El conflicto de unos vecinos con un estercolero ilegal del Pened¨¨s acaba en juicio

Un conflicto entre la propietaria de una mas¨ªa y el due?o de un estercolero en un peque?o pueblo del Alt Pened¨¨s desemboca esta semana, despu¨¦s de 18 a?os de batallas administrativas, en un juicio penal en la Audiencia de Barcelona. La Fiscal¨ªa acusa al exalcalde de Castellv¨ª de la Marca (1.600 habitantes) Pere Pujol y a la arquitecta municipal, Cristina M., de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y delito contra el medio ambiente. Los vecinos han llevado tambi¨¦n al banquillo al director general de Urbanismo de la Generalitat, Agust¨ª Serra, y al propietario del estercolero, Josep Bargall¨®, aunque la Fiscal¨ªa ha pedido en ambos casos el archivo de la causa al no apreciar indicios de delito.

Los hechos se remontan a 2007, cuando L¨ªdia Campos, vecina de Cal Farines (Vilafranca del Pened¨¨s), llev¨® a los juzgados la construcci¨®n de dos granjas y un estercolero a menos de 100 metros de su casa. El exalcalde inici¨® entonces un procedimiento para modificar el plan de ordenaci¨®n urban¨ªstica municipal (POUM) con el prop¨®sito de ¡°obtener la futura legalizaci¨®n del estercolero¡± y ¡°anticiparse a las resoluciones judiciales que pudiesen obligar a su demolici¨®n y al desmantelamiento de una de las granjas¡±, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n. En 2016, y despu¨¦s de hasta 16 sentencias distintas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) confirm¨® la ilegalidad del estercolero y de una de las granjas, que sin embargo han seguido funcionando. Los vecinos denuncian al director general de Urbanismo por haber aprobado el plan urban¨ªstico de 2013; lo hizo, sin embargo, a partir de informes favorables hechos por t¨¦cnicos de otros departamentos y por unanimidad. La Fiscal¨ªa no comparte el criterio y ha solicitado el archivo de la causa respecto de Serra.

Adem¨¢s de la presunta prevaricaci¨®n, los acusados tambi¨¦n est¨¢n se?alados por delito medioambiental por la cantidad de sustancias contaminantes vertidas en los pozos colindantes a las viviendas. Un estudio encargado al hidroge¨®logo Francisco Salinas revel¨®, en 2019m que los niveles de nitratos en las aguas multiplicaba hasta por seis el l¨ªmite legal, que es de 50 miligramos por litro. ¡°Quer¨ªamos establecer una relaci¨®n de causa y efecto para demostrar que las granjas eran las responsables¡±, ha se?alado Salinas.

Campos denuncia presiones de la administraci¨®n por ser, como presidenta de la asociaci¨®n de vecinos, la cara visible de la causa. Considera que la administraci¨®n ha intentado intimidar y silenciar a las voces cr¨ªticas. ¡°La Generalitat ha aprovechado para presionarme, amenazando con derribar una construcci¨®n de mi propiedad e imponerme una multa de 114.000 euros¡±. La infracci¨®n que supuestamente comete Campos procede de unas obras de mejora en una edificaci¨®n centenaria de su propiedad. Seg¨²n la administraci¨®n, esas obras afectan a un terreno de especial protecci¨®n de la vi?a; Campos, sin embargo, recurri¨® a un historiador para acreditar que su vivienda es una mas¨ªa y no un almac¨¦n. El procedimiento caduc¨®. Campos ha intentado reabrirlo, pero ha paralizado las obras a la espera de una segunda licencia municipal. Campos denuncia adem¨¢s que dos denuncias de la Agencia Catalana del Agua (ACA) por 16.000 euros por destrozar un talud tambi¨¦n fueron una forma de presionarla.