El Govern quiere mantener las limitaciones a las VTC pero abre la puerta a que circulen el doble de coches

La Generalitat ultima el decreto que debe entrar en vigor el pr¨®ximo 1 de octubre para dar cobertura a la actividad de las licencias VTC, los veh¨ªculos con conductor, que en ciudades como Barcelona tienen al sector del taxi en pie de guerra, porque les ven como competencia desleal. En esa fecha finaliza la vigencia del decreto firmado en 2018 por el Gobierno central, conocido como Decreto ?balos, que supon¨ªa un periodo indemnizatorio para los VTC que operan en las ciudades. El precio de estos permisos en Barcelona ronda en el mercado secundario los 35.000 euros, mientras que la licencia de taxi supera los 120.000. Desde el pr¨®ximo 1 de octubre las competencias sobre la regulaci¨®n del sector pasan a las comunidades.

El decreto que prepara el departamento de Pol¨ªticas Digitales y Territorio, de dos a?os prorrogables a otros dos, pretende mantener las actuales condiciones a las VTC, a la espera de las sentencias que deben resolverse en el Tribunal Supremo o tribunales europeos. Mientras, la idea es redactar una nueva Ley de Movilidad. El decreto provisional mantiene la precontrataci¨®n de VTC en las plataformas como Cabify o recientemente Bolt con 15 minutos de antelaci¨®n y abre la puerta a que circulen el doble de veh¨ªculos con licencia VTC.

Actualmente en Catalu?a hay 4.000 licencias VTC de las que entre 2.570 y 3.000 tienen autorizaci¨®n para operar y coche. Y de ¨¦stos solo 1.455 prestaban servicio en el ¨²ltimo recuento del Ministerio, de febrero pasado. El Govern entiende que si no han operado durante la vigencia del Decreto ?balos, no lo har¨¢n ahora. Pero podr¨ªan hacerlo, saltando de casi 1.500 a 3.000 VTC en la calle.

Los taxistas han reaccionado airados al proyecto. ¡°Si no hay limitaciones, nos echamos a la calle y volvemos a la Gran Via¡±, ha asegurado este lunes el l¨ªder de ?lite Taxi, Alberto Tito ?lvarez. El taxista ha revelado que solo desde 2021 ha habido 3.700 multas, ¡°el 95% a Cabify, por incumplir condiciones como la precontrataci¨®n de 15 minutos, captar clientes en la calle o estacionar en la v¨ªa p¨²blica: ¡°?Se han estado pasando la normativa por el forro y ahora los van a blanquear? No lo vamos a aceptar, vamos a la guerra¡±, ha asegurado evocando la huelga que en 2019 mantuvo bloqueada la Gran Via con taxis durante seis d¨ªas. El Govern asegura que envi¨® un comunicado a las empresas record¨¢ndoles sus obligaciones, pero que las sanciones corresponden al ?rea Metroplitana de Barcelona.

La Generalitat calcula que de los 1.455 VTC que circulan la mitad responden a la modalidad tradicional de los veh¨ªculos con conductor: realizan transportes para empresas a aeropuertos, trabajan para empresas, bodas, hoteles... y se reservan con 24 horas de antelaci¨®n. El taxi no les ve como competencia, como s¨ª ocurre con los que trabajan para plataformas como Cabify, Uber (que se march¨® de Barcelona tras el ¨²ltimo decreto pero ahora opera con taxis tradicionales) o, recientemente, Bolt.

En el decreto que prepara el Govern se mantienen los 15 minutos de precontrataci¨®n y como novedades obliga a los conductores de VTC a contratar el mismo seguro de responsabilidad civil que los taxistas, que es m¨¢s costoso; y a tener un a?o de permiso de conducir. Otra novedad es que el veh¨ªculo est¨¦ operando en los ¨²ltimos seis meses. El texto mantiene la autorizaci¨®n por parte del departamento y que los ayuntamientos o ?rea Metropolitana de Barcelona fijen cuestiones como el descanso o los horarios. Y autoriza a los entes locales a que puedan exigir formaci¨®n espec¨ªfica.

En lo que el futuro decreto no entra es en la proporci¨®n que siempre han exigido los taxistas de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Ahora, con 10.500 taxis en el ¨¢rea de Barcelona y 12.300 si se incluye toda Catalu?a, la proporci¨®n est¨¢ muy alejada de la petici¨®n de los taxistas: es de 1 a 7. Una de las sentencias que han llegado al Tribunal Supremo sobre la cuesti¨®n es le¨ªda por los dos sectores de forma contraria; unos entienden que avala el 1/30 y otros que no. La discrepancia ha llegado a los tribunales europeos.

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