La Abogac¨ªa del Estado renuncia a acusar por el 1-O a uno de los hombres de confianza de Junqueras y pide una pena atenuada para otro

La Abogac¨ªa del Estado (el servicio jur¨ªdico del Gobierno central) ha presentado este martes su escrito de acusaci¨®n contra los dos principales dirigentes de ERC y ex altos cargos de la Generalitat que est¨¢n pendientes de juicio por la organizaci¨®n del refer¨¦ndum independentista ilegal del 1-O de 2017: Josep Maria Jov¨¦, l¨ªder de los republicanos en el Parlamento catal¨¢n, y Llu¨ªs Salvad¨®, actual presidente del Puerto de Barcelona. Ambos eran los hombres de confianza del exvicepresidente Oriol Junqueras en el momento ¨¢lgido del proc¨¦s, y est¨¢n procesados por desobediencia, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y revelaci¨®n de secretos. La Abogac¨ªa, sin embargo, esgrime la reforma del C¨®digo Penal pactada por el Gobierno y ERC el pasado diciembre para pedir que se aplique a Jov¨¦ el nuevo delito de malversaci¨®n atenuada ¡ªsolicitando para ¨¦l tres a?os y medio de prisi¨®n¡ª y no acusar de ning¨²n delito a Salvad¨®.

La valoraci¨®n de la Abogac¨ªa del Estado difiere considerablemente de la hecha por la Fiscal¨ªa, conocida el pasado 17 de febrero. En su escrito, el ministerio fiscal solicit¨® siete a?os de c¨¢rcel para Jov¨¦, ex n¨²mero dos de Junqueras, por un delito agravado de malversaci¨®n, adem¨¢s de prevaricaci¨®n y desobediencia. Para Salvad¨®, que en 2017 estaba al frente de la Secretar¨ªa de Hacienda del Govern, solicit¨® que la pena fuera de seis a?os y tres meses de c¨¢rcel. Ambos fueron detenidos por la Guardia Civil en septiembre de 2017, en el registro de la sede de la Vicepresidencia de Econom¨ªa en Barcelona, y posteriormente puestos en libertad. Desde entonces esperan juicio junto a otra veintena de altos cargos o ex altos cargos de la Generalitat.

La Abogac¨ªa choca tambi¨¦n aparentemente con la conclusi¨®n a la que lleg¨® el pasado febrero el propio Tribunal Supremo cuando revis¨® las sentencias de Junqueras y el resto de condenados del proc¨¦s para adaptarlas a los cambios en el C¨®digo Penal. El Supremo dict¨® entonces que la malversaci¨®n cometida por Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull y Ra¨¹l Romeva deb¨ªa seguir estando castigada con las penas m¨¢s altas, descartando as¨ª que se les pudiera aplicar el nuevo delito de malversaci¨®n atenuada. ¡°Ser¨ªa contrario a la m¨¢s elemental l¨®gica jur¨ªdica entender que quien hace suyos los fondos p¨²blicos incurre en una pena que puede llegar a los ocho a?os de prisi¨®n y quien los destina a una actividad delictiva o antijur¨ªdica ¡ªen nuestro caso, la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum prohibido judicialmente¡ª pueda ser castigado con una pena de multa¡±, sosten¨ªa ese escrito de la sala de lo Penal.

La Abogac¨ªa del Estado cree, por el contrario, que la figura atenuada de la malversaci¨®n puede aplicarse al caso de Jov¨¦. La pena m¨¢xima de prisi¨®n en esa modalidad es de cuatro a?os, y el escrito pide tres a?os y medio de c¨¢rcel, siete de inhabilitaci¨®n y una multa de 30.000 euros. El texto explica que, entre otras cosas, Jov¨¦ orden¨® y autoriz¨® los gastos relacionados con la log¨ªstica de los puntos de votaci¨®n del refer¨¦ndum.

En el caso de Salvad¨®, que desde el pasado mes de noviembre preside el Puerto de Barcelona, la Abogac¨ªa del Estado ha optado finalmente por descartar su acusaci¨®n. No ve indicios delictivos en la instrucci¨®n cerrada en 2021 por la magistrada Maria Eug¨¨nia Alegret y que le se?ala como el responsable de preparar las llamadas estructuras de Estado. La magistrada hab¨ªa apuntado a un posible delito de malversaci¨®n por el gasto de m¨¢s de 1,2 millones de euros en cambios inform¨¢ticos que supuestamente facilitar¨ªan la labor impositiva en una eventual Catalu?a independiente.

Inhabilitaci¨®n para la consejera de Cultura

En la causa tambi¨¦n est¨¢ procesada la consejera de Cultura, Nat¨¤lia Garriga, que trabajaba igualmente en la Vicepresidencia econ¨®mica de Junqueras. La Abogac¨ªa del Estado pide para ella un a?o de inhabilitaci¨®n por un delito de desobediencia, pues desoy¨®, sostiene, las advertencias del Tribunal Constitucional sobre la prohibici¨®n de realizar cualquier preparativo para la votaci¨®n del 1-O.

La organizaci¨®n del refer¨¦ndum fue inicialmente investigada por el juzgado 13 de Barcelona, pero pas¨® al alto tribunal catal¨¢n por el aforamiento de Jov¨¦, Salvad¨® y Garriga (diputados y miembro del Govern). ERC considera que la ponderaci¨®n hecha por la Abogac¨ªa del Estado ¡°confirma que las interpretaciones hechas por otras instancias son arbitrarias, tendenciosas y retorcidas¡±, si bien lamenta la petici¨®n de prisi¨®n para Jov¨¦. Fuentes del partido han afirmado este martes que ¡°la judicatura contin¨²a secuestrada por la extrema derecha¡± y que sigue ¡°el ¨¢nimo represivo contra el independentismo¡±.

Puedes seguir a EL PA?S Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aqu¨ª para recibir nuestra newsletter semanal