Hay guerras que se ganan en los despachos. El Canal de Isabel II, que con el Metro es la mayor empresa p¨²blica de Madrid, licita un contrato con un valor estimado de 1.183.680 euros (m¨¢s IVA) para influir en pol¨ªticos, periodistas y l¨ªderes de opini¨®n de Colombia. ?La raz¨®n? Que a finales de 2021, el pa¨ªs sudamericano aplic¨® una ley dise?ada contra paramilitares y narcos para expropiar y traspasar las acciones con las que la compa?¨ªa espa?ola controlaba la empresa Triple A de Barranquilla. La Fiscal¨ªa local considera que una de las filiales del Canal le cobr¨® m¨¢s de 60 millones a esta entidad por asesor¨ªas t¨¦cnicas que no se produjeron. Y desde entonces, la empresa espa?ola, que niega ese extremo, lucha en tres frentes para recuperar la Triple A: el diplom¨¢tico, con contactos al m¨¢ximo nivel gracias a la ayuda de la embajada de Espa?a; el legal, con la contrataci¨®n millonaria de un despacho de abogados; y el de la influencia, con este nuevo contrato por el que compiten algunas de las empresas de lobby m¨¢s potentes de las que operan en Espa?a.

¡°El objeto del contrato es la prestaci¨®n de los servicios de asistencia t¨¦cnica en Public Affairs y comunicaci¨®n estrat¨¦gica con el objetivo de elaborar una estrategia de defensa de los intereses corporativos y recuperaci¨®n de la inversi¨®n en relaci¨®n con el procedimiento de enajenaci¨®n temprana del 82,16% de la participaci¨®n accionarial que Canal Extensia America S.A. posee en la Triple A de Barranquilla¡±, se lee en documentaci¨®n oficial publicada en el portal de contrataci¨®n de la Comunidad de Madrid.

El Canal se hizo con la Triple A de Barranquilla en 2001, a trav¨¦s de Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo. Desde 2018, sus acciones quedaron congeladas por la Fiscal¨ªa local, que considera que Inassa cobr¨® m¨¢s de 60 millones de euros a Triple A por asesor¨ªas t¨¦cnicas que no se produjeron, y que a finales de 2021 activ¨® el mecanismo de ¡°enajenaci¨®n temprana¡±. Es decir, una expropiaci¨®n que afecta a una compa?¨ªa que factur¨® 150 millones de euros el a?o pasado.

¡°En cuanto se tuvo conocimiento de la decisi¨®n adoptada, Canal de Isabel II, en su divisi¨®n Internacional, puso estos hechos en conocimiento de la Embajada espa?ola, y los ministerios de Asuntos Exteriores y Comercio, que han mostrado su apoyo y colaboraci¨®n a la defensa de los intereses de esta empresa¡±, explic¨® entonces un portavoz de la compa?¨ªa espa?ola, cuyo consejero delegado, Pascual Fern¨¢ndez, gast¨® casi 7.000 euros para viajar entre el 23 y el 26 de abril a Bogot¨¢, seg¨²n informaci¨®n colgada en el portal de transparencia. ¡°Canal de Isabel II Internacional proteger¨¢ sus inversiones y seguir¨¢ defendiendo los intereses econ¨®micos y patrimoniales de la empresa ante todas las instancias judiciales correspondientes y, en su caso, ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial¡±.

Como acompa?amiento a esos pasos, el Canal busca ahora una compa?¨ªa que tenga oficina en Colombia o est¨¦ dispuesta a abrirla para dirigir una estrategia de Public Affairs en defensa de sus intereses. ?Y qu¨¦ quiere decir eso? El adjudicatario tendr¨¢ como misi¨®n, seg¨²n la documentaci¨®n oficial, ejecutar campa?as de incidencia pol¨ªtica; dise?ar y gestionar una estrategia de relaciones gubernamentales en Colombia; dar apoyo en las relaciones con organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI o la OCDE; y contactar con l¨ªderes de opini¨®n y periodistas.

Dicho de otra forma: el objetivo es influir para crear un clima de opini¨®n favorable a los intereses del Canal de Isabel II en Colombia, y comunicar ¡°para combatir las situaciones de crisis por riesgo de posibles ataques a la compa?¨ªa¡±.

Santo Domingo y Ecuador

Sin embargo, este no es el ¨²nico problema que tiene el Canal en Am¨¦rica. Todo lo contrario. A principios de a?o, el Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso autoriz¨® que AAA Dominicana, empresa controlada por el Canal de Isabel II en la Rep¨²blica Dominicana, pueda someterse a un proceso de arbitraje para obtener una indemnizaci¨®n por ¡°la extinci¨®n anticipada¡± del contrato p¨²blico que ten¨ªa en el pa¨ªs para la gesti¨®n del agua de Santo Domingo. Las autoridades americanas justifican el fin del acuerdo en su ¡°lesividad para el Estado¡±.

De hecho, el Canal ni siquiera es la ¨²nica empresa p¨²blica madrile?a con problemas en Am¨¦rica. El Metro de Madrid tambi¨¦n est¨¢ licitando un servicio de representaci¨®n legal en Ecuador, donde litiga contra el gobierno por una sanci¨®n de 1,4 millones de d¨®lares (1,2 de euros) por un supuesto incumplimiento en la categorizaci¨®n de los contratos indirectos firmados con el Ayuntamiento de Quito en 2010 y 2011. Metro, seg¨²n documentaci¨®n p¨²blica, ha solicitado la nulidad de la sanci¨®n, se?alando la ¡°multitud de incongruencias, errores y falsedades¡± en los que a su juicio ha incurrido la Contralor¨ªa ecuatoriana.

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