Frente com¨²n de las administraciones catalanas para defender la Zona de Bajas Emisiones
Govern, ayuntamientos y AMB cierran filas en el consenso pol¨ªtico contra la contaminaci¨®n
No es una alianza pol¨ªtica habitual la del Govern, el ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento de Barcelona. Fueron de la mano para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital, que veta a los veh¨ªculos m¨¢s contaminantes; y ahora est¨¢n cerrando filas en un frente com¨²n que defiende su efectividad en la lucha contra la contaminaci¨®n y para afrontar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que la anulan.
Este martes por la tarde, los servicios t¨¦cnicos y jur¨ªdicos de las tres administraciones, m¨¢s los de los cuatro ayuntamientos que forman parte del ¨¢mbito de la ZBE (L¡¯Hospitalet, Cornell¨¤, Esplugues y Sant Adri¨¤), se reunieron para analizar c¨®mo dar respuesta a las sentencias. Est¨¢ previsto que este mi¨¦rcoles desvelen detalles del recurso de casaci¨®n que tienen 30 d¨ªas para presentar ante el Tribunal Supremo para evitar que la sentencia sea firme.
Antes, a mediod¨ªa, el Govern fue claro y tras su reuni¨®n semanal la portavoz, Patr¨ªcia Plaja, defendi¨® las ZBE como un ¡°modelo de ¨¦xito de control de la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica¡± que funciona en grandes ciudades europeas. ¡°El Govern sigue defendiendo que las ZBE son una herramienta positiva y necesaria, y mantiene que el despliegue debe hacerse de forma equilibrada, atendiendo a criterios socioecon¨®micos y sin dejar a nadie atr¨¢s¡± apunt¨®. Y remarc¨® que la de Barcelona fue fruto el consenso institucional.
Plaja tambi¨¦n dej¨® claro que la Generalitat mantiene la voluntad de que los 67 municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones vetadas a los coches m¨¢s contaminantes antes de 2025, tal y como se acord¨® hace solo cinco d¨ªas en la tercera cumbre de la calidad del aire. El lunes, al conocerse las sentencias, tambi¨¦n la consejera de Acci¨®n Clim¨¢tica, Teresa Jord¨¤, puso en valor el ¡°consenso pol¨ªtico en Catalu?a¡± que hizo posible la ZBE.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, fue la teniente de alcalde de Urbanismo Ecolog¨ªa y Movilidad, Janet Sanz, quien en sucesivas entrevistas defendi¨® con vehemencia la zona de bajas emisiones como f¨®rmula para proteger la salud ante la contaminaci¨®n que, record¨®, provoca mil muertos al a?o en la ciudad. Sanz defendi¨® que la ZBE ¡°no se hizo de un d¨ªa para otro¡± y que ¡°legalmente se la mir¨® todo el mundo¡±. Y puso en valor que tiene el ¡°aval¡± del Gobierno y de la Uni¨®n Europea. Del ejecutivo espa?ol, asegur¨®, porque la pone de ejemplo en el despliegue de la Ley de Cambio Clim¨¢tico, que obliga a las ciudades de m¨¢s de 50.000 habitantes a tener espacios vetados a los veh¨ªculos m¨¢s contaminantes.
Y sobre las instituciones europeas entendi¨® que avalan la ZBE de Barcelona cuando le otorgan fondos Next Generation; y record¨® que la ciudad se expone a una multa de 1.600 millones de euros si no cumple con los niveles m¨¢ximos de contaminaci¨®n. Sanz, con todo, se abri¨® a introducir mejoras o nuevos elementos en la ordenanza tumbada por el TSJC.
Patronales y asociaciones aguardan el recurso del Ayuntamiento para pedir la ejecuci¨®n de la sentencia
Las asociaciones, gremios y patronales del transporte que presentaron los seis recursos contra la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones que desembocaron en su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, están pendientes de que el Ayuntamiento presente su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para pedir la “ejecución provisional” de la anulación: que no se multe a los vehículos sin etiqueta si circulan dentro de su perímetro.
“En el momento legal en el que podamos, pediremos la ejecución de la sentencia de forma inmediata”, asegura el abogado de ASOPARC, la asociación de afectados por las restricciones de circulación, David Neila. La entidad celebra que la sentencia “entre en el fondo” y lamenta que el consistorio no escuchara las alternativas que proponían, como “restricciones graduales”, cambios en los motores con filtros, o ayudas para la renovación del parque circulante.
El Gremio de Talleres, que también impugnó, está pendiente del recurso del consistorio, explica su secretario General, Ramon Casas, que celebra que la sentencia “reconozca las deficiencias del expediente que acompañaba la ordenanza”. También pedirá “la ejecución provisional de la sentencia” la asociación de transporte discrecional Audica. Su presidente, Toni Serrat, recuerda que el Ayuntamiento no escuchó sus argumentos cuando defendieron que un autocar transporta a tantos pasajeros como 30 turismos.
Quienes apenas han podido estudiar la sentencia son las patronales del transporte presentaron conjuntamente un recurso. La secretaria general de Transcalit, Yolanda Redondo, explicó en nombre del resto que afrontan “días muy complicados” por la huelga de transportistas, lo que ha impedido sentarse a analizar los textos y su respuesta. Sí tienen claro que pedirán la ejecución de la anulación.
La Asociación de Familias Numerosas descarta pedir la ejecución inmediata, porque, apunta su director, Raúl Sánchez, deberían depositar una fianza.
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