La Comunidad de Madrid miente a un ¨®rgano estatal para ocultar c¨®mo gestion¨® la crisis de las residencias

La Comunidad de Madrid celebr¨® 21 reuniones de emergencia durante la primera ola de la pandemia como parte de un plan de choque de la presidenta Isabel D¨ªaz Ayuso para salvar vidas de mayores en las residencias, dejando constancia de ello en actas que ahora se niega a entregar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un ¨®rgano estatal creado para reducir el oscurantismo de las administraciones. Para evitar que salgan a la luz los documentos, la Consejer¨ªa de Sanidad ha respondido por escrito a ese organismo que ¡°no existen¡±, pero El PA?S ha comprobado la falsedad de esa afirmaci¨®n, porque ha tenido acceso a una de esas actas, fechada el 8 de abril de 2020. Fuentes del Ejecutivo regional de entonces aseguran que una asesora del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dej¨® constancia por escrito de esas asambleas.

Los documentos relatan las acciones del Gobierno auton¨®mico para paliar la devastaci¨®n del coronavirus en los hogares de mayores, el n¨²cleo de la pandemia en la primavera de 2020. Familiares de las v¨ªctimas culpan a la Comunidad de agravar la situaci¨®n con unos protocolos que negaron el ingreso en los hospitales. Durante la primera ola, murieron en la regi¨®n de Madrid m¨¢s de 11.000 personas residentes en estos centros.

Advertido de la respuesta falsa de la Comunidad de Madrid, un portavoz del Consejo responde que caso de ser as¨ª se ha producido una brecha del principio de buena fe, confianza leg¨ªtima y lealtad institucional entre administraciones. ¡°En el caso de que resultara probada la existencia de unas actas que la Comunidad de Madrid afirm¨® que no exist¨ªan, se producir¨ªa una quiebra en el principio antes mencionado que debe estar presente en las relaciones que este Consejo mantiene con aqu¨¦lla y con el resto de administraciones p¨²blicas¡±, dice en un correo a este peri¨®dico el portavoz.

Contenido sensible

Hace m¨¢s de medio a?o que este peri¨®dico inici¨® el camino para obtener esta informaci¨®n de inter¨¦s p¨²blico. En julio, EL PA?S solicit¨® a la Comunidad de Madrid las actas de las reuniones por una solicitud de acceso a la informaci¨®n p¨²blica, un proceso regulado por ley que obliga a las administraciones a responder a cualquier ciudadano. El secretario general t¨¦cnico de la Consejer¨ªa de Sanidad, Francisco Javier Carmena, respondi¨® escuetamente que el gabinete de crisis creado para las residencias no ten¨ªa obligaci¨®n de expedir actas.

Contra esa negativa, este peri¨®dico interpuso el recurso ante el Consejo de Transparencia. En su respuesta al Consejo, la Comunidad aleg¨® dos motivos para negar la informaci¨®n. Por un lado, dijo que la ley no obliga al gabinete de crisis a expedir actas, haciendo una interpretaci¨®n que el Consejo cuestiona, ya que la norma invocada, la ley estatal del R¨¦gimen Jur¨ªdico del Sector P¨²blico, dice justamente lo contrario: que s¨ª deben ser redactadas en casos como ese, porque supone decisiones que afectan directamente a terceros.

Por otro lado, la Comunidad aduce que no existen actas y por tanto no puede entregarlas: ¡°Debe quedar claro que no se discute la obligaci¨®n de entregar las actas, sino la imposibilidad de entregarlas, al no existir las mismas. No siendo obligatorio, y por tanto no siendo necesario que se levanten dichas actas, la ¨²nica conclusi¨®n es que las mismas no existen¡±.

El Consejo escribi¨® a este peri¨®dico el 26 de enero para desestimar la petici¨®n, confiando en la palabra de la Comunidad: ¡°M¨¢s all¨¢ del inter¨¦s p¨²blico que tendr¨ªan esas actas, dados los temas que se trataron en ellas y el enorme impacto que el Covid 19 ha tenido en Espa?a y, en este caso, en la Comunidad de Madrid, este Consejo debe aceptar las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid¡±, dice la resoluci¨®n de este ¨®rgano.

¡°En relaci¨®n con ellas, debe resaltarse que este Consejo cree firmemente que, en sus relaciones con otras administraciones p¨²blicas, rigen los principios generales del art¨ªculo 3.1.e)10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de r¨¦gimen jur¨ªdico del sector p¨²blico, de buena fe, confianza leg¨ªtima y lealtad institucional. Ello implica que presupone la veracidad de los documentos procedentes de otras administraciones y de los argumentos recogidos en los mismos¡±.

