La Justicia condena al Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso a pagar 30 millones por las 135 ¡®camas fantasma¡¯ de Esperanza Aguirre

A Esperanza Aguirre no le gustaban los arquitectos. ¡°Habr¨ªa que matarlos (...) sus cr¨ªmenes perduran m¨¢s all¨¢ de su propia vida¡±, dijo cuando era presidenta regional (2003-2012). ¡°?Pero c¨®mo puedes autorizar esta puta mierda?¡±, critic¨® en otra ocasi¨®n un monolito. ¡°Todo se puede delegar, menos la supervisi¨®n¡±, era una de sus frases favoritas para justificar el intenso placaje al que somet¨ªa a los t¨¦cnicos de las obras y proyectos auton¨®micos. Cuando la expresidenta regional descubri¨® que en el hospital de Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid), estaba contemplado que las habitaciones fueran dobles, no le gust¨®: las estancias deb¨ªan ser individuales. Y as¨ª se hizo: se retiraron 135 camas. Ocurre que la Comunidad sigui¨® pagando m¨¢s de un mill¨®n de euros al a?o por ellas durante casi una d¨¦cada. Que cuando la presidenta regional Cristina Cifuentes, tambi¨¦n del PP, lleg¨® al poder, dej¨® de hacerlo, y actu¨® para recuperar parte de ese dinero. Y que ahora la justicia ha dictaminado que el Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso, del mismo partido, pague casi 30 millones de euros a la empresa adjudicataria, que cobr¨® con Aguirre por unas camas que nunca se han usado y ahora volver¨¢ a hacerlo.

¡°Seg¨²n la sentencia, la Comunidad debe pagar 29.705.262,20 euros por la decisi¨®n del Gobierno regional, en su momento, de hacer habitaciones individuales en lugar de dobles como contemplaba el primer proyecto¡±, resume un portavoz del Ejecutivo auton¨®mico, que aprob¨® el pago de esa cantidad a finales de diciembre. ¡°De los 29 millones, 11.385.672,09, tal y como recoge la sentencia, corresponden al pago atrasado desde el a?o 2013 al 2021 y 18.319.590,11 a pagos a realizar desde 2022 hasta el fin de la concesi¨®n en 2035¡±, a?adi¨®. ¡°Ya se han abonado los 11.385.672,09 euros¡±, remat¨® una explicaci¨®n a la que se remiti¨® el departamento de prensa del hospital cuando este diario requiri¨® su versi¨®n.

El recuerdo de aquella decisi¨®n ha perseguido a Aguirre como un fantasma durante casi 15 a?os. En noviembre, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® que la expresidenta fuera imputada por presunta prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. Aunque la petici¨®n fue rechazada, los argumentos que la sustentaron sirvieron para iluminar los oscuros procesos de decisi¨®n de la Administraci¨®n en la ¨¦poca en la que anidaron tramas corruptas como las que se investigan en los casos P¨²nica, G¨¹rtel o Lezo.

¡°Prescindiendo del m¨¢s m¨ªnimo procedimiento administrativo de modificaci¨®n de contratos previsto en la legislaci¨®n vigente y en el pliego de cl¨¢usulas administrativas, se modific¨® de facto el contrato de concesi¨®n de obra p¨²blica para la redacci¨®n del proyecto, construcci¨®n y explotaci¨®n del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda¡±, se describ¨ªa en el escrito de la Fiscal¨ªa, rechazado por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 53 de Madrid, con sede en la plaza de Castilla.

¡°Menoscabo del caudal p¨²blico¡±

El texto continuaba: ¡°Se debi¨® de haber restablecido el equilibrio econ¨®mico del contrato de concesi¨®n a favor de la Administraci¨®n a trav¨¦s del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales p¨²blicos¡±. Durante casi una d¨¦cada, la Comunidad hab¨ªa seguido pagando, a raz¨®n de m¨¢s de un mill¨®n al a?o, por unas camas que no se hab¨ªan utilizado jam¨¢s. ¡°La Administraci¨®n ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produci¨¦ndose el correspondiente menoscabo a los caudales p¨²blicos de la Comunidad Aut¨®noma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros¡±, puntualizaba.

Las conclusiones de la Fiscal¨ªa coinciden letra por letra con las que refleja un informe gubernamental de 2017, cuando ya Aguirre no estaba en el poder y el esc¨¢ndalo le explot¨® en la cara al Ejecutivo que entonces encabezaba Cristina Cifuentes.

¡°[Existe] un desequilibrio econ¨®mico que debe ser corregido sobre la base de los menores costes que supone para la concesionaria la reducci¨®n de 135 camas¡±, se lee en un dictamen de la comisi¨®n jur¨ªdica asesora de la Comunidad de Madrid. ¡°Ello implica una reducci¨®n del canon anual a percibir por la concesionaria de -1.315.323,13 euros a partir del a?o 2017 y un importe de retroactividad de -5.998.178,49 euros por los ¨²ltimos cuatro ejercicios no prescritos¡±, se detalla. Y se calcula: ¡°En total [incluido el periodo al que se aplica la retroactividad] el reequilibrio supondr¨¢ una disminuci¨®n del canon concesional de -29.065.793,08 euros, IVA incluido¡±.

Entonces, ?c¨®mo es posible que el Gobierno regional haya acabado pagando a la concesionaria, cuando esta da, en principio, menos servicio del previsto?

Porque la adjudicataria del hospital recurri¨® ante la justicia contra la resoluci¨®n del viceconsejero de Sanidad de Cifuentes, que pon¨ªa en marcha el doble planteamiento de recuperar el dinero pagado y dejar de pagar por las 135 camas fantasma, alterando el coste econ¨®mico de la concesi¨®n en favor de la Comunidad ¡°con motivo de la supresi¨®n de 135 camas y la consiguiente minoraci¨®n del coste de los servicios asociados de la sociedad concesionaria¡±.

As¨ª, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 9 de Madrid observ¨® que la tramitaci¨®n de ese expediente se hab¨ªa alargado ¡°innecesariamente¡± con ¡°sucesivas peticiones de informes no preceptivos¡± para ¡°evitar el fin de la caducidad del mismo¡±. En una sentencia a la que accedi¨® EL PA?S, observ¨®: ¡°Estos tr¨¢mites no pueden tener el alcance de suspender los plazos para dictar la resoluci¨®n correspondiente, raz¨®n por la cual se ha de concluir que el procedimiento hab¨ªa caducado cuando se dict¨® la resoluci¨®n correspondiente¡±. Y por ello conden¨® a la Administraci¨®n a ¡°la devoluci¨®n de las cantidades percibidas derivadas de la resoluci¨®n anulada¡±.

Es decir, las retra¨ªdas retroactivamente desde 2013, y las que se deber¨¢n pagar hasta el final de la concesi¨®n, en 2035. La bomba econ¨®mica, avalada por una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha explotado ahora con D¨ªaz Ayuso en el Gobierno. Y as¨ª, m¨¢s de 20 a?os despu¨¦s de que Aguirre dejara el poder, la Comunidad de Madrid seguir¨¢ pagando por una de sus pol¨¦micas decisiones.

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