La venganza de los inquilinos: bloques enteros contra los abusos del alquiler

Durante los primeros minutos del posado para el retrato grupal que encabeza este reportaje, se escuchan las risas nerviosas de quien no suele ser protagonista. Un ni?o pasa con su madre por detr¨¢s del fot¨®grafo, en la zona de la plaza de Legazpi de Madrid, y alguien le susurra: ¡°Son los X Men de Madrid, f¨ªjate en sus caras¡±. Los torsos se elevan al o¨ªrlo, la mirada se fija en el infinito y la pose de los seis se vuelve m¨¢s solemne de repente, casi ¨¦pica.

En los ¨²ltimos meses, inquilinos de bloques enteros de edificios de propiedad vertical en la regi¨®n, de distintos niveles de renta y cada vez m¨¢s con sueldos medios, se organizan para defender sus derechos, en espera de una Ley de Vivienda estatal que se ve lejana en el horizonte y probablemente sin aplicaci¨®n en Madrid, como ha anunciado el Gobierno regional.

El grupo de la foto est¨¢ formado por parejas j¨®venes, matrimonios con y sin hijos, pensionistas con menores a cargo o padres monoparentales. Llegan de distintos puntos: del municipio de Alcorc¨®n, de los barrios madrile?os de Comillas (Carabanchel), Ventas (Ciudad Lineal) y Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas) y del distrito de Arganzuela, tambi¨¦n de la capital. Sus caseros son todos grandes propietarios que les han comunicado que sus contratos no ser¨¢n renovados en unos casos, les han anunciado subidas de sus rentas de hasta un 50% en pisos que en su d¨ªa fueron de vivienda protegida en otros, o que han abandonado el mantenimiento de las zonas comunes y los pisos, hasta hacer insostenible el d¨ªa a d¨ªa. Todo para que se vayan y elevar los precios.

En Madrid, ha crecido un 20% en cinco a?os el n¨²mero de propietarios con m¨¢s de cinco pisos, de acuerdo con los datos de la Direcci¨®n General del Catastro. El arrendaticio es un negocio muy rentable en Madrid y m¨¢s a¨²n cu¨¢nto m¨¢s popular sea el distrito: un 6,1% en Puente de Vallecas o un 5,3% en San Blas-Canillejas, por encima de la media del 4,4 en la ciudad.

Mar¨ªa Palop, Paola Parra, Zulema Herreros, David Jim¨¦nez, Sandra Mah¨ªllo y Juli¨¢n de las Mozas llevan a?os pagando su renta y quieren seguir haci¨¦ndolo. Se han convencido de que, para hacer frente a estos abusos, es mejor ofrecer una respuesta conjunta y para ello se han unido al Sindicato de Inquilinas. Coinciden en el diagn¨®stico: el mayor problema de vivienda es que la ciudadan¨ªa no es consciente de lo cerca que lo tiene. ¡°Es muy complicado movilizar. Hay gente en nuestro bloque que acaba de firmar el contrato, ven los siete a?os por delante y piensan que no les va a tocar¡±. Mar¨ªa Palop, administrativa de 38 a?os, vive con su marido en un piso en Alcorc¨®n desde hace ya 20 a?os, por el que paga 630 euros, a medias con su pareja. La propiedad pas¨® de Martinsa Fadesa a Blackstone en 2015 y empezaron los problemas de falta de mantenimiento y las subidas abusivas de precio a vecinos. En su bloque, cuenta, una mujer lleva 10 meses con la caldera precintada porque el fondo no se hace cargo de su reparaci¨®n.

¡°Pensamos que no se echa a gente a la calle, y a m¨ª me lleg¨® una carta del juzgado para echarme en cinco d¨ªas, no pod¨ªa cre¨¦rmelo¡±, explica Zulema Herrero, de 42 a?os, inmersa en el conflicto de un bloque de Carabanchel contra la Sociedad de Gesti¨®n de Activos Procedentes de la Reestructuraci¨®n Bancaria (Sareb). Gana 1.800 euros al mes. Alquil¨® su piso de 20 metros cuadrados por 500 euros a Proinsa en 2011. En 2018, 26 inquilinos recibieron la notificaci¨®n de que dejaran de pagar el alquiler, ya que la propiedad hab¨ªa cambiado de due?o. ¡°Yo lo ten¨ªa domiciliado, pagaba el d¨ªa uno de cada mes y, como yo, muchos vecinos¡±.

Pasaron las semanas y la entidad no se comunicaba con ellos. Intentaron consignar la renta en el juzgado, pero les fue imposible: sus alquileres no exist¨ªan en porque Proinsa no hab¨ªa registrado los contratos. Desde finales de 2019, esperan que la Sareb quiera negociar contratos sociales tras paralizar dos intentos de desahucio. ¡°Yo s¨¦ que no cumplo criterios de vulnerabilidad, pero no lo hago por m¨ª, sino por mi vecina Paloma, que est¨¢ esperando un doble trasplante de pulm¨®n. Para m¨ª, un hombre que vive solo y que gana 1.200 euros, si le piden 600 de alquiler claro que es vulnerable, ?le dejan solo 600 para vivir!¡±, explica. La entidad no reconoc¨ªa hasta hace unas semanas la situaci¨®n de ninguna de las 18 familias que resisten. El resto ha terminado march¨¢ndose.