[Si no puede ver arriba de esta l¨ªnea la resoluci¨®n del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pinche sobre este texto]

El Consejo carece de poder para sancionar u obligar a la Comunidad a entregar las actas. La opci¨®n restante para obtener los documentos por el procedimiento regulado por ley consiste en un recurso judicial.

La informaci¨®n que la Comunidad de Madrid oculta se refiere a un contenido muy sensible, porque su gesti¨®n de la crisis en las residencias ha sido denunciada por organizaciones como Amnist¨ªa Internacional como una ¡°vulneraci¨®n masiva de derechos humanos¡±. Familiares de las v¨ªctimas que fallecieron abandonadas en residencias llevan casi dos a?os buscando justicia y se?alan entre los responsables a la presidenta D¨ªaz Ayuso, y al consejero Enrique Ruiz Escudero.

El titular de Sanidad anunci¨® el 12 de marzo de 2020 que los alrededor de 50.000 mayores que viv¨ªan en residencias iban a ser tratados en ellas, a pesar de la falta de recursos sanitarios en estos hogares. La decisi¨®n fue adoptada en la misma semana en que los hospitales de Madrid se llenaban r¨¢pidamente y las autoridades se daban cuenta de la magnitud del desastre que iba a causar el coronavirus. Dos semanas m¨¢s tarde, con miles de mayores muriendo de forma indigna, Ayuso anunci¨® un plan de choque para las residencias y puso al frente a Escudero. Entre el 30 de marzo y el 29 de mayo tuvieron lugar 21 reuniones en las que participaron cargos de tres consejer¨ªas madrile?as (Sanidad, Pol¨ªticas Sociales e Interior) y representantes de la patronal de residencias.

El acta del 8 de abril obtenida por este peri¨®dico muestra c¨®mo Escudero se neg¨® a enviar a sus m¨¦dicos a las residencias, desoyendo la petici¨®n que le hizo en esa reuni¨®n el viceconsejero de Pol¨ªticas Sociales, Javier Luengo. Un d¨ªa antes, Escudero hab¨ªa celebrado en una entrevista de radio que la presi¨®n sobre los hospitales comenzaba a aliviarse. Luengo aprovech¨® esa circunstancia para recordarle la carencia de sanitarios en las residencias. Escudero le recomend¨® que los funcionarios de Pol¨ªticas Sociales siguiesen llamando a una lista de tel¨¦fonos de 146 sanitarios de mutuas laborales que le hab¨ªa proporcionado la Consejer¨ªa de Sanidad. Muchos de esos m¨¦dicos no cog¨ªan el tel¨¦fono y otros se negaban a colaborar. Escudero recomend¨® ¡°imprimir m¨¢s presi¨®n a la hora de llamar¡±.

Alberto Reyero, por entonces consejero de Pol¨ªticas Sociales, afirma que tuvo conocimiento de esa y otras actas, porque fueron enviadas a miembros de su equipo. Otras fuentes que trabajaron para el Ejecutivo confirman tambi¨¦n su existencia.

[Si no puede ver arriba de esta l¨ªnea el acta del 8 de abril de la reuni¨®n de crisis de la Comunidad de Madrid pinche sobre este texto]

Poderes ¡°descafeinados¡±

Expertos en materia de transparencia se?alan que las mentiras en las reclamaciones sobre informaci¨®n p¨²blica son posibles porque los ¨®rganos administrativos que resuelven en segunda instancia no tienen capacidad de inspecci¨®n, de modo que deben fiarse de lo que dicen los gestores p¨²blicos. ¡°Es una carencia que deja descafeinados a muchos de estos ¨®rganos. Si preguntas por algo sensible que les puede sacar los colores pueden pasar cosas as¨ª¡±, valora Miguel ?ngel Gavilanes, periodista de Civio, una organizaci¨®n que lucha contra la opacidad. En Escocia, por ejemplo, cuando una instituci¨®n alega no poseer m¨¢s informaci¨®n y el solicitante pide amparo, la Oficina del Comisionado para la Informaci¨®n investiga a fondo del caso, seg¨²n Gavilanes.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue creado en 2013 por una ley que buscaba reducir el oscurantismo de las administraciones espa?olas. La Comunidad de Madrid suscribi¨® en 2016 un convenio con este ¨®rgano para que resolviera los recursos de los ciudadanos en segunda instancia a la espera de crear un ¨®rgano auton¨®mico, como han hecho otras regiones. El Consejo de Transparencia y Participaci¨®n madrile?o, comenz¨® a operar en noviembre, pero por ahora el ¨®rgano central sigue respondiendo a las reclamaciones previas a esa fecha.

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