no es tan grave¡±, ha dicho Garriga en R¨¤dio 4.

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