Desahucios en Barcelona pese a la moratoria: ¡°Cumpl¨ªa las condiciones, pero les da igual¡±

La moratoria de desahucios que el Gobierno dict¨® al inicio del Estado de alarma durante la pandemia, en marzo de 2020, sigue vigente tras sucesivas pr¨®rrogas y la inmensa mayor¨ªa de ¨®rdenes que incluye se frenan. Pero hay un (peque?o) porcentaje de desahucios que s¨ª se ejecutan. No se conoce la cifra, y las publicadas no distinguen por ciudades, ni si es una vivienda, un local o un garaje. En la ¨²ltima semana, en Barcelona han sido tres, tiene constancia este diario. Pueden ser m¨¢s: familias que no acuden a servicios sociales ni a entidades como la PAH o asociaciones de barrio y nadie se entera de sus casos. Pero ?qui¨¦nes son las familias que son desahuciadas? ?Por qu¨¦ se ejecutan sus ¨®rdenes de lanzamiento si en algunos casos cumplen los requisitos para acogerse a la moratoria?

Las situaciones son dos: familias que no cumplen los requisitos que fija la suspensi¨®n, o bien casos que s¨ª entrar¨ªan, pero donde el juez tiene margen para interpretar y tiene la ¨²ltima palabra. Lo explican los afectados, entidades, servicios sociales y el Ayuntamiento. El 80% de los desahucios que se ejecutaron en 2021 (¨²ltima memoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a) fue por impago de alquiler u ocupaciones. La moratoria no contempla los desahucios por impago de hipoteca.

Esta semana hubo un desahucio, el jueves, en el castigado barrio de Ciutat Meridiana (Nou Barris): una familia que hab¨ªa ocupado un piso vac¨ªo de un banco dos semanas antes y no cumpl¨ªa los requisitos para entrar en la moratoria. Les hab¨ªan echado de otro piso por no pagar el alquiler y no se hab¨ªan empadronado ni hab¨ªan avisado a servicios sociales. Se concentraron una decena de vecinos. Pero la pareja, Alan y Blanca, hab¨ªa asumido que tendr¨ªan que marcharse. Fue muy r¨¢pido y casi sin gritos. Tienen dos hijos de 11 y siete a?os. Lleg¨® la comitiva judicial, los cerrajeros, un instalador de alarmas, dos trabajadoras de emergencias sociales y tres patrullas de los Mossos. La familia lo ten¨ªa todo recogido, lo sacaron a la calle y rechazaron la pensi¨®n que les ofreci¨® el Ayuntamiento, porque la madre de ella, todos de origen hondure?o, vive tambi¨¦n en el barrio. La presencia de los dos ni?os, a los que fueron a recoger al colegio al llegar la comitiva, no cambi¨® la situaci¨®n. A Alan, descompuesto, daba reparo preguntarle. Blanca, bastante entera dada la situaci¨®n, se mantuvo firme: ¡°No quiero llorar delante de los ni?os¡±.

Capas de precariedad

Son historias que acumulan capas de situaciones de precariedad: la migraci¨®n; la situaci¨®n irregular y la imposibilidad de trabajar en el mercado legal; enfermedades derivadas de trabajos informales; la dificultad de acceder a ayudas.; no poder pagar una vivienda; familias en una habitaci¨®n; los estragos de la pandemia para los que trabajaban en negro. Y, en este caso, tras haber conseguido papeles y trabajo, cuando Blanca ten¨ªa que renovarlos no pudo porque le constaban antecedentes fruto de un desahucio anterior ejecutado por la v¨ªa penal, narraba el jueves.

En la misma calle, el viernes 13 desahuciaron a Carla y sus dos hijos (10 y dos a?os). Tambi¨¦n en un piso ocupado de un gran tenedor. Aquel d¨ªa se ejecutaron dos lanzamientos: el otro, con cuatro menores. Con decenas de antidisturbios de los Mossos d¡¯Esquadra. ¡°Ten¨ªa la esperanza de la moratoria, cumpl¨ªa los requisitos: tengo padr¨®n, certificado de vulnerabilidad, menores a cargo y el piso es de un gran propietario, pero el juez no hizo caso de la documentaci¨®n, no cumplen las leyes, les da igual¡±, lamenta Carla y se?ala hacia el quinceavo piso donde viv¨ªa: ¡°Si por lo menos ahora viviera alguien, pero el barrio est¨¢ lleno de pisos vac¨ªos¡±. ¡°Perd¨ª la cuenta de las ¨®rdenes de desahucio, creo que fueron nueve, cinco veces parados en la puerta, horrible¡±. Tambi¨¦n es hondure?a y lleva seis a?os en Espa?a, donde el nacimiento del hijo peque?o le permiti¨® regularizar su situaci¨®n (estuvo tiempo de interna) y trabajar contratada. Pero tuvo un accidente laboral (empaquetaba colonias) y le han denegado la baja, explica. Esta semana tiene cita para reclamar. ¡°Intent¨¦ pagar un alquiler a la propiedad, la Uni¨®n de Cr¨¦ditos Inmobiliarios, pero no hubo forma¡±, relata. La empresa ha respondido que ¡°no¡± puede ofrecer informaci¨®n sobre el caso. Carla y sus hijos est¨¢n provisionalmente en casa de una amiga.

