Madrid perdi¨® al menos 40 millones destinados a promocionar vivienda p¨²blica por una decisi¨®n err¨®nea del Canal de Isabel II
La empresa p¨²blica rectifica y tramita el ingreso al que le obliga la ley en la Agencia de Vivienda Social tras interesarse por la pol¨¦mica el PSOE
La Agencia de Vivienda Social (AVS) dej¨® de ingresar al menos 40 millones de euros para promocionar vivienda p¨²blica entre 2012 y 2022 por una decisi¨®n del Canal de Isabel II que la principal empresa p¨²blica de la regi¨®n acaba de rectificar, procediendo a tramitar el ingreso tras interesarse el PSOE por la pol¨¦mica. Ese dinero proviene de las fianzas que la compa?¨ªa cobra a sus clientes para establecer el suministro del agua; es de obligada entrega a la AVS, seg¨²n reconoce el Gobierno regional en un documento enviado a la Asamblea, al que accedi¨® EL PA?S; y deber¨ªa haber sido destinado cada a?o a ¡°la promoci¨®n p¨²blica de viviendas y a obras de rehabilitaci¨®n y remodelaci¨®n de las zonas m¨¢s desprotegidas con especial incidencia en las actuaciones de erradicaci¨®n de la infravivienda y chabolismo, y en planes de vivienda juvenil¡±. As¨ª se recoge en la web del organismo p¨²blico de vivienda.
El Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso (PP) reconoce los impagos, que empezaron en el ¨²ltimo a?o de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad; los atribuye a una interpretaci¨®n distinta y ya rectificada de la normativa; y afirma que el dinero no se puede destinar a la construcci¨®n de vivienda p¨²blica, sino solamente a su promoci¨®n, