El independentismo busca rehabilitar a toda una generaci¨®n pol¨ªtica con la amnist¨ªa

El proceso independentista ha trastocado, en la ¨²ltima d¨¦cada, todas las esferas de la vida p¨²blica en Catalu?a. Y ha alterado, en especial, la clase pol¨ªtica. La ofensiva judicial en la que confi¨® el Gobierno del PP para responder al desaf¨ªo territorial se llev¨® por delante pr¨¢cticamente a toda una generaci¨®n de cuadros de Esquerra, de la CUP y de las sucesivas formaciones que han ocupado el espacio dejado por Converg¨¨ncia. La aprobaci¨®n de una ley de amnist¨ªa ¡ªcondici¨®n de Junts y los republicanos para investir a Pedro S¨¢nchez¡ª servir¨ªa antes que nada, tal como lo han verbalizado los independentistas, para rehabilitar a m¨¢s de 60 electos y altos cargos procesados o condenados en causas vipuiculadas al proc¨¦s. Esos dirigentes y cuadros medios del secesionismo han visto truncadas sus trayectorias pol¨ªticas, en ocasiones de forma prematura, con penas de prisi¨®n, inhabilitaciones o multas.

El independentismo considera que solo una ley de amnist¨ªa permitir¨ªa poner el contador a cero, pues supone un borr¨®n y cuenta nueva en el historial de cada afectado (y no un mero perd¨®n gubernamental). Ser¨ªa el punto de partida, insisten, para empezar una negociaci¨®n con el Gobierno en igualdad de condiciones y con reconocimiento mutuo. Pero los efectos de una medida de ese calado van mucho m¨¢s all¨¢ y afectan a la esfera m¨¢s personal de los encausados. La rehabilitaci¨®n de los dirigentes ¡ªalgunos ya han sido condenados, otros permanecen a la espera de juicio¡ª no implica que vayan a regresar necesariamente a la primera l¨ªnea pol¨ªtica. Pero hay aspectos de una amnist¨ªa, como la supresi¨®n de antecedentes penales o el fin de las inhabilitaciones, que tienen efectos ben¨¦ficos, por ejemplo, en su desempe?o profesional.

El proc¨¦s devast¨® el sistema de partidos y las alianzas pol¨ªticas en Catalu?a: provoc¨® un cisma en el socialismo, acab¨® con la hist¨®rica federaci¨®n de Converg¨¨ncia i Uni¨®, dio impulso a Ciudadanos y, finalmente, provoc¨® el surgimiento de Junts en torno a la figura del expresident Carles Puigdemont. Los procesos penales y administrativos (a trav¨¦s del Tribunal de Cuentas) abiertos alcanzan a diferentes niveles de la Administraci¨®n: desde tres presidentes de la Generalitat (Artur Mas, el propio Puigdemont y Quim Torra) hasta cargos pol¨ªticos y t¨¦cnicos, pasando por militantes de partido que aguardaban desde una discreta segunda fila un mayor protagonismo.

Las penas de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos que han conllevado muchos de esos procesos penales ¡ªpor los delitos de malversaci¨®n o desobediencia¡ª han tenido como consecuencia la p¨¦rdida de peso at¨®mico en el seno de las formaciones independentistas, que tambi¨¦n han tenido que madurar prematuramente algunos liderazgos. Quim Torra se vio forzado a dejar la presidencia tras ser condenado por negarse a retirar lazos amarillos (s¨ªmbolo de apoyo a los pol¨ªticos encarcelados por el 1-O) de la fachada del Palau de la Generalitat. Algo parecido le ocurri¨® al diputado de la CUP Pau Juvill¨¤, tambi¨¦n inhabilitado por orden judicial.

