El Gobierno ofrece apoyo al Govern mientras ERC aparca la autodeterminaci¨®n

La mesa de di¨¢logo entre los gobiernos central y catal¨¢n ha dado sus primeros frutos, sin entrar de momento en las cuestiones m¨¢s vidriosas. ERC deja aparcadas sus reivindicaciones m¨¢ximas de autodeterminaci¨®n y se compromete a seguir actuando dentro del marco legal, a cambio de algunas concesiones del Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez, sobre todo en materia ling¨¹¨ªstica. El Gobierno se dirigir¨¢ al Parlamento europeo para pedir que permita el uso del catal¨¢n y expresa su respaldo a la ley sobre los idiomas en la ense?anza aprobada por el Parlament, con el voto a favor de los socialistas, e impugnada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ante el Constitucional.

Los gobiernos central y de la Generalitat se ir¨¢n de pausa estival con la carpeta catalana encarrilada por el momento. Tras la reuni¨®n, hace dos semanas, entre los presidentes Pedro S¨¢nchez y Pere Aragon¨¨s, el turno este mi¨¦rcoles fue para la mesa de di¨¢logo entre ambos Ejecutivos, ya sin sus m¨¢ximos representantes. Y por primera vez se fue m¨¢s all¨¢ de la simple foto: a diferencia de las dos reuniones anteriores del ¨®rgano bilateral, de esta s¨ª salieron acuerdos. El m¨¢s espec¨ªfico, sobre diversas medidas de fomento del catal¨¢n. Y otro, m¨¢s impreciso, sobre lo que ambas partes han dado en llamar la ¡°desjudicializaci¨®n del conflicto pol¨ªtico¡±.

Ambas delegaciones salieron contentas de la cita en La Moncloa y se aseguraron de dejar algunas puertas abiertas para que, en breve, se puedan presentar m¨¢s frutos de una negociaci¨®n que critica con gran violencia la derecha y tambi¨¦n los socios de ERC en el Govern, Junts. Los acuerdos est¨¢n recogidos en dos documentos que transmiten un cierto clima de vuelta a la normalidad institucional tras el escollo del caso Pegasus de espionaje a l¨ªderes independentistas, que enturbi¨® las relaciones entre los Ejecutivos.

Las dos propuestas que la Generalitat han puesto sobre la mesa desde que se pact¨® este foro, a cambio de facilitar la investidura S¨¢nchez, son la amnist¨ªa a los afectados por causas judiciales o administrativas relacionadas con el proc¨¦s y la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n pactado. El rechazo del Gobierno central a esas dos posibilidades ya es conocido, pero, de momento, ambas partes se han concedido un margen para negociar otras reformas legales.

La tesis del Govern es que, antes de abordar su demanda de autodeterminaci¨®n, se debe garantizar una ¡°igualdad de condiciones¡±, es decir, que no haya ¡°represaliados y exiliados¡±, en palabras de la consejera de la Presidencia, Laura Vilagr¨¤, que encabez¨® la delegaci¨®n catalana. En ese punto, ERC reclama cambios en el C¨®digo Penal. El asunto central es la posible modificaci¨®n del delito de sedici¨®n, lo que podr¨ªa traducirse en un alivio para la situaci¨®n penal de huidos al extranjero como el expresident Carles Puigdemont o la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.

Seg¨²n fuentes del Gobierno, la posici¨®n inicial expresada por la formaci¨®n catalana es suprimir ese delito, por el que fueron condenados la mayor¨ªa de los dirigentes del proc¨¦s. En cambio, el Ejecutivo no est¨¢ dispuesto a ir m¨¢s all¨¢ de ¡°armonizarlo con las leyes europeas m¨¢s avanzadas¡±, seg¨²n expres¨® el ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, que encabez¨® la representaci¨®n del Gobierno central, junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda D¨ªaz y los ministros de Pol¨ªtica Territorial y Cultura. Eso supondr¨ªa suavizar las penas con que se castiga, lo que rebajar¨ªa tambi¨¦n los cargos pendientes en casos como el de Puigdemont.