Alquileres sociales que no se hacen

El incumplimiento de los grandes propietarios de la obligaci¨®n de ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables que dejan de pagar u ocupan es clave en estos casos, como en los impagos de alquiler. En Catalu?a la ley 24/2015 les obliga, pero si no lo hacen solo se enfrentan a multas si les sanciona la Generalitat o los Ayuntamientos. El de Barcelona inici¨® el a?o pasado 36 expedientes sancionadores: 17 tienen la sanci¨®n fijada, pero est¨¢n en tr¨¢mite (30.000 euros de media); tres se han cobrado (23.000 euros de media cada uno) y 10 acabaron ofreciendo alquiler social.

¡°Si se hicieran alquileres, la mitad de casos estar¨ªan resueltos, porque se quedar¨ªan en los pisos. No tiene sentido tener equipos desbordados acudiendo a los desahucios cuando deber¨ªan dedicarse a mediar con los propietarios para hacer alquileres¡±, apunta la concejal de Vivienda, Luc¨ªa Mart¨ªn. La edil lamenta que ¡°la ley catalana es d¨¦bil ante los juzgados, que atienden a la ley de enjuiciamiento civil o a la moratoria¡±. ¡°El Ayuntamiento prefiere pagar alquileres o ayudas a pensiones para gente que pierde la casa¡±, a?ade. El a?o pasado la ciudad gast¨® 60.000 euros al d¨ªa en pagar pensiones. ¡°Necesitamos ya la Ley estatal de Vivienda, la moratoria evita desahucios pero no se puede prorrogar tanto tiempo una medida excepcional, necesitamos una norma m¨¢s estructural¡±, defiende.

Sobre los desahucios que se est¨¢n ejecutando en los ¨²ltimos meses, la concejal de Vivienda, responsable tambi¨¦n de la unidad antidesahucios que cre¨® la alcaldesa Ada Colau, detalla que muchos son casos que se han aplazado varias veces con anterioridad: ¡°Vemos que antes los juzgados eran estrictos aplicando la moratoria y ahora prima m¨¢s el criterio por el que el juez tiene la ¨²ltima palabra¡±. ¡°El margen de interpretaci¨®n del juez es muy grande. A veces no ven justificada la vulnerabilidad de la familia. O si falta documentaci¨®n, que se podr¨ªa subsanar con una declaraci¨®n jurada, hay juzgados que no aceptan, encuentran grietas para no parar los desahucios¡±, indica una fuente del ¨¢rea.

¡°Ahora hay pocos casos. O son familias sin papeles que son enga?adas y compran llaves de pisos ocupados, o desahucios que se han parado muchas veces y el juzgado dice ¡®hasta aqu¨ª hemos llegado¡¯¡±, a?ade una trabajadora social tras relatar los dos casos que ha tenido en los dos ¨²ltimos meses.

Desde la PAH, la abogada y activista Paula Cardona se?ala que las sucesivas actualizaciones y pr¨®rrogas del texto original de la moratoria lleva a confusi¨®n entre los art¨ªculos originales y modificados. Por ejemplo, inicialmente la situaci¨®n de vulnerabilidad deb¨ªa ser derivada de la pandemia y ahora no. O el procedimiento para acreditar la vulnerabilidad: ¡°Es un galimat¨ªas, el juzgado puede pedir documentaci¨®n y si ve indicios la remite a servicios sociales; si estos la ratifican, suspende. Pero hay personas en situaci¨®n irregular que no pueden tener documentaci¨®n del paro, o gente sin clave pin que no puede presentar su vida laboral¡±. ¡°En otros casos vamos directamente a servicios sociales y remitimos la informaci¨®n al juzgado, pero nos han respondido que ¡®el informe de vulnerabilidad no la acredita por s¨ª mismo¡¯. Tienes constancia de un ¨®rgano oficial que acredita vulnerabilidad, una normativa que la protege y ejecutas por aspectos t¨¦cnicos, es una falta de respeto por los servicios sociales¡±, resume Cardona. ¡°Hay decisiones judiciales que son contrarias al sentido com¨²n de la normativa y habr¨ªa que analizar si podr¨ªan constituir prevaricaci¨®n¡±, opina.

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