Comprar el discurso ultra

Hay terrenos gratos a la derecha como son el miedo a la inmigraci¨®n y la lucha contra las okupaciones de viviendas. Los conservadores lo saben y explotan a fondo ese conjunto de atavismos que se proyectan en el imaginario colectivo. No hay ninguna sociedad que los tenga en exclusiva. Son universales y poco importa rebatirlos con datos, porque se sustentan en creencias compartidas. Y ya se sabe que contra la fe del carbonero poco puede cualquier intento de objetivaci¨®n.

En la Europa de hoy es pol¨ªticamente rentable vender la imagen de inflexibilidad en esos asuntos, aunque los datos no suelan acompa?ar y todo se quede en una lamentable sucesi¨®n de gestos no exenta del inevitable sufrimiento humano que provoca. Alemania ¡ªdonde los grandes partidos notan en las costillas los codazos de la extrema derecha¡ª acaba de aprobar con los votos de socialdem¨®cratas, liberales y verdes la ley que permite acelerar las deportaciones de aquellas personas a quienes se ha denegado asilo. Ese texto, que deber¨ªa afectar a casi un cuarto de mill¨®n de personas, en realidad, cuantifica en 600 las devoluciones ¡°extras¡± que puede lograr al a?o. Por otra parte, en Italia, donde la fanfarria ultraderechista fantase¨® con ca?onear las pateras en pleno Mediterr¨¢neo, el a?o pasado ¡ªdesde enero hasta septiembre de 2023, bajo el Gobierno Meloni¡ª hab¨ªan desembarcado m¨¢s de 130.000 personas por v¨ªas irregulares, la cifra m¨¢s alta desde 2017.

En Gran Breta?a, el Gobierno conservador sigue inmerso en la carrera de obst¨¢culos con el lamentable prop¨®sito de deportar a Ruanda a inmigrantes en situaci¨®n irregular, proyecto que ya ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo del Reino Unido. En Espa?a, concertinas y devoluciones en caliente al margen, cada vez hay m¨¢s trabas al empadronamiento de inmigrantes, lo que les impide el acceso a la educaci¨®n y la sanidad. En Catalu?a, adem¨¢s del caso de Ripoll, donde la ultraderechista alcaldesa apura al m¨¢ximo el plazo legal de tres meses para inscribir migrantes en el municipio, las Entidades Catalanas de Acci¨®n Social (ECAS) aseguran que hay una treintena de ayuntamientos que tambi¨¦n ponen trabas a este tr¨¢mite: son de todos los colores pol¨ªticos y van desde Cerdanyola del Vall¨¨s, a l¡¯Hospitalet, Lleida hasta Badalona o Figueres.

El miedo al extranjero siempre y cuando sea pobre es de esos atavismos solo comparable a otro: el temor a las okupaciones de vivienda. En mayo pasado el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, explic¨® que el 97,7% de las okupaciones en Catalu?a se producen en pisos vac¨ªos, solo un 2,3% de las denuncias recibidas por los Mossos en 2022 eran pisos con vecinos viviendo ¡ªun 40%, segundas residencias¡ª y fueron desalojados de manera inmediata. Sin embargo, al calor del efecto medi¨¢tico logrado por Isabel D¨ªaz Ayuso en Madrid y por el Gobierno de PP y Vox en Castilla y Le¨®n, proliferan las oficinas antiokupaci¨®n, aunque como en Badalona, en seis meses haya actuado en una sola ocasi¨®n. El fiasco en los resultados es general tanto en Madrid, Castilla y Le¨®n o Badalona. Pero el ejemplo cunde. Matar¨® y El Vendrell son algunos municipios donde o bien se ha puesto en marcha o hay compromiso de futuro para una oficina de esas caracter¨ªsticas. Es cierto que una minor¨ªa de las okupaciones se hace con fines delincuenciales, pero la inmensa mayor¨ªa recae sobre pisos vac¨ªos propiedad de grandes tenedores y las realizan personas en situaci¨®n de vulnerabilidad, sin acceso a un mercado torpedeado por la especulaci¨®n, seg¨²n el informe de la nada sospechosa Fundaci¨®n de las Cajas de Ahorro (Funcas) publicado hace unos d¨ªas en Cuadernos de Informaci¨®n Econ¨®mica.

Es urgente abrir un debate sobre esos asuntos, con menos prejuicios y, sobre todo, hay que dejar de prestar o¨ªdos a los cantos de sirena que explotan el voto f¨¢cil, porque el electorado voluble, entre el original ultraderechista y la pluralidad de r¨¦plicas, puede acabar rechazando imitaciones.

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