¡°O todas o ninguna¡±. Vecinos se movilizan por los m¨¢s afectados

Juli¨¢n de las Mozas, jubilado de 68 a?os, representa a 17 familias del n¨²mero 7 de la calle C¨¢ceres, en Arganzuela. El caso es id¨¦ntico al de Zulema Herreros, con la diferencia de que aqu¨ª s¨ª han ofrecido alquiler social a nueve familias, incluida la suya. ?l lo tiene claro: ¡°O todas o ninguna¡±. ?l ingresa 700 euros de su pensi¨®n y la de su mujer y conviven con un hijo y un menor. Paola Parra, de 35 a?os, es madre de una adolescente y comparte hogar en el mismo bloque con su marido. Ingresa 800 euros como comercial, mientras que esposo est¨¢ en paro. Pagaba 350 euros de renta, pero ya ni eso puede: no fue considerada vulnerable por la Sareb y le comunicaron que deb¨ªa abandonar el piso. El resto de vecinos no lo entienden y se han negado a firmar. La sociedad lo llama ¡°falta de colaboraci¨®n vecinal¡±. La ¨²ltima fecha de desahucio era el 3 de febrero, pero la sociedad solicit¨® frenarla en los juzgados para ¡°abrir la comunicaci¨®n y volver a estudiar sus casos¡±, como viene haciendo desde septiembre pasado. Han tardado m¨¢s de dos meses en contactar. El 11 de abril, Servihabitat, la comercializadora del edificio, visitaba a Paola Parra para ver si, esta vez s¨ª, consideran su situaci¨®n merecedora de un alquiler social.

¡°La negociaci¨®n entre inquilinos y grandes propietarios es siempre as¨ª¡±, explica Alberto Mart¨ªnez desde el Sindicato de Inquilinas. Sea con la Sareb, con un fondo buitre, una inmobiliaria o un banco, el proceso es similar: ¡°El primer intento de desahucio se para en puerta por presi¨®n vecinal, el segundo ya la misma propiedad lo solicita al juzgado si ve que el bloque est¨¢ organizado. Despu¨¦s se supone que contactan para abrir negociaciones, que a veces llegan y a veces se quedan en el limbo¡±. Es un bucle que se repite una y otra vez. Si los casos son individuales, no hay nada que hacer. ¡°Cada semana recibimos muchas solicitudes del tipo: ma?ana me desahucian y no s¨¦ qu¨¦ hacer. La gente no conoce sus derechos de vivienda¡±, se indigna.

¡°En Espa?a, vivir de alquiler es asumir que van a abusar de ti¡±, cuenta David Jim¨¦nez, de 47 a?os y profesional audiovisual, que vive con su hijo en uno de los bloques de Inmocaixa, antigua Obra Social de La Caixa, en el Ensanche de Vallecas. Para obligar a la propiedad a arreglar unos desperfectos de la caldera, tuvo que mandar un burofax con la legislaci¨®n de la Comunidad de Madrid, en la que se establecen los m¨ªnimos de habitabilidad. Solo consegu¨ªa hablar con un call center que rehu¨ªa la responsabilidad. Su contrato acaba este abril y, a¨²n siendo receptor de la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n y del IMV estatal, el banco le niega la renovaci¨®n porque dice no haber recibido justificaci¨®n de vulnerabilidad, que les ha enviado. A algunos vecinos de su portal se les ha propuesto una subida de entre un 47 y un 49%, cosa que ¨¦l no podr¨ªa asumir. Sus ingresos no superan los 550 y est¨¢ pagando 400 de alquiler. Ha pedido cita con los servicios sociales de la Junta Municipal, para que le ayuden frente a la entidad. Mientras, ha decidido no irse, apoyado por el Sindicato, y a la vez no dejar de pagar, forzando giros postales o transferencias. ?l quiere pagar una renta digna, en ning¨²n caso no pagar.

Mar¨ªa Palop, en Alcorc¨®n, ha conseguido reunir a unos 40 vecinos, con duro trabajo de pico y pala y gracias a Whatsapp, para hablar de la problem¨¢tica y planificar la respuesta colectiva. Para Sandra Mah¨ªllo, de 29 a?os, ha sido un poco m¨¢s dif¨ªcil, se ha sentido m¨¢s como una predicadora en el desierto. ¡°Aqu¨ª hay que organizarse¡±, pens¨® hace unos meses sobre lo que se les ven¨ªa encima en su edificio del barrio de Ventas. El 40% de su sueldo como camarera de 1.100 al mes va a pagar la renta de 800, tambi¨¦n compartiendo gastos con su pareja. Les acaban de subir 50 euros con la excusa del IPC y sin notific¨¢rselo, lo cual es ilegal de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

