La Generalitat de Catalu?a sube el precio del agua un 33% por la sequ¨ªa
La medida, que afecta a la mayorista p¨²blica Aguas Ter Llobregat, supondr¨¢ un aumento medio de un euro mensual por persona y rompe con la congelaci¨®n tarifaria que se prolongaba desde 2017
La falta de agua va ampliando r¨¢pidamente su impacto sobre ciudadanos y empresas. En julio de 2022 empezaron las primeras restricciones de riego, en abril pasado se cerr¨® el Canal d¡¯Urgell condenando buena parte de las cosechas de grano y fruta de Lleida y este agosto la Generalitat estren¨® la emergencia en un pu?ado de los municipios, limitando el consumo diario a 200 litros por habitante. El pr¨®ximo episodio ser¨¢ un golpe directo a los bolsillos de los contribuyentes, que ver¨¢n c¨®mo a partir del pr¨®ximo a?o se encarece la factura del agua, cuyo aprovisionamiento requiere cada vez m¨¢s del uso de procesos de desalaci¨®n o de regeneraci¨®n.
El primer paso en esa senda lo ha dado este martes la Agencia Catalana del Agua (ACA), con el visto bueno para que Aguas Ter-Llobregat (ATL) suba sus tarifas el pr¨®ximo a?o un 33%. La compa?¨ªa p¨²blica ATL es una suerte de mayorista del agua. Capta el fluido en cabeceras en r¨ªos y embalses, la potabiliza y la lleva hasta los dep¨®sitos de cabecera municipales. Ah¨ª la captan empresas proveedoras como Agbar, que tienen otras fuentes de suministro de menor volumen como pozos, para acabarla llevando hasta hogares y empresas. De ah¨ª que el precio de ese agua vendida al por mayor vaya a condicionar el precio que pagan los ciudadanos.
Seg¨²n los datos facilitados este martes por ATL, el metro c¨²bico de agua pasar¨¢ de costar 0,74 euros a 0,99 euros. Ese encarecimiento tendr¨¢ una repercusi¨®n, seg¨²n sus c¨¢lculos, de al menos un euro por persona y mes, aunque es una cifra que puede ser mayor, porque los problemas que argumenta tener la empresa p¨²blica son comunes al resto de la actividad econ¨®mica y ser¨ªa l¨®gico que las proveedoras trasladaran a sus clientes tambi¨¦n parte del encarecimiento de los precios.
Es la primera vez que ATL, controlada por la Generalitat, sube la tarifa del agua desde 2017, medida que considera necesaria ¡°para garantizar el servicio de abastecimiento¡± y los costes derivados. La empresa p¨²blica argumenta que el IPC se ha disparado un 21% en los ¨²ltimos seis a?os, aumento que ha tenido una repercusi¨®n directa sobre costes el¨¦ctricos, de personal y de aprovisionamientos. Seg¨²n la compa?¨ªa p¨²blica, la tarifa no ha logrado equilibrar gastos con ingresos desde 2019, justamente cuando la Administraci¨®n auton¨®mica recuper¨® la titularidad de la compa?¨ªa despu¨¦s de que la justicia anulara su privatizaci¨®n.
Esos costes se incrementar¨¢n de nuevo este a?o, puesto que el nuevo contrato de suministro de electricidadq de la empresa para el periodo 2023-25 supone elevar un 50% el precio por kilovatio hora (KWh), a causa del encarecimiento generalizado de la energ¨ªa iniciado antes de la guerra de Ucrania e intensificado despu¨¦s. En ese caso, sin embargo, el problema ¨²nicamente no es el precio, sino el incremento de la demanda que justamente est¨¢ afrontando ATL ante la necesidad de poner en funcionamiento al m¨¢ximo de su potencia las desalinizadoras de El Prat y Tordera, dos grandes consumidoras de electricidad para hacer apta para el consumo el agua captada del mar.
Otra novedad en el c¨¢lculo de la tarifa de 2024 puede tambi¨¦n afectar al encarecimiento del agua: se trata de la denominada Cuota Fija Regional, que tiene en cuenta los vol¨²menes de agua que cada municipio compra a la red ATL y que tiene como objetivo que los entes locales mejoren la eficiencia de sus redes.
De ah¨ª que la decisi¨®n de subir tarifas tendr¨¢ un efecto directo sobre las tarifas. En las pr¨®ximas semanas llegar¨¢ al ?rea Metropolitana de Barcelona la propuesta de Aguas de Barcelona, que sirve a la mayor¨ªa de los 36 municipios que la conforman, para actualizar las tarifas del pr¨®ximo a?o. A partir de ah¨ª el ente supramunicipal decidir¨¢ si aprueba la propuesta o la tumba, como hab¨ªa sucedido en a?os anteriores, protagonizados por el enfrentamiento entre el Gobierno de Ada Colau y la empresa semip¨²blica pero controlada por Agbar. El a?o pasado el AMB permiti¨® su primera subida en siete a?os, del 4,02% de la tarifa metropolitana (ante un aumento superior al 7% demandado por la empresa), cuyo impacto era de 0,6 euros mensuales en la factura. En aquel aumento ya se asum¨ªa el aumento de precios laborales, del IPC y del encarecimiento energ¨¦tico.
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