Catalu?a encara su Diada m¨¢s fracturada tras el desgaste de una d¨¦cada de ¡®proc¨¦s¡¯

El proceso independentista en Catalu?a, el proc¨¦s, se desinfla. Al menos, tal y como se ha manifestado durante la ¨²ltima d¨¦cada. Pero no lo hacen ni las reivindicaciones ni los problemas irresueltos que hicieron decantarse a una parte significativa de los catalanes por esa opci¨®n o los que afloraron con ¨¦l a partir de 2012. Tras a?os de confrontaci¨®n, la sociedad catalana explora nuevos rumbos, aunque la v¨ªa soberanista no ha sido ni mucho menos enterrada. La tensi¨®n social ha disminuido, el independentismo mantiene la mayor¨ªa pol¨ªtica pese a innumerables desacuerdos y la incierta v¨ªa del di¨¢logo intenta abrirse paso pese a la fragilidad pol¨ªtica que la sustenta. Este domingo, como cada 11 de septiembre desde hace 10 a?os, la manifestaci¨®n multitudinaria que organiza la Assemblea Nacional Catalana (ANC) servir¨¢ para tomarle el pulso al secesionismo y la gravedad del supuesto abismo entre los partidos pol¨ªticos y los ciudadanos que quieren el Estado propio.

El nudo gordiano de la ¡°desjudicializaci¨®n¡±

El juicio, condena y encarcelamiento de nueve de los l¨ªderes del refer¨¦ndum del 1-O (que el Tribunal Constitucional determin¨® ilegal) desemboc¨® en 2019 en una oleada de protestas en las calles de Catalu?a y en un clima de tensi¨®n pol¨ªtica que solo se aplac¨® cuando el Gobierno les concedi¨® el indulto en 2021. Pero el frente judicial sigue abierto. Con el expresident Carles Puigdemont a la cabeza, los cinco dirigentes que permanecen huidos de la justicia espa?ola (en B¨¦lgica y Suiza) son un dolor de cabeza que ni siquiera puede remediar la pretendida ¡°desjudicializaci¨®n¡± impulsada ¡ªsin aclarar en qu¨¦ consistir¨ªa¡ª por la mesa de di¨¢logo entre los Ejecutivos de Pedro S¨¢nchez y Pere Aragon¨¨s.

La justicia sigue su propio curso y una eventual entrega de Puigdemont a Espa?a solo conducir¨ªa, de entrada, a su enjuiciamiento, aunque m¨¢s adelante pudiera ser beneficiario de un indulto o de una rebaja de las penas, si se reformara el delito de sedici¨®n, que ERC ubica dentro de esa desjudicializaci¨®n.

Como el expresident, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, sigue huida: est¨¢ procesada por rebeli¨®n y su regreso ahora le supondr¨ªa ingresar en prisi¨®n preventiva. Otros autoproclamados ¡°exiliados¡± han asomado la cabeza, como la exconsejera de Agricultura Meritxell Serret (que regres¨® hace un a?o) o la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, (que se present¨® ante el Supremo el pasado julio). Ellas solo se enfrentan a posibles penas de inhabilitaci¨®n, al estar procesadas por desobediencia.

El panorama judicial no parece m¨¢s despejado en Catalu?a, sobre todo para decenas de cargos y ex cargos p¨²blicos, tanto de Junts como de ERC, que participaron en el pulso del oto?o de 2017. Dos pesos pesados de los republicanos que fueron claves en la organizaci¨®n del 1-O, Josep Maria Jov¨¦ y Llu¨ªs Salvad¨®, han sido procesados por malversaci¨®n, desobediencia y revelaci¨®n de secretos y, por su condici¨®n de diputados, pronto ser¨¢n juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. Por los mismos hechos, pero en un juzgado ordinario, permanecen investigados una treintena de cargos p¨²blicos y empresarios, acusados tambi¨¦n de delitos que conllevan penas de prisi¨®n. Est¨¢ vivo, adem¨¢s, el proceso por desobediencia contra el expresidente del Parlament, Roger Torrent, y tres exmiembros de la Mesa de la C¨¢mara por permitir la tramitaci¨®n, en 2019, de una resoluci¨®n sobre el proc¨¦s y otra sobre la monarqu¨ªa.

