La Generalitat acepta el fracaso de su mediaci¨®n con la Iglesia por los bienes inmatriculados

El Ejecutivo catal¨¢n fue pionero con la publicaci¨®n, en 2020, de un listado que pon¨ªa luz sobre el fen¨®meno de las inmatriculaciones eclesi¨¢sticas. Se trata de las propiedades inscritas por la iglesia en el Registro de la Propiedad, ofreciendo solo la firma de un obispo como prueba. La lista recog¨ªa 3.722 de esas situaciones, con especial ¨¦nfasis en las producidas entre 1998 y 2015: figuraban no solo templos de culto sino tambi¨¦n terrenos r¨²sticos o ermitas que han terminado por tener usos sociales. El Departamento de Justicia anunci¨® entonces la creaci¨®n de la Oficina de Mediaci¨®n sobre Inmatriculaciones para interlocutar con los obispados. La consejera Gemma Ubasart certific¨®, a ra¨ªz de una pregunta de la CUP en el Parlament, el fracaso de esta v¨ªa, pues en tres a?os ninguno de los cinco expedientes abiertos prosper¨®.

¡°Dos no pueden mediar si uno no quiere y en este caso, dig¨¢moslo claro, la Iglesia no ha querido cooperar con la Oficina¡±, acept¨® Ubasart en el Parlament. En octubre de 2021, ya dos de los cinco casos que hab¨ªan recurrido a la oficina y abierto el proceso hab¨ªan sido denegados por el Obispado de Girona. El ¨²ltimo balance es con fecha del 24 de febrero de este a?o: ninguno tuvo ¨¦xito. Pese a la buena voluntad, desde un principio fue muy claro que una gran parte de la Iglesia no ve¨ªa con buenos ojos la decisi¨®n de la Generalitat de intervenir. La Conferencia Episcopal Tarraconense consider¨® en su d¨ªa que no era necesaria una mediaci¨®n ¡°si hab¨ªa un error¡± en las titularidades e insist¨ªa en que el registro por certificaci¨®n eclesi¨¢stica era legal.

A la puerta de la Oficina, seg¨²n Ubasart, solo han llamado 16 ciudadanos y cuatro ayuntamientos a solicitar informaci¨®n. De ah¨ª salen las cinco reclamaciones que finalmente fueron denegadas. ?Por qu¨¦ el fracaso? ¡°Para iniciar el procedimiento era necesario que los particulares aportaran documentaci¨®n de los bienes afectados. No todo el mundo tiene esa documentaci¨®n¡±, explic¨®. La consejera evit¨® tirar la toalla respecto a explorar otras v¨ªas para la mediaci¨®n, ahora espec¨ªficamente que la secretar¨ªa de Asuntos Religiosos ya no depende de Justicia sino de Presidencia, pero dej¨® claro que el problema con la Iglesia no se limita a la Oficina. ¡°Nos hemos encontrado con dificultades no para mediar sino para entrar en contacto¡±, denunci¨®.

Para Joan Casajuana, portavoz de Uni¨® de Pagesos en el tema de las inmatriculaciones, el fracaso del plan de la Generalitat se ve¨ªa venir desde el principio. ¡°Su eficacia era dudosa, se sab¨ªa que la Iglesia no quer¨ªa¡±, explica. Eso s¨ª, recuerda que en varios casos ha sido m¨¢s efectiva la reclamaci¨®n directa entre afectados y la curia. El ¨²ltimo, a¨²n pendiente de cerrarse, entre el Ayuntamiento de Castellfollit del Boix (Bages) y el Obispado de Vic y que afecta a unos terrenos y un edificio en la poblaci¨®n de Maians. En diciembre del a?o pasado, el Consistorio y la Iglesia anunciaron un acuerdo para revertir la inscripci¨®n err¨®nea de unos terrenos mas no de la casa parroquial y el cementerio. ¡±No sab¨ªa que exist¨ªa un servicio de mediaci¨®n de la Generalitat¡±, asegura el alcalde de la poblaci¨®n, Celest¨ª Rius al ser preguntado sobre por qu¨¦ hab¨ªa abordado la negociaci¨®n de manera directa y no en compa?¨ªa de la Generalitat.

El propio Casajuana, en 2018, tambi¨¦n plant¨® cara ante ese mismo obispado por su terreno familiar en Sant Vicen? de Castellet. Dentro de su propiedad est¨¢n la ermita de Sant Pere de Vallhonesta y la casa del Campaner, que la Iglesia inmatricul¨® como suyas en 2015. El portavoz de Uni¨® de Pagesos cont¨® con la suerte de tener acceso a documentos que le daban la raz¨®n, como un contrato de arriendo y de obras que se remontaba a 1883.

El sindicato agrario, junto a la Asociaci¨®n Catalana de Municipios y la Federaci¨®n Catalana de Municipios y Micropueblos, han sido combativas a la hora de denunciar los abusos de la Iglesia en el registro. De hecho, en hasta ponen en duda el n¨²mero de bienes afectados en Catalu?a y que figuran en el listado hecho por Justicia. ¡°Ese listado no sirve de nada. Lo que tendr¨ªan que hacer es publicar las notas simples [de los Registros de la Propiedad] como ya han hecho Asturias, Mallorca y el Pa¨ªs Vasco¡±, a?ade Casajuana. Seg¨²n la estimaci¨®n de esas entidades, con esa informaci¨®n p¨²blica y centralizada, el n¨²mero de inmuebles afectados se elevar¨ªa a 9.000, sobrepasando los 3.722 que encontr¨® Justicia.

La Generalitat explica que su lista surge precisamente de los datos de ese Registro. En el mapa interactivo se pueden ver varios datos, como la sede donde se hizo la inscripci¨®n, qui¨¦n es su propietario, la fecha y y el t¨ªtulo de la propiedad. La interpretaci¨®n de esos datos es tan confusa que incluso cuando el Gobierno presenta su propio listado, hay una diferencia de 72 inmuebles a la baja. Ninguna de las dos administraciones ha estudiado el porqu¨¦ de la diferencia si la fuente es la misma. Casajuana defiende que ese hecho da la raz¨®n a sus reclamaciones. En much¨ªsimos casos parece que el registro de cementerios, casas parroquiales y templos se hace en un solo documento, como si fueran una unidad, y por ello se deber¨ªan disgregar.

El sindicato agrario y las entidades municipalistas se reunieron en enero pasado con los grupos parlamentarios de ERC, Junts, En Com¨² Podem y la CUP para intentar avanzar. Pidieron la comparecencia de la consejera en la comisi¨®n de Justicia. Adem¨¢s de publicar las notas del registro, quieren que se inste al Gobierno central a anular todas las inmatriculaciones al considerarlas ilegales, que el propio Gobierno ve de constitucionalidad ¡°dudosa¡±. Ubasart acepta que no solo ha topado con la Iglesia sino tambi¨¦n con el Gobierno central, al haber un choque competencial. De ah¨ª que instara a los grupos con representaci¨®n en Madrid a buscar reformas legales que llevaran a una nulidad de las inmatriculaciones realizadas s¨®lo con certificaci¨®n de un obispo.

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