El Gobierno propone elevar el tope a los alquileres al 3% en 2024 y despu¨¦s definir un nuevo ¨ªndice

El Ejecutivo est¨¢ buscando una soluci¨®n negociadora para cerrar la ley de vivienda con ERC y Bildu, y aprobarla como hito del final de la legislatura. Los grupos ped¨ªan un l¨ªmite permanente del 3% para el aumento anual de las rentas, y el sector socialista del Gobierno plantea asumir ese tope, pero de forma temporal, mientras se elabora un nuevo ¨ªndice. En la actualidad, como medida extraordinaria frente a la inflaci¨®n provocada por las consecuencias de la guerra de Ucrania, hay un tope del 2% para todos los alquileres, que decae a finales de este a?o. El sector socialista plantea que en 2024 ese l¨ªmite para actualizar los arrendamientos pase del 2% al 3% y luego establecer un tope a las revisiones de renta con un nuevo ¨ªndice de precios que a¨²n se est¨¢ dise?ando. Es una soluci¨®n de compromiso que ERC y Bildu podr¨ªan aceptar, aunque a¨²n queda mucha negociaci¨®n. Y, sobre todo, queda otro asunto pendiente: qu¨¦ hacer con los pisos que entran nuevos en el mercado, c¨®mo ponerles alg¨²n l¨ªmite para evitar que presionen hacia arriba en los precios.

El Gobierno cuenta ya dos documentos con contrapropuestas tanto de ERC como de Bildu, y ahora tiene que contestar poniendo por escrito esta nueva idea negociadora y otros detalles. A¨²n no hay fecha para una nueva reuni¨®n, pero hay muchas conversaciones y el ambiente que se respira entre los negociadores es de que es posible el acuerdo, aunque Unidas Podemos es muy cr¨ªtico con la idea de elaborar un nuevo ¨ªndice todav¨ªa por definir, que achacan a la vicepresidenta econ¨®mica, Nadia Calvi?o.

El actual episodio inflacionista ha dejado una cosa clara a los socios de investidura: la limitaci¨®n de las actualizaciones de alquiler al IPC ¡ªuna medida que se introdujo en 2019¡ª ya no sirve. El problema es c¨®mo regularlo en adelante, y ese est¨¢ siendo uno de los aspectos que mantiene atorada la futura ley de vivienda en el Congreso. Como adelant¨® EL PA?S, los grupos pol¨ªticos hab¨ªan llegado a un preacuerdo para fijar un tope sobre los alquileres del 3%. Pero el n¨²cleo econ¨®mico del Ejecutivo se desmarc¨® de esa postura y en su lugar ofreci¨® elaborar un nuevo indicador espec¨ªfico para regular los incrementos. El rechazo del resto de los partidos a esa propuesta fue un¨¢nime, y por eso ahora la parte socialista del Gobierno ha decidido poner sobre la mesa un nuevo mecanismo de limitaci¨®n. Este, que solo ha sido transmitido de manera informal seg¨²n fuentes de las negociaciones, concilia las dos ideas previas al fijar un m¨¢ximo del 3% a las actualizaciones de rentas durante un tiempo, previsiblemente todo 2024, mientras se prepara un nuevo ¨ªndice que entrar¨ªa en vigor posteriormente.

Aunque algunos socios parlamentarios del Ejecutivo estar¨ªan dispuestos a aceptar que el 3% sea un techo temporal, Unidas Podemos no ve con buenos ojos el planteamiento, seg¨²n las fuentes consultadas. Al partido encabezado por Ione Belarra no le convence que la definici¨®n y elaboraci¨®n del nuevo indicador se haga una vez haya sido aprobada la ley. No hay, sin embargo, una negativa clara y definitiva, entre otras cosas por la falta de definici¨®n de la nueva propuesta, que los grupos todav¨ªa no han recibido por escrito. La postura inicial de Podemos era prorrogar la situaci¨®n actual, en que las rentas se acotan con el ?ndice de Garant¨ªa de Competitividad (IGC) que tiene un valor m¨¢ximo aplicable del 2%, pero luego cedi¨® y acept¨® elevar ese l¨ªmite al 3%.

La idea para conciliar las posturas de los grupos que est¨¢n dispuestos a apoyar el proyecto de ley todav¨ªa se est¨¢ madurando. Se parte de la posibilidad de utilizar datos fiscales o las fianzas de los alquileres que los caseros deben depositar (algo que reforzar¨¢ la futura norma, ya que actualmente no se cumple siempre) en el organismo auton¨®mico correspondiente. Para ello se han hecho consultas entre los ministerios y la conclusi¨®n es que ambas ideas son ¡°viables¡±, seg¨²n indican fuentes del Gobierno. Estas a?aden que la discrepancia principal que se mantiene no es esa, sino que Unidas Podemos no ve bien que la nueva norma alumbre un nuevo indicador, y se inclina por determinar un porcentaje fijo como techo.

