Vox mete su ¡°guerra cultural¡± en los ayuntamientos de la mano del PP

La medida m¨¢s urgente pactada por Vox con el Foro Asturias, con el que gobierna el Ayuntamiento de Gij¨®n (Asturias) junto al PP, ha sido la derogaci¨®n del reglamento de laicidad. Esta norma, aprobada de abril pasado por el consistorio de izquierdas, pretend¨ªa garantizar el car¨¢cter aconfesional de la instituci¨®n: ninguna autoridad ten¨ªa prohibido asistir a ceremonias religiosas, pero deb¨ªa hacerlo en todo caso a t¨ªtulo personal.

La irrupci¨®n del partido ultra en los gobiernos de m¨¢s de 140 ayuntamientos de toda Espa?a, en la mayor¨ªa de la mano del PP, no ha supuesto, como promet¨ªa Vox, la supresi¨®n de las ¡°pol¨ªticas ideol¨®gicas¡± atribuidas a la izquierda, sino la introducci¨®n de otras de signo contrario. En el mismo acuerdo de Gij¨®n se incluye la negativa a instaurar zonas de bajas emisiones (ZBE) para reducir la contaminaci¨®n mientras no sean obligatorias, o la congelaci¨®n de las ayudas a la promoci¨®n del bable. En su af¨¢n por imprimir su sello al acuerdo, Vox cometi¨® un lapsus y propuso eliminar de la ordenanza municipal ¡°todos aquellos aspectos que supongan la igualdad entre las personas¡±. Luego corrigi¨®, pero en la ciudad m¨¢s poblada de Asturias Vox designar¨¢ al responsable de las pol¨ªticas de igualdad.

El l¨ªder de Vox, Santiago Abascal, fue concejal durante ocho a?os en Llodio (?lava) con el PP, aunque ¨¦l mismo reconoce que le aburr¨ªan los debates sobre el alumbrado p¨²blico o la recogida de basuras y lo que le motivaba era la llamada guerra de las banderas: la pugna por mantener izada la ense?a espa?ola en el balc¨®n municipal. M¨¢s de tres lustros despu¨¦s, el cumplimiento de la Ley de Banderas es uno de los puntos del acuerdo entre el PP y Vox para gobernar al Ayuntamiento de Ciudad Real, aunque ahora no se trata de defender la ense?a rojigualda, sino de impedir que se cuelgue la arco¨ªris, s¨ªmbolo de la comunidad LGTBI. Se eliminar¨¢n tambi¨¦n las concejal¨ªas de Igualdad y Sostenibilidad Agenda 2030 ¡ªaunque el PP solo habla de su ¡°reestructuraci¨®n¡±¡ª y se crear¨¢ una nueva de Familia, adem¨¢s de ampliarse las subvenciones a la Semana Santa.

La desaparici¨®n de las concejal¨ªas de Igualdad, ¡°que han dilapidado millones de euros en pol¨ªticas que no han solucionado los problemas reales de los vecinos¡±, en palabras de Vox, es una constante en los ayuntamientos en cuyo gobierno ha entrado el partido ultra, como los de Burgos, Valladolid, Toledo, Talavera de la Reina (Toledo), Orihuela, Elche (ambas en Alicante) y Huelva. En su lugar, se han creado concejal¨ªas de Familia, que no solo prestar¨¢n apoyo a las unidades familiares, especialmente las numerosas, sino que fomentar¨¢n la natalidad e intentar¨¢n disuadir a las mujeres de que aborten con medidas positivas como las ayudas a embarazadas, ya que los ayuntamientos carecen de competencias para obstaculizarlo.

Muchas de estas nuevas concejal¨ªas de Familia estar¨¢n en manos de Vox en ayuntamientos como los de Elche y Orihuela, en Alicante; Torrent, en Valencia; Alcal¨¢ de Henares, en Madrid; Talavera de la Reina, en Toledo; Molina de Segura, en Murcia; o Burgos, donde tambi¨¦n se ha pactado un Plan Integral de Apoyo a la Familia y se ha sustituido la perspectiva de g¨¦nero por la de familia a la hora de evaluar las iniciativas municipales. Fernando Mart¨ªnez-Ac¨ªtores, nuevo vicealcalde de Burgos, es un conocido activista contra el derecho al aborto.

Los dirigentes de Vox no ocultan que su objetivo es librar lo que denominan la ¡°batalla cultural¡± a la izquierda desde los ayuntamientos. Por eso, las concejal¨ªas de Cultura han estado entre las m¨¢s codiciadas por el partido ultra en sus negociaciones con el PP. La han obtenido, por ejemplo, en Valladolid, donde la exdiputada de Vox In¨¦s Ca?izares ser¨¢ responsable de esta cartera, aunque el PP haya tenido que quitarle la competencia sobre la semana de cine (Semici) y la gala de los Goya, dada la p¨²blica hostilidad del partido de Abascal hac¨ªa el actual cine espa?ol. Vox tambi¨¦n gestionar¨¢ la cartera de Cultura en Orihuela, Talavera de la Reina o Burgos, como ya lo hace en Castilla y Le¨®n y lo har¨¢ en la Comunidad Valenciana, donde su m¨¢ximo responsable ser¨¢ el vicepresidente y torero retirado Vicente Barreda. La promoci¨®n de la tauromaquia, junto a la conservaci¨®n del patrimonio hist¨®rico, es uno de los pocos puntos sobre cultura incluidos por Vox en sus pactos con el PP.

Otra concejal¨ªa por la que ha pugnado Vox es la de Seguridad Ciudadana. La guardia urbana de decenas de localidades estar¨¢ en manos del partido ultra. En Toledo se ha reservado esta competencia la propia vicealcaldesa y exdiputada In¨¦s Ca?izares, a cuyas ¨®rdenes estar¨¢n m¨¢s de 130 agentes. Vox ha pactado con el PP el reforzamiento de los cuerpos de polic¨ªa local, la lucha contra la delincuencia y contra la okupaci¨®n, aunque este ¨²ltimo problema no existe en la mayor¨ªa de los municipios espa?oles.

Por su parte, el PP se ha reservado las carteras del ¨¢rea econ¨®mica en sus acuerdos con Vox, con algunas excepciones. En Toledo el partido ultra dirigir¨¢ la concejal¨ªa de Planeamiento Urban¨ªstico; en Burgos, la de Empleo; y en Valladolid, la de Comercio, adem¨¢s de un buen n¨²mero de empresas municipales. En N¨ªjar (Almer¨ªa), la edil de Vox gestionar¨¢ las competencias municipales sobre el 70% del parque natural del cabo de Gata, donde asociaciones ecologistas pugnan por frenar la apertura de nuevos hoteles.

Como concesi¨®n o porque coincid¨ªa con su programa, el PP ha aceptado en muchos ayuntamientos la dr¨¢stica reducci¨®n de tasas e impuestos municipales, como el IBI; la libre circulaci¨®n de veh¨ªculos altamente contaminantes, incluso de m¨¢s de 25 a?os, o la revisi¨®n de los planes de movilidad y el recorte de carriles bici, aunque advirtiendo, como en Gij¨®n, que ello no debe suponer la devoluci¨®n de fondos europeos.

En cambio, el partido ultra ha renunciado a plantear p¨²blicamente al PP una de sus reivindicaciones m¨¢s pol¨¦micas: la negativa a inscribir en el padr¨®n municipal a los inmigrantes irregulares, lo que no solo dejar¨ªa a estos y a sus hijos menores de edad sin acceso a la sanidad y la educaci¨®n p¨²blica, sino que supondr¨ªa una vulneraci¨®n flagrante de la legalidad. Al menos por ahora.