Fuera del ¨¢mbito penal, el Tribunal de Cuentas mantiene abierto el proceso por el uso de dinero p¨²blico para promover el plan independentista en el extranjero. Aqu¨ª nadie se juega la libertad, pero s¨ª el patrimonio. La Fiscal¨ªa pide a 35 altos cargos ¡ªincluidos Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras¡ª que paguen 3,4 millones de euros, una demanda que est¨¢ muy por debajo de lo que reclamaba inicialmente la instructora del procedimiento contable (nueve millones). Parte de esos contratos y subvenciones p¨²blicas han dado lugar a otra causa penal que sigue viva (en el Juzgado de Instrucci¨®n 18 de Barcelona) y mantiene investigados, entre otros, al exconsejero de Acci¨®n Exterior, Ra¨¹l Romeva.

La hegemon¨ªa pol¨ªtica en el ¡®posproc¨¦s¡¯

El discurso soberanista monopoliz¨® durante mucho tiempo el debate pol¨ªtico y social y, una vez la normalidad institucional se abre camino, emergen con fuerza problemas cr¨®nicos en Catalu?a como la falta de inversi¨®n (el Estado incumple desde 2013 el 33% de las inversiones prometidas, seg¨²n la patronal Foment del Treball), los problemas en la red de Cercan¨ªas (un fallo inform¨¢tico suspendi¨® por dos horas y media todo el sistema el viernes) o la crisis del personal de la Educaci¨®n.

El debate sobre c¨®mo armonizar la aspiraci¨®n a la independencia y la gesti¨®n del d¨ªa a d¨ªa es lo que ha marcado el posproc¨¦s entre los partidos soberanistas. Mientras que Junts insiste en ahondar en la confrontaci¨®n con el Estado, ERC dedica todos los esfuerzos en agotar la v¨ªa del di¨¢logo. Ambos comparten el objetivo ¡ªla independencia¡ª, pero han sido incapaces de llegar a alg¨²n tipo de acci¨®n coordinada para alcanzarlo. En el fondo radica la lucha por la hegemon¨ªa pol¨ªtica, un enfrentamiento que tendr¨¢ en las pr¨®ximas elecciones municipales una nueva contienda.

En las auton¨®micas de 2021, el PSC logr¨® la victoria, pero el bloque independentista sum¨® mayor¨ªa tanto en esca?os como en votos (52%). En las encuestas que publica peri¨®dicamente la Generalitat, la opci¨®n de un Estado independiente sigue siendo la que m¨¢s apoyos recoge (34%), frente a las v¨ªas federalista, regionalista o autonomista. Pero, cuando se pregunta directamente si el encuestado apoyar¨ªa la independencia en un eventual refer¨¦ndum, el ¡°s¨ª¡± sube hasta el 41%. Ese porcentaje ha ido disminuyendo paulatinamente tras alcanzar su pico m¨¢ximo del 49% en octubre de 2017. En el ¨²ltimo bar¨®metro de junio de este a?o, un 52% rechazaba la secesi¨®n, la cifra m¨¢s alta desde que en 2015 se incluy¨® la pregunta.

La polarizaci¨®n tambi¨¦n ha perdido terreno en el Parlament. Tras a?os de dominio de una pol¨ªtica de bloques, que hab¨ªa paralizado la renovaci¨®n de ¨®rganos clave como la direcci¨®n de TV3 o el S¨ªndic de Greuges, los independentistas se han abierto a que el PSC participe de esos grandes pactos. Eso s¨ª, lo mantienen fuera del pacto presupuestario.