El cambio de postura del PSOE en febrero en torno a poner el tope del 3% se atribuye a la negativa de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Econ¨®micos, Nadia Calvi?o. Su departamento mantiene oficialmente la postura de estar ¡°estudiando todas las propuestas¡±, pero la propia ministra subray¨® la semana pasada el car¨¢cter ¡°extraordinario¡± del l¨ªmite del 2% que aprob¨® el Ejecutivo en marzo de 2022 y cuya vigencia se prorrog¨® hasta el pr¨®ximo 31 de diciembre. Se trata de una medida que sali¨® adelante en el contexto del paquete de medidas para combatir el agravamiento de la inflaci¨®n por la guerra de Ucrania, como recalc¨® Calvi?o.

Cuando el IPC empez¨® a escalar a cotas desconocidas en mucho tiempo, lo que provocaba que los inquilinos con contrato en vigor tuvieran que afrontar subidas muy acusadas de la renta, el Ejecutivo respondi¨® vinculando las actualizaciones al IGC. Este es un indicador que el PP de Mariano Rajoy meti¨® en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con car¨¢cter preferente, pero no obligatorio, y que hasta marzo del a?o pasado apenas se utilizaba en los alquileres. Su peculiaridad es que, independientemente de lo que marque, nunca puede aplicarse fuera de la horquilla entre el 0% y el 2%, de ah¨ª que las subidas queden limitadas.

?ltimos obst¨¢culos

Ese tope ¡ªy, por tanto, el debate que se est¨¢ manteniendo ahora¡ª se refiere a las actualizaciones de las rentas y no tiene nada que ver con los l¨ªmites a los precios de los nuevos contratos, que el proyecto de ley contempla en otro apartado. Una vez al a?o, los inquilinos con un contrato en vigor que as¨ª lo especifique, pueden ver incrementada la mensualidad que pagan al propietario. Esto, que viene reconocido en la LAU desde hace muchos a?os, nunca puede hacerse retroactivamente y tiene que estar detallado en el contrato, especificando el indicador que se toma para ello, que tradicionalmente suele ser el ¨²ltimo IPC publicado en el momento en que vaya a procederse a la actualizaci¨®n de las siguientes 12 cuotas.

Se trata de un obst¨¢culo m¨¢s, pero no el ¨²nico, para la aprobaci¨®n definitiva de una ley que ha provocado grandes quebraderos de cabeza al Gobierno durante toda la legislatura. Para acercar las posturas iniciales de los dos socios del Ejecutivo en torno al tema m¨¢s candente, c¨®mo limitar los precios de alquiler, el proyecto de ley opt¨® por compaginar las deducciones fiscales. As¨ª, se fomenta el abaratamiento de las casas (la opci¨®n defendida por el PSOE), reservadas a los caseros particulares, con topes de precios marcados por la Administraci¨®n (la propuesta de Podemos) que se aplicar¨¢n a los grandes propietarios. Pero eso no elimina que sigan existiendo diferencias tambi¨¦n en ese asunto. Estas medidas se aplicar¨¢n solo en las denominadas ¨¢reas tensionadas y una de las divergencias que persisten es c¨®mo se regulan los pisos que salen al alquiler por primera vez en esas zonas. La norma que se remiti¨® al Congreso contempla limitar los alquileres de caseros particulares tomando como referencia los contratos anteriores, y hay grupos que temen que esa condici¨®n se convierta en un ¡°coladero¡± para sortear los topes.

Sin embargo, se han acercado mucho las posturas sobre otras cuestiones que en su d¨ªa marcaron el debate. Es el caso de c¨®mo declarar un ¨¢rea tensionada y con qu¨¦ requisitos (en principio eran dos, pero los socios del PSOE ped¨ªan flexibilizarlo) o de la definici¨®n de gran propietario, en la que se da por hecho que habr¨¢ manera de rebajar el l¨ªmite de poseer m¨¢s de 10 viviendas que inicialmente contemplaba el proyecto de ley. Tambi¨¦n hay un consenso pr¨¢cticamente cerrado sobre las medidas destinadas a paralizar desahucios de familias vulnerables.

No obstante, admiten todas las fuentes, con la negociaci¨®n todav¨ªa abierta cualquier punto del texto es susceptible de recibir modificaciones en el pulso entre los grupos para cerrar los ¨²ltimos detalles. Tambi¨¦n hay consenso en que el proyecto ¡°tiene que salir adelante¡± y convertirse en ley en esta legislatura para no decepcionar a los votantes de las fuerzas progresistas. Aunque las elecciones auton¨®micas de mayo, a las que seguir¨¢n unas generales a finales de a?o, se presentan como un reloj de arena que apura sus ¨²ltimos granos. Cuanto m¨¢s cerca de la campa?a, m¨¢s dif¨ªcil parece conciliar posturas en un asunto que se prometi¨® a Bruselas para septiembre del a?o pasado y que, en el fondo, no ha hecho m¨¢s que sufrir aplazamientos sucesivos desde que se plante¨® por primera vez ya en la anterior legislatura.

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