Catalu?a ha gastado 53 millones de euros en 20 a?os en la ley de expresidentes de la Generalitat y del Parlament

La C¨¢mara catalana abordar¨¢ este mi¨¦rcoles las propuesta del PSC, comunes y Ciudadanos para modificar, de manera parcial, la ley que regula la figura de los expresidentes del Govern y del Parlament. La norma, de 2003, establece una serie de prebendas diferenciadas para ambos cargos ¡ªy hasta sus descendientes¡ª que, desde el pasado marzo, los socialistas abogan por limitar. El debate lo motiv¨® la posibilidad de que Laura Borr¨¤s accediera a una pensi¨®n en el hipot¨¦tico caso de que, como efectivamente sucedi¨®, fuera destituida como presidenta del legislativo. En dos d¨¦cadas de vigencia, la Generalitat ha dedicado 53 millones de euros para la aplicaci¨®n de la ley. La mayor parte de los recursos se ha destinado a seguridad (34,1 millones), seguido de pensiones (9,1 millones) y alquileres de oficinas (4 millones), seg¨²n datos obtenidos por mecanismos de transparencia.

El caso Borr¨¤s es la ¨²ltima pol¨¦mica que cuestiona una ley a todas luces desbordada por una realidad pol¨ªtica muy diferente a la que la alumbr¨® hace 20 a?os. Redactada en el ocaso del pujolismo, el texto buscaba emular el cuidado que los pa¨ªses del entorno brindan a sus exmandatarios. En 1988 se aprob¨® una norma sobre los expresidentes de la C¨¢mara y en 2003, cuando se redact¨® la del exjefe del Ejecutivo, se aprovech¨® para igualar en parte el estatus de ambas figuras. Compartir¨ªan baremos en t¨¦rminos de pensiones econ¨®micas aunque no la capacidad de que el Parlament pudiera revocar esos beneficios en caso de p¨¦rdida de ¡°honorabilidad¡±. Los exinquilinos del Palau de la Generalitat, adicionalmente, tienen derecho a una oficina, dotaci¨®n presupuestaria para personal, gastos y seguridad.

Solo en pensiones y asignaciones econ¨®micas, seg¨²n el departamento de Econom¨ªa, se han gastado 9,1 millones de euros. Para los expresidentes de ambas instituciones, una vez se deja el cargo, se tiene derecho a una asignaci¨®n mensual equivalente al 80% del sueldo que se fije cada a?o para su sucesor. Este dinero se recibir¨¢ por ¡°un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como m¨ªnimo, por una legislatura¡±. A eso se suma una pensi¨®n vitalicia una vez alcanzan los 65 a?os ¡ªdel 60%¡ª y que traspasa a las parejas o descendientes menores de edad. Desde 2003, siete exl¨ªderes de la C¨¢mara (de un total de nueve) han disfrutado de pensiones (5 millones de euros). En el caso de los expresidents (4 millones) se han beneficiado cuatro (solo Carles Puigdemont no ha cobrado de momento). Una viuda, la del socialista Joan Revent¨®s fallecido en 2004, es la ¨²nica beneficiaria como superviviente.

Las pensiones, sin embargo, son solo parte de un andamiaje que claramente fue concebido pensando en que las grandes mayor¨ªas, la estabilidad y la tendencia a la veteran¨ªa en los l¨ªderes pol¨ªticos ser¨ªan para siempre. O para l¨ªderes que ven¨ªan de luchar en la clandestinidad. El president Pere Aragon¨¨s tiene 40 a?os, la esperanza de vida en Catalu?a es de 86 y hay pocas se?ales de que pueda estar por varios periodos en el cargo. Esa podr¨ªa ser la tendencia de los presidentes del futuro. El republicano f¨¢cilmente podr¨ªa gozar de cuatro d¨¦cadas de oficina, por ejemplo.

La ley establece que el coste de esa oficina como expresidente lo ha de asumir el departamento de Presidencia de la Generalitat. Solo en sueldos de los coordinadores de las cuatro oficinas vigentes, se han dedicado 1,9 millones de euros (no disfruta de ese beneficio actualmente Jordi Pujol). Quim Torra, Artur Mas y Carles Puigdemont han optado por ubicar su oficina en edificios de la Generalitat, pero era usual que cada expresident se buscara un sitio propio. La factura por alquileres asciende a 4,09 millones. Solo en 2022, el c¨¢non que pag¨® Jos¨¦ Montilla por el despacho en Diagonal ascendi¨® a 114.083 euros.

Los gastos de la oficinas, seg¨²n la ley, se han de recoger en una memoria, de publicaci¨®n anual. Por concepto de gastos, desde 2003, las oficinas se han gastado 2,4 millones de euros. Adem¨¢s, se han gastado otros 2 millones para pagar las cuentas de suministros o la dotaci¨®n de ordenadores. En este punto la oficina de Montilla pr¨¢cticamente duplica el gasto de quien le seguir¨ªa en el listado, Puigdemont (44.834 euros versus 20.884).

El esquema de seguridad de cinco de los seis expresidentes es el punto m¨¢s caro. Se trata de un beneficio del que no disfruta Puigdemont, huido en Bruselas. La factura desde 2003 asciende a 34 millones de euros y responde al esquema de seguridad que en cada momento se considera m¨¢s necesario para cada uno de los expresidentes. De manera general, a cada uno se le asigna un caporal y, como m¨ªnimo, tres agentes de mossos que se dividen para cubrir todo el d¨ªa de servicio. Ese esquema m¨ªnimo, por ejemplo, es el que ahpra tiene Maragall. Mas cuenta ahora con ocho efectivos, mientras que Montilla y Torra tienen 7. El c¨¢lculo se hace de acuerdo a las tablas de retribuci¨®n vigentes desde 2003.

El alcance de la norma de expresidentes se ha visto cuestionado, por ejemplo, a ra¨ªz del cambio hecho para transformar el dinero de la oficina de Maragall en una ayuda para su cuidado m¨¦dico. O la pol¨¦mica sobre el estatus de Montilla tras aceptar una silla en el consejo de Administraci¨®n de Eneg¨¢s. Tambi¨¦n cuando a Puigdemont se le abri¨® la oficina y se le neg¨® la escolta al estar huido en B¨¦lgica.

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