La desobediencia ret¨®rica

El rechazo a acatar las decisiones de los tribunales fue uno de los signos primigenios del proc¨¦s. El expresidente Artur Mas sigui¨® adelante con la consulta del 9-N de 2014 a pesar de la suspensi¨®n dictada por el Tribunal Constitucional, y acab¨® condenado por desobediencia. La inhabilitaci¨®n, seis a?os despu¨¦s, del president Quim Torra ¡ªpor negarse a retirar s¨ªmbolos independentistas de la fachada de la Generalitat en plena campa?a electoral¡ª marc¨® el inicio del fin de la desobediencia como estrategia pol¨ªtica, que hab¨ªa tenido su culmen en el refer¨¦ndum ilegal del 1-O de 2017. La renuencia a acatar las normas ha seguido presente, pero m¨¢s en los discursos que en las acciones. Conscientes de que la inhabilitaci¨®n llama a la puerta, los dirigentes han evitado una desobediencia abierta. Ni siquiera la presidenta del Parlament, Laura Borr¨¤s, abanderada de la ret¨®rica m¨¢s beligerante, se opuso a cumplir la resoluci¨®n que obligaba al exdiputado de la CUP Pau Juvill¨¤ a abandonar su esca?o. La confirmaci¨®n de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en las aulas fue una nueva muestra de desobediencia de sal¨®n: el Govern subray¨® que no pensaba cumplir la sentencia, pero opt¨® por una tercera v¨ªa: aprobar una nueva ley para impedir as¨ª la aplicaci¨®n del fallo, pues no encajaba en el nuevo marco legislativo.

La gincana del di¨¢logo

¡°Spain, sit and talk¡± (Espa?a, si¨¦ntate y habla) fue uno de los mensajes del llamado Tsunami Democr¨¢tico, el movimiento que coordin¨® parte de las protestas a la sentencia del Supremo. El Camp Nou lleg¨® a gritar la consigna en el cl¨¢sico de diciembre de 2019. Ese nivel de entusiasmo, sin embargo, nunca ha acompa?ado la mesa de di¨¢logo que pactaron el PSOE y ERC al a?o siguiente. Una f¨®rmula sin arraigo jur¨ªdico y que se ha convertido en una verdadera gincana. La exigencia del Ejecutivo catal¨¢n es la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum pactado y una amnist¨ªa para los que llama ¡°represaliados¡±. Dos planteamientos a los que el Gobierno de S¨¢nchez responde con su ¡°agenda para el reencuentro¡±: una lista de 41 reivindicaciones hist¨®ricas del Govern que se abre a negociar y cuyo balance, de entrada, no parece muy prometedor.

Las cr¨ªticas a la mesa no cesan. En Junts la ningunearon desde un principio y, si bien dicen ¡ªcon la boca peque?a¡ª que hay que darle una oportunidad al di¨¢logo, creen que ERC lo pervierte al garantizar la gobernabilidad en el Congreso. De hecho, no participan. Al mismo tiempo, en Madrid, PP, Vox y Cs ven ese foro como el peaje del l¨ªder socialista para mantenerse en el poder. O una manera m¨¢s para dar supuestos privilegios a Catalu?a.

Tras el primer encuentro en La Moncloa en febrero de 2020 entre S¨¢nchez y Torra, la mesa se ha visto sucesivamente paralizada por la pandemia, la erupci¨®n del volc¨¢n de La Palma, el calendario electoral, el caso Pegasus ¡ªAragon¨¨s era uno de los espiados por orden judicial¡ª y la dificultad material de mostrar alg¨²n acuerdo significativo. Bajo el mandato del republicano se han celebrado dos reuniones.

El ¨²nico fruto palpable de este di¨¢logo, adem¨¢s de la rebaja de la tensi¨®n pol¨ªtica, es la decisi¨®n del Gobierno de no recurrir la ley de lenguas del Parlament, que hace imposible ¡ªal menos hasta que se pronuncie el Constitucional¡ª aplicar la sentencia sobre el 25% de castellano en las aulas. Por lo dem¨¢s, ambas partes saben que el cr¨¦dito de la foto conjunta no es eterno y que, para una carrera de fondo, el escollo del a?o electoral que viene es altamente problem¨¢tico.

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