Madrid prepara una ofensiva legal contra 10.000 inquilinos morosos y okupas de pisos p¨²blicos

La Comunidad de Madrid est¨¢ dispuesta a gastarse casi un mill¨®n de euros en externalizar a un despacho de abogados la ofensiva legal para recuperar parte de los m¨¢s de 65 millones de euros de deuda que le ha generado a la Agencia de Vivienda Social (AVS) que haya 8.000 inquilinos morosos y 2.000 okupas de viviendas y locales. As¨ª consta en un contrato para el periodo 2023-2026 publicado en el portal de transparencia regional tras una decisi¨®n adoptada a mediados de marzo de 2021 por el consejo de Gobierno regional, que preside Isabel D¨ªaz Ayuso. Aunque la Administraci¨®n asegura que ofrece flexibilidad en los pagos a las familias vulnerables, y que quiere agotar todas las v¨ªas extrajudiciales para lograr el cobro, tambi¨¦n sostiene que la externalizaci¨®n de la ofensiva legal le permitir¨¢ ¡°reducir significativamente la morosidad de inquilinos y el n¨²mero de ocupantes ilegales¡±. Los expedientes judiciales a iniciar afectar¨ªan, potencialmente y seg¨²n datos del propio contrato, a m¨¢s de 10.000 inmuebles de los 45.982 de los que dispone la AVS entre viviendas (23.156), plazas de garaje (19.232), locales (1.326) y trasteros (2.268). Es decir, un 22% del total.

¡°Uno de los objetivos fundamentales perseguidos por la Agencia es la lucha contra la morosidad, esencial para la eficiente utilizaci¨®n de los recursos p¨²blicos en aras al objetivo de proporcionar vivienda p¨²blica al mayor n¨²mero posible de beneficiarios y cumplir con su labor social¡±, se lee en el contrato, que resalta la voluntad de dar facilidades de pago, que hay procedimientos para adaptar la renta a los ingresos de los arrendatarios y que el desahucio es ¡°la ¨²ltima alternativa¡±.

Y se subraya: ¡°La situaci¨®n de morosidad en arrendamiento, en el momento presente, supone la posibilidad de iniciar procesos judiciales contra m¨¢s 8.000 deudores, con una cifra de deuda superior a los 65 millones de euros, as¨ª como la existencia de m¨¢s de 2.000 locales y viviendas ocupadas, por lo que resulta imprescindible la adopci¨®n de medidas en orden a la reducci¨®n de la deuda¡±.

Un portavoz gubernamental defiende que ¡°la Comunidad de Madrid vela por su patrimonio p¨²blico, sobre todo el social, para garantizar que en las viviendas de protecci¨®n habiten las personas que realmente lo necesitan¡±. Y a?ade: ¡°Tenemos adem¨¢s la obligaci¨®n legal de reclamar las deudas para evitar su prescripci¨®n¡±.

Desde 2019, la okupaci¨®n ha sido uno de los temas que el PP ha luchado por introducir en la agenda pol¨ªtica regional. As¨ª, tras las elecciones de hace cuatro a?os se cre¨® una mesa de coordinaci¨®n entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno regional. Tambi¨¦n, una Oficina antiokupaci¨®n auton¨®mica. O un tel¨¦fono 112 antiokupaci¨®n que apenas recibi¨® en sus primeros meses de vida seis llamadas diarias, pudiendo ser todas ellas de la misma persona, seg¨²n datos obtenidos en aplicaci¨®n de la ley de transparencia.

El paso del tiempo, que deber¨ªa haber facilitado que las dos administraciones solucionara al menos en parte el problema, no ha propiciado un cambio de discurso. Por ejemplo, el pasado viernes Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez Almeida prometi¨® que si revalida el cargo de alcalde no se podr¨¢ empadronar en la capital ¡°ning¨²n okupa¡±, que solicitar¨¢ al Gobierno de Espa?a una modificaci¨®n legal para no cobrar el IBI a los due?os de las viviendas okupadas ilegalmente (a los que la Comunidad exime del pago del agua) y que Madrid continuar¨¢ siendo ¡°mascar¨®n de proa contra la okupaci¨®n¡±.

Esa ristra de promesas soslaya que al menos la mitad de los inmuebles okupados de la regi¨®n son propiedad de la Administraci¨®n, y por lo tanto responsabilidad suya, seg¨²n se detalla en el contrato de representaci¨®n legal que licita ahora la Comunidad.

As¨ª, en Madrid hay unas 4.300 viviendas okupadas dentro de un parque de 3,5 millones. Y de esas, 2.108, el 50%, son de la Comunidad de Madrid a trav¨¦s de la AVS, seg¨²n cifras proporcionadas por el Ejecutivo. Esas cifras permiten plantear que el supuesto problema ciudadano es en realidad un problema del Gobierno. De hecho, como el Ejecutivo regional es la principal v¨ªctima de okupaciones en la regi¨®n, ha tomado decisiones para limitar el fen¨®meno: por ejemplo, en 2021 decidi¨® gastarse 200.000 euros en puertas antivand¨¢licas y alarmas ¡°a fin de evitar la okupaci¨®n¡± de 257 viviendas vac¨ªas de su propiedad. Por su parte, el gobierno capitalino, tambi¨¦n del PP, se gast¨® 1,4 millones hasta 2022 en un contrato para proteger los solares municipales.

As¨ª justifica ahora la Comunidad su decisi¨®n de contratar a un despacho de abogados para solucionar los problemas de la AVS con inquilinos y okupas.

¡°Pone de manifiesto ante la ciudadan¨ªa, de una parte el compromiso de la Agencia para exigir el cumplimiento de sus obligaciones a los inquilinos, poniendo en valor el comportamiento de aquellos que pagan rigurosamente sus recibos¡±, se lee en el contrato. ¡°Y de otra, el compromiso de reducir significativamente la ocupaciones ilegales, que no solo implican un enorme deterioro del patrimonio de este organismo con un gasto extra derivado de enganches ilegales y comportamientos indebidos, sino que tambi¨¦n conlleva una situaci¨®n an¨®mala, cuyos principales perjudicados son los restantes inquilinos, que ven alterada en muchas ocasiones la pac¨ªfica posesi¨®n de sus inmuebles y la conservaci¨®n y disfrute de las instalaciones comunes de las promociones¡±.

Cuatro a?os despu¨¦s de su llegada al poder, el Gobierno de D¨ªaz Ayuso se prepara para una ofensiva legal contra inquilinos morosos, compradores que no han cumplido con sus compromisos, y okupas de inmuebles p¨²blicos.

Suscr¨ªbete aqu¨ª a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.