La anulaci¨®n de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona abre la puerta a un alud de recursos por las multas cobradas

La confirmaci¨®n por parte del Tribunal Supremo de la anulaci¨®n de la ordenanza que acompa?¨® la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona entre 2020 y finales de 2022 abre la puerta a un alud de recursos por las multas que se impusieron durante ese periodo a conductores que ya las han pagado. La nulidad de aquella ordenanza, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) no afecta al actual funcionamiento de la ZBE, para la que se redact¨® una segunda versi¨®n del texto, mejorando aspectos que cuestionaba la sentencia (ve¨ªa excesivo el ¨¢mbito de aplicaci¨®n y las condiciones del veto), y fue aprobada en enero de este a?o. Pero durante la vigencia de la anterior, el Ayuntamiento impuso 320.013 multas a conductores de veh¨ªculos contaminantes que entraron en la ciudad pese a no tener etiqueta ambiental de la DGT. El consistorio no detalla cu¨¢ntas se han pagado y asegura que ¡°la sentencia no afecta a ninguna multa firme [pagada] interpuesta con la antigua ordenanza¡±. Sin embargo, ha provisionado casi 32 millones de euros pensando en el peor escenario de impacto econ¨®mico que ¡°podr¨ªa llegar a tener una sentencia contraria a la ZBE¡±, explican fuentes municipales. Las entidades que llevaron la ordenanza al TSJC mantienen que s¨ª se podr¨¢n recurrir las multas.

En una sentencia del 2 de noviembre, el Supremo rechaza el recurso de casaci¨®n que presentaron el Ayuntamiento, el ?rea Metropolitana de Barcelona y la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que en 2022 tumb¨® la ordenanza que se?ala las condiciones de aplicaci¨®n del veto a los coches m¨¢s contaminantes. El recurso de las tres administraciones situaba la preservaci¨®n de la salud p¨²blica ante el impacto de la contaminaci¨®n del tr¨¢fico como principal argumento para defender la ZBE. La ZBE fue impulsada por los comunes de Ada Colau en su primer mandato de Gobierno y entr¨® en vigor en el segundo, gobernando con el PSC. El equipo del actual alcalde, el socialista Jaume Collboni, mantiene silencio y no ha valorado la ratificaci¨®n de la nulidad.

El Ayuntamiento aporta otro dato: que la recaudaci¨®n total desde 2020 ha sido de 10,7 millones de euros, que tambi¨¦n incluyen las casi 50.000 multas de este a?o, con la segunda versi¨®n de la ordenanza. En un c¨¢lculo aproximado, a 100 euros por sanci¨®n, podr¨ªan ser unas 107.000 (un tercio de las de la primera ¨¦poca), aunque la reincidencia se penaliza con un 30% m¨¢s de multa. Vistos los plazos de una y otra ordenanza, en un c¨¢lculo aproximado de este diario, las multas pagadas ser¨ªan un tercio de las impuestas hasta 2022.

Las patronales, asociaciones y gremios que recurrieron la ordenanza de 2020 no tienen dudas de que las multas se pueden recurrir. ¡°Tras la ratificaci¨®n de la nulidad de la primera ordenanza por parte del Supremo, todas las sanciones que derivan de la misma son nulas de pleno derecho¡±, advierte Carlos Folchi, el secretario general de la patronal de los aut¨®nomos y peque?as y medianas empresas transportistas (AGTC). Por parte de la Asociaci¨®n de afectados por las restricciones de circulaci¨®n (ASOPARC), una de las entidades m¨¢s beligerantes contra el veto al coche contaminante, M¨°nica Xufr¨¦ asegura tambi¨¦n que ¡°entre las multas pagadas entre 2020 y 2022 se pueden recurrir, por mucho que el Ayuntamiento diga que no¡±. ¡°Cualquiera que tenga multa y se vaya con la sentencia del Supremo a un abogado puede exigir la devoluci¨®n, y con intereses¡±, asegura.

Xufr¨¦ se?ala, adem¨¢s, que las mismas cinco patronales, asociaciones y gremios que recurrieron la ordenanza de 2020, lo hicieron de nuevo con la de 2023, actualmente vigente. Consideran que la flexibilizaci¨®n que se hizo de las condiciones en las que se puede circular con un veh¨ªculo sin etiqueta (el criterio para medir la vulnerabilidad de una familia o el n¨²mero de permisos anuales) son insuficientes. Un extremo que confirma el Ayuntamiento: ¡°Hay tres recursos contencioso-administrativos contra el acuerdo de plenario del 27 de enero de 2023 de aprobaci¨®n definitiva de la Ordenanza que fija los criterios de acceso, circulaci¨®n y aparcamiento de veh¨ªculos en la ZBE¡±. ¡°Que no saquen pecho porque la segunda versi¨®n tambi¨¦n est¨¢ recurrida y no descartamos acudir ante el tribunal que sea, porque el derecho a la movilidad y la libre competencia se contin¨²an vulnerando¡±, zanja.

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