Bola?os insisti¨® con reiteraci¨®n en que el Gobierno solo abordar¨¢ esa reforma cuando cuente con una ¡°mayor¨ªa parlamentaria suficiente¡±, una manera de invitar a ERC a negociar. La impresi¨®n en ambas partes es que hay margen para conversar, porque los republicanos tampoco presentan como una l¨ªnea roja la eliminaci¨®n del delito. En el documento suscrito tras la reuni¨®n, las dos partes se limitan a manifestar su voluntad de intentar un acuerdo al respecto en el Parlamento antes de que acabe el a?o.

Ese documento que aborda la llamada ¡°desjudicializaci¨®n¡± es, sobre todo, una declaraci¨®n de principios, sin medidas concretas. Pero el Gobierno enfatiza la relevancia de que los representantes de la Generalitat se comprometan a actuar sin saltarse el marco legal y lo exhibe como prueba de que la situaci¨®n en Catalu?a se ha pacificado. En el documento hay alusiones expresas a que cualquier ¡°soluci¨®n pol¨ªtica¡± debe alcanzarse en un ¡°marco de seguridad jur¨ªdica¡±, ¡°seg¨²n los principios y el ordenamiento democr¨¢tico¡± y con el respaldo de ¡°una mayor¨ªa social amplia y transversal¡±. El texto incluye tambi¨¦n demandas de los independentistas, como el rechazo a ¡°la criminalizaci¨®n de los proyectos pol¨ªticos democr¨¢ticos¡± en aras de permitir una ¡°negociaci¨®n equilibrada y con garant¨ªas¡±. En la pr¨¢ctica, se trata de un compromiso para evitar que las disputas pol¨ªticas acaben en los tribunales, sin m¨¢s concreci¨®n.

Pese a que la Generalitat siempre hab¨ªa querido separar la mesa de di¨¢logo de la discusi¨®n de temas sectoriales, para resaltar as¨ª la trascendencia de la resoluci¨®n del conflicto pol¨ªtico, el blindaje al catal¨¢n fue el otro gran punto de la reuni¨®n de La Moncloa. Vilagr¨¤ lo justific¨® como una excepci¨®n ante la constante ¡°judicializaci¨®n del modelo educativo catal¨¢n¡±. El documento aprobado sobre esta cuesti¨®n incluye el apoyo expreso del Gobierno a la nueva ley sobre los idiomas en la educaci¨®n aprobada recientemente por el Parlament con el respaldo del PSC. El propio Bola?os se refiri¨® a esa nueva norma como ¡°un ejemplo de acuerdos transversales muy amplios¡±.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a entiende que esa ley ignora su sentencia que obligaba a impartir un m¨ªnimo del 25% de asignaturas en castellano y ha pedido al Constitucional que la examine. En lugar de esa cuota, la norma aprobada por el Parlament deja autonom¨ªa a cada colegio para que decida el reparto entre las lenguas en funci¨®n de sus circunstancias socioling¨¹¨ªsticas. El documento aprobado en la mesa se?ala que el ¡°catal¨¢n debe seguir siendo la lengua normalmente utilizada como vehicular¡± en las aulas, mientras que el castellano deber¨¢ tener garant¨ªas de una ¡°presencia adecuada en los curr¨ªculos y los proyectos ling¨¹¨ªsticos¡±.

En el campo de protecci¨®n del catal¨¢n, adem¨¢s de la escuela, el Gobierno se compromete a pedir al Parlamento europeo que permita el uso de ese idioma. Bola?os garantiz¨® que se har¨¢ lo mismo con las otras lenguas cooficiales en Espa?a si lo piden los Gobiernos auton¨®micos implicados. Al mismo tiempo, las dos partes se muestran de acuerdo en ampliar la presencia de todos los idiomas cooficiales en el Senado, donde ya se est¨¢ negociando una iniciativa al respecto. En el Congreso, en cambio, el PSOE rechaz¨® recientemente una iniciativa similar de todos los grupos nacionalistas.

Vilagr¨¤ explic¨® que ya se hab¨ªan puesto en conocimiento de Junts los contenidos de la reuni¨®n. Y la primera reacci¨®n de los socios de ERC en el Govern no result¨® muy efusiva. Su portavoz, Josep Rius, consider¨® que la mesa se est¨¢ alejando de sus objetivos iniciales y critic¨® que en ella se aborden cuestiones sectoriales, ¡°por muy respetables que sean¡±. ¡°Ser¨ªa bueno que el presidente explique en sede parlamentaria la orientaci¨®n que est¨¢ tomando la mesa¡±, apunt¨® el portavoz de Junts.