¡±Tenemos la renta domiciliada y, simplemente, en marzo nos han cobrado m¨¢s¡±. A los tres meses de entrar, hubo un cambio de propietario que se les comunic¨® con un cartel en el ascensor. El edificio hab¨ªa pasado de una inmobiliaria familiar de barrio a MadPiso. Al poco empezaron los problemas. ¡°Se me estrope¨® la lavadora y me dijeron que no me arreglaban porque no era un bien de primera necesidad, que yo pod¨ªa decidir lavar o no lavarme la ropa¡±. Se dirigi¨® al Sindicato de Inquilinas pidiendo perd¨®n: ¡°Seguro que ten¨¦is casos m¨¢s importantes que los de una lavadora¡±. Pero sospechaba bien: aquello fue el comienzo de la degradaci¨®n del cuidado de la propiedad. A las pocas semanas, varios vecinos comenzaron a compartir que no les renovaban los contratos, algunos de renta antigua, y que se ten¨ªan que ir a la calle. Su comunidad es t¨ªpica de una zona de alto nivel econ¨®mico: ¡°Las primeras reuniones vecinales eran peculiares. Abogados, actrices, gente con segundas residencias y hasta una pe?a taurina¡±. No se imaginaban c¨®mo pod¨ªan estar en esta situaci¨®n y ser v¨ªctimas de la especulaci¨®n inmobiliaria.

A Sandra Mah¨ªllo le quedan a¨²n seis a?os de contrato pero, lejos de relajarse, se pone en el lugar de sus vecinos: ¡°Hay gente de 90 a?os que no se puede mover y la est¨¢n echando igualmente, o gente que considera ese piso su hogar desde hace d¨¦cadas, y que dicen que no se van¡±. Intenta convencerlos de que, como no se unan, los van a echar. Varios inquilinos con posibles que han decidido poner sus casos en manos de abogados. ¡°La autoconciencia de clase te quita el esp¨ªritu de uni¨®n¡±, se lamenta. Y se est¨¢n yendo. El Sindicato prepar¨® unos folletos para repartir por las casas. ¡°Me fui puerta por puerta. Me miraban como si les fu¨¦ramos a pegar los piojos¡±, explica, entre risas. Cuando acudieron varios miembros de la organizaci¨®n a explicar la situaci¨®n, quedaron encantados. ¡°Varios me preguntaban ¡®?y esto, por qu¨¦ lo hacen?¡±, asegura. Les resultaba raro que se organizaran, que la gente se uniera.

Paola Parra, desde Arganzuela, no tiene esas dudas. Ya han visto cinco veces al juzgado en su puerta: ¡°Yo me siento muy sola, desprotegida, en la calle, y si no nos organizamos y hacemos presi¨®n, nos echan con nuestras familias sin m¨¢s¡±. Zulema Herreros dice sentir ¡°mucho coraje¡± por no haberse movilizado antes, hasta no haberlo vivido en sus carnes. ¡°Los desahucios eran algo completamente ajeno a m¨ª, hasta que te toca, reflexionas y te dices: pero esta mierda qu¨¦ es¡±. Mar¨ªa se siente igual: ¡°A m¨ª a¨²n no me vence el contrato con Blackstone, ser¨¢ en julio¡±. Se encoge los hombros, casi se disculpa ante el grupo por su sueldo de 1.200 euros, aun estando por debajo de la media de la regi¨®n ¨D1.613 euros, seg¨²n el INE¨D. Asiente en silencio a los relatos de Juli¨¢n de las Mozas, Paola Parra o Zulema Herreros. ¡°A m¨ª, s¨ª me pasa eso, me cago viva¡±, se le escapa. Reconoce que, en su primer mes de entrar en el Sindicato de Inquilinas, aprendi¨® mucho m¨¢s que en 10 a?os sobre sus derechos en vivienda.

Los seis saben que se est¨¢ negociando la Ley de Vivienda en el Congreso de los Diputados y aprovechan para pedir, desde su experiencia como afectados organizados, lo que consideran indispensable: el control de precios. A David Jim¨¦nez le preocupa el reparto de competencias transferidas en vivienda, que sospecha que har¨¢ que Madrid no aplique la normativa. Mar¨ªa pide que la regularizaci¨®n de precios sea efectiva, pero que vaya acompa?ada de inspecci¨®n continua a grandes y peque?os propietarios. Parra y Herreros se centran en que no haya desahucios sin alternativa habitacional efectiva ¨Den el actual texto se retrasar¨ªa dos meses, pero no se paraliza¨D, lo que les lleva a pedir que haya ¡°un parque de vivienda social suficiente para que una familia que no pueda pagar nada, y que as¨ª lo acredite, no se quede en la calle¡±.

Sandra, la m¨¢s joven, har¨ªa ilegal comprar m¨¢s de dos viviendas a personas f¨ªsicas. ¡°Y que no permitan que sigan ofreci¨¦ndonos zulos de 15 metros a precios desorbitados¡±, exige. Juli¨¢n de las Mozas, el m¨¢s mayor, que lleva cinco ¨®rdenes de desahucio frenadas a sus espaldas y la presi¨®n diaria de no aceptar un piso para su familia a cambio de luchar por otros para los dem¨¢s, es el m¨¢s esc¨¦ptico: ¡°Prefiero esperar a ver c¨®mo queda la ley. No me f¨ªo nada¡±.

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