El Canal pierde un contrato millonario en Santo Domingo por ¡°lesionar¡± los intereses estatales
Ayuso aprueba que la compa?¨ªa p¨²blica pueda acudir al arbitraje tras el fin de un acuerdo firmado en 2001 por 23 millones para gestionar el consumo de agua
Isabel D¨ªaz Ayuso decidi¨® el mi¨¦rcoles que AAA Dominicana, empresa controlada por el Canal de Isabel II en la Rep¨²blica Dominicana, pueda someterse a un proceso de arbitraje para obtener una indemnizaci¨®n por ¡°la extinci¨®n anticipada¡± del contrato p¨²blico que ten¨ªa en el pa¨ªs para la gesti¨®n del agua de Santo Domingo. Las autoridades americanas justifican el fin del acuerdo en su ¡°lesividad para el Estado¡±. Para la compa?¨ªa espa?ola, que sigue negociando una soluci¨®n amistosa, supone un roto: aunque el Canal no desvela el montante actual del acuerdo, su primera adenda, de 2001, recog¨ªa la cifra de 23 millones de d¨®lares, seg¨²n documentaci¨®n a la que accedi¨® EL PA?S. Un traspi¨¦s m¨¢s en la aventura americana de la compa?¨ªa p¨²blica madrile?a, a la que el gobierno de Colombia acaba de expropiar otra filial en aplicaci¨®n de una ley antinarco.
En agosto de 2020, Luis Abinader llega a la presidencia de la Rep¨²blica Dominicana . Y algo cambia en el pa¨ªs. ¡°Se ha puesto de manifiesto, por parte del ejecutivo entrante, su intenci¨®n de internalizar ciertos servicios, entre los que se encuentra el prestado por AAA Dominicana¡±, se lee en un informe del Canal de abril de 2021.
Con el contrato te¨®ricamente vigente hasta finales de febrero de 2022, toca poner fin a una etapa de casi un cuarto de siglo descrita con esp¨ªritu literario en un informe de la Corporaci¨®n de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la compa?¨ªa p¨²blica dominicana que tiene un acuerdo con la participada espa?ola.
¡°Desde el a?o 1996, nuestro pa¨ªs entr¨® en un sorprendente proceso de privatizaci¨®n, lo que muchos llamaron la corriente neoliberal, privatiz¨¢ndose servicios p¨²blicos b¨¢sicos, como lo es la energ¨ªa el¨¦ctrica, y luego, el servicio de agua potable¡±, se lee.
Y para tomar la decisi¨®n, las autoridades americanas tienen un argumento de peso: un dictamen de septiembre de 2020 del Ministerio de Hacienda de la Rep¨²blica Dominicana en el que se concluye que ha habido ¡°irregularidades¡± en las tres ¨²ltimas renovaciones del contrato, pues no se respet¨® el principio de competencia, lo que ocasion¨® perjuicio al inter¨¦s general.
Es la semilla del conflicto empresarial internacional. La direcci¨®n del CAASD decide la terminaci¨®n del contrato, y en abril de 2021 justifica la operaci¨®n con dos argumentos. Primero: que un an¨¢lisis t¨¦cnico-jur¨ªdico destaca ¡°la lesividad del contrato para el Estado dominicano¡±. Y segundo: que a juicio de la Administraci¨®n, hay facturaci¨®n dolosa por parte de AAA Dominicana, seg¨²n afirma en p¨²blico el director de la CAASD, Felipe Suberv¨ª.
As¨ª, mientras cientos de empleados quedan durante semanas en el limbo, reclamando sus salarios ante las oficinas y lamentando sus penas en la prensa, tambi¨¦n queda servido el choque de intereses: la compa?¨ªa de participaci¨®n espa?ola se va a quedar sin el 87% de sus ingresos, seg¨²n la ¨²ltima auditor¨ªa hecha p¨²blica por el Canal de Isabel II, correspondiente a 2020, y que detalla que el gobierno dominicano, a trav¨¦s de la CAASD, no hab¨ªa realizado los pagos previstos desde agosto de ese a?o. El ¨²nico otro cliente de la AAA Dominicana, Coraapplata, ha anunciado desde entonces que tambi¨¦n quiere rescindir su contrato.
Toda esa informaci¨®n llega hasta el Consejo de Gobierno de D¨ªaz Ayuso el mi¨¦rcoles 2 de febrero. All¨ª se expone que hay negociaciones en marcha para lograr una indemnizaci¨®n de manera amistosa. Pero tambi¨¦n se argumenta en favor de prepararse para cualquier contingencia, incluida la de tener que someterse al arbitraje de la C¨¢mara de Comercio y Producci¨®n de Santo Domingo. Una opci¨®n a la que se da luz verde.
¡°Los servicios (del contrato) se han ejecutado durante los ¨²ltimos 20 a?os de manera satisfactoria¡±, sostiene un portavoz del Canal de Isabel II. ¡°En septiembre de 2020 se inici¨® una revisi¨®n general de los contratos (que las empresas p¨²blicas dominicanas) tienen suscritos con distintas entidades y a principios de 2021 se nos solicit¨® la extinci¨®n anticipada del mismo¡±, a?ade. ¡°Nos encontramos en un proceso de di¨¢logo con CAASD, pero para el supuesto de que no alcancemos un acuerdo, nuestro contrato establece que debemos someternos a un procedimiento de arbitraje¡±.
El relato de los auditores de la compa?¨ªa, en un informe de abril de 2021, es a¨²n m¨¢s detallado: ¡°La Direcci¨®n del Grupo viene trabajando conjuntamente con la nueva Direcci¨®n de la CAASD en un acuerdo que satisfaga las pretensiones de ambas partes, que, en lo referente a AAA Dominicana se resume en la recuperaci¨®n de todos los conceptos adeudados por los servicios prestados hasta el momento de cancelaci¨®n del servicio, la transmisi¨®n de los activos asociados a la concesi¨®n y a percibir por parte de la CAASD un importe en concepto de indemnizaci¨®n, todos los importes ya han sido conciliados y acordados por ambas partes¡±.
El Canal controla AAA Dominicana a trav¨¦s de su matriz Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo, la empresa paraguas bajo la que organiza todas sus inversiones en Am¨¦rica. Entre ellas est¨¢, por ejemplo, la de la AAA en Colombia, que el gobierno local acaba de expropiar en aplicaci¨®n de una ley dise?ada contra paramilitares y narcos. La Fiscal¨ªa local considera que Inassa cobr¨® m¨¢s de 60 millones a Triple A por asesor¨ªas t¨¦cnicas que no se produjeron.
Ahora los problemas tambi¨¦n llegan a Santo Domingo, donde el Canal se prepara ante la posibilidad de acudir a un proceso de arbitraje siempre complejo. Veinte a?os despu¨¦s, la aventura americana que iba a cubrir de oro a la empresa p¨²blica es una fuente de problemas judiciales y empresariales.
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