El Diplocat se transforma en el Consorcio Catalunya Internacional para enterrar el estigma del proc¨¦s

El Diplocat, una de las instituciones en la mira del Gobierno del PP cuando se aplic¨® el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n en 2017, busca pasar p¨¢gina de ese episodio e intentar sacudirse cierto estigma creado a nivel internacional. El pleno de la entidad ha aprobado este jueves unos nuevos estatutos que tendr¨¢n que pasar por el Consell Executiu del Govern en funciones y que implicar¨¢n, entre otras cosas, un cambio de nombre y retoques en la estructura, como por ejemplo dejar por escrito que su director general sea elegido mediante concurso p¨²blico. Bajo el nombre Consorcio Catalunya Internacional, seguir¨¢ con su misi¨®n de impulsar iniciativas que permitan el conocimiento directo de la comunidad aut¨®noma en el ¨¢mbito internacional, velando por su imagen y reputaci¨®n.

Los nuevos estatutos reemplazan los de 2012. En primer lugar, las 38 entidades consorciadas -adem¨¢s de la Generalitat est¨¢n, por ejemplo, el Bar?a, las cuatro diputaciones o la Taula del Tercer Sector- aprovechan para dejar por escrito que acatan la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionaba que se utilizara alguna referencia diplom¨¢tica en su denominaci¨®n y cumplir con otras regulaciones que obligan a que los consorcios se identifiquen como tal. De ah¨ª que se cambie el nombre de Patronat Catalunya M¨®n ¨C Consell de Diplom¨¤cia P¨²blica de Catalunya (Diplocat) a Consorcio Catalunya Internacional.

La acci¨®n exterior de la Generalitat durante los Gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont estuvo bajo la lupa del Tribunal de Cuentas y del Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy. Las labores del Diplocat, creado en 2007 bajo el mandato del socialista Jos¨¦ Montilla, no estuvieron exentas de ello. Se le se?al¨® como uno de los principales lobbistas internacionales del proc¨¦s y un informe del fiscal de ese tribunal cifr¨® en 2 millones de euros el dinero que gast¨® entre 2011 y 2017 para ese fin.

La decisi¨®n de cerrarlo, tomada en virtud del 155, tambi¨¦n vino motivada por su supuesta participaci¨®n en la celebraci¨®n del refer¨¦ndum del 1-O. La Guardia Civil le atribuy¨® al organismo p¨²blico-privado el pago de los observadores internacionales que acudieron a Barcelona para supervisar la votaci¨®n que el Tribunal Constitucional declar¨® ilegal.

El cierre decretado por el Gobierno central en realidad fue un mero par¨¦ntesis, pues en julio de 2018, una vez hubo Govern en Catalu?a y se levant¨® la intervenci¨®n del autogobierno, el entonces president Quim Torra y su consejero de Acci¨®n Exterior, Ernest Maragall, no tardaron en reactivarlo.

Desde entonces, algunas sentencias judiciales y decisiones legales han obligado a hacer cambios internos y que, con los nuevos estatos, quedan subsanados. Adem¨¢s del cambio de nombres de sus ¨®rganos de gobernanza (tendr¨¢ un Consejo Rector y uno Ejecutivo), el director o directora de la entidad tendr¨¢ que ser escogido por un concurso p¨²blico que organiza el Consejo Rector y tendr¨¢ un mandato de cuatro a?os. Hasta ahora, esa figura recib¨ªa el nombre de secretario o secretaria general y era elegido directamente por la presidencia de la Generalitat.

El a?o pasado, el Consorcio realiz¨® 53 actividades (14 m¨¢s que en 2022), en las cuales participaron 187 ponentes y 2.760 asistentes. De un presupuesto inicial de 2 millones de euros, solo se llegaron a ejecutar 1,4 millones.

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