Pen¨¦lope y el drama de la vivienda

Se acaba de aprobar la primera ley estatal de vivienda de la democracia y las fuerzas de izquierda respiran aliviadas, porque hubiera sido imperdonable que un gobierno progresista no abordara uno de los problemas sociales m¨¢s graves y enquistados. La ley permitir¨¢ establecer mecanismos, como la limitaci¨®n de la subida del alquiler, para neutralizar la presi¨®n especulativa que dispara los precios al alza y que en el caso de Barcelona los ha llevado a m¨¢ximos hist¨®ricos que lastran el bienestar de la ciudadan¨ªa. La capital catalana, donde el 40% de la poblaci¨®n vive de alquiler, ha cerrado el a?o con un precio medio de 1.077 euros mensuales, cuando el salario m¨ªnimo est¨¢ en 1.080. El aumento de precios, tanto de compra como de alquiler, explica que el 43% de los habitantes de Barcelona y el 42% del ¨¢rea metropolitana dediquen m¨¢s del 40% de sus ingresos a la vivienda.

Vivir de alquiler se ha convertido en un nuevo factor de vulnerabilidad e incertidumbre. Una encuesta a m¨¢s de 2.000 inquilinos realizada por la cooperativa Hidra, la Agencia de Salud P¨²blica de Barcelona y el Instituto de Gobierno y Pol¨ªticas P¨²blicas de la UAB revela que el rasgo m¨¢s definitorio de la actual situaci¨®n es el estado de angustia permanente en la que viven los inquilinos. La media de edad de los inquilinos es de 38 a?os, lo que demuestra el cambio de tendencia en el acceso a la vivienda. El 65% ha cambiado de piso una o m¨¢s veces entre 2014 y 2019, y m¨¢s de la mitad ocupa su actual vivienda desde hace menos de tres a?os. La inseguridad residencial y el nomadismo forzado se han convertido en una de las principales fuentes de malestar y frustraci¨®n.

La soluci¨®n a largo plazo es crear un parque p¨²blico de vivienda social lo m¨¢s amplio posible. Pero adem¨¢s de grandes inversiones, esta soluci¨®n requiere tiempo. Mientras tanto, ser¨ªa bueno tomar medidas para que no se pierdan las viviendas protegidas que ya existen. Quienes rechazan por intervencionista la nueva ley de vivienda callan ante uno de los mayores esc¨¢ndalos de la actual coyuntura: la evaporaci¨®n de la vivienda de protecci¨®n oficial construida en las ¨²ltimas d¨¦cadas con ayudas p¨²blicas. La normativa permite que, transcurrido cierto tiempo, estas viviendas puedan ser vendidas a precio de mercado.

Una ley del Parlament de 2019 puso fin a este atropello, pero solo para las viviendas de nueva construcci¨®n. El resultado es que ahora mismo se pierde mucha m¨¢s vivienda de protecci¨®n oficial de la que, con mucho esfuerzo, se construye, en una din¨¢mica aberrante del mito de Pen¨¦lope, que deshac¨ªa de noche lo que tej¨ªa de d¨ªa. Un informe del Observatorio Metropolitano de la Vivienda y del Observatorio Desc revela que la mitad de las 75.501 viviendas que en diciembre de 2021 estaban calificadas como de protecci¨®n oficial en la provincia de Barcelona pasar¨¢n al mercado libre antes de 2030. Y que en 2040 ser¨¢n 53.671, es decir, el 74%, las que habr¨¢n perdido la protecci¨®n oficial. En 2022 se construyeron, seg¨²n la Generalitat, 1.642 viviendas protegidas en la provincia de Barcelona, mientras que 2.520 de las ya existentes perd¨ªan la calificaci¨®n.

Lo l¨®gico ser¨ªa que, si se beneficiaron de ayudas p¨²blicas, si estas viviendas se venden, sea tambi¨¦n a precio tasado y asequible. Pero no ser¨¢ as¨ª, a menos que en la tramitaci¨®n de la ley de vivienda que acaba de acordarse se establezca alg¨²n mecanismo para que sigan siendo de protecci¨®n oficial.

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