Los partidos han visto c¨®mo las sentencias han dejado a sus primeras espadas fuera de juego, ninguna con tanta repercusi¨®n social y pol¨ªtica como la de los l¨ªderes del proc¨¦s. Adem¨¢s de elevadas penas de c¨¢rcel, el Tribunal Supremo inhabilit¨® pr¨¢cticamente a todo el Ejecutivo que hab¨ªa organizado y liderado el refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Pol¨ªticos como Josep Rull (55 a?os), Santi Vila (50 a?os) o Ra¨¹l Romeva (52 a?os) han visto, de momento, truncadas carreras que se antojaban de largo recorrido pol¨ªtico. El indulto parcial del Gobierno les permiti¨® salir de la c¨¢rcel, pero no suprimi¨® esas inhabilitaciones, algo que s¨ª ocurrir¨ªa con una amnist¨ªa.

Tras el 1-O y la fallida declaraci¨®n unilateral de independencia en 2017, Puigdemont huy¨® a B¨¦lgica, desde donde ahora trata de monopolizar las negociaciones para la investidura. El expresident ya ha advertido de que la amnist¨ªa es una condici¨®n necesaria si S¨¢nchez quiere volver a gobernar y la pone como condici¨®n incluso previa a esa votaci¨®n. ?l es uno de los beneficiarios m¨¢s evidentes de una posible ley de amnist¨ªa, y su regreso a Espa?a ser¨ªa uno de los hitos m¨¢s notables de este proceso. Tanto el eurodiputado como Junts y Esquerra insisten en que no buscan una soluci¨®n personal, sino que el mecanismo est¨¢ pensado para todo el colectivo de personas ¡°represaliadas¡± por su papel en el proc¨¦s.

La organizaci¨®n material del 1-O estuvo en manos de cargos y altos cargos de ese Govern de Puigdemont y del exvicepresidente Oriol Junqueras, que permanecen encausados y a la espera de juicio por malversaci¨®n y desobediencia, toda vez que el Gobierno, con el voto de ERC, derog¨® el delito de sedici¨®n. Un juzgado mantiene abierta la causa, que afecta a m¨¢s de una veintena de cargos de Junts y Esquerra. La reforma del delito de malversaci¨®n por el Gobierno se llev¨® a cabo, entre otras cosas, por exigencia de los republicanos para aliviar la situaci¨®n de esos encausados. Pero se ha visto que no era la soluci¨®n. La Fiscal¨ªa interpreta que cometieron una malversaci¨®n agravada y pide elevadas penas de c¨¢rcel. Por citar un ejemplo, solicita siete y seis a?os de prisi¨®n para dos de los cerebros del refer¨¦ndum: Josep Maria Jov¨¦ y Llu¨ªs Salvad¨®, ambos de la m¨¢xima confianza de Junqueras.

Aunque a¨²n no ha formulado su propuesta de amnist¨ªa, el independentismo ya ense?¨® sus cartas hace dos a?os, cuando present¨® una proposici¨®n de ley en el Congreso que ni siquiera fue tramitada. En ese texto se recoge que ser¨¢n amnistiados ¡°todos los actos de intencionalidad pol¨ªtica¡±. Y se contempla de forma expl¨ªcita la investigaci¨®n en la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democr¨¤tic ¡ªel movimiento que lider¨® las protestas contra la sentencia del proc¨¦s¡ª as¨ª como las personas que participaron en las movilizaciones y que fueron arrestadas por des¨®rdenes p¨²blicos. Uno de los debates actuales es si los actos de violencia (tambi¨¦n, por ejemplo, los cometidos por polic¨ªas encausados por pegar a manifestantes el 1-O) deben ser perdonados.

El contorno temporal de la amnist¨ªa es igualmente relevante. Seg¨²n la propuesta rechazada, debe incluir todos los actos castigados desde 2013. Eso significa que tambi¨¦n beneficiar¨ªa a los pol¨ªticos condenados por la organizaci¨®n de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. El expresidente Artur Mas y tres consejeros de su Gobierno fueron condenados a penas de inhabilitaci¨®n por una jornada que hab¨ªa sido suspendida por el Tribunal Constitucional. En paralelo (como tambi¨¦n ocurri¨® en el 1-O), el Tribunal de Cuentas abri¨® procesos que han obligado al independentismo a un esfuerzo tit¨¢nico para evitar la ruina econ¨®mica a cargos de los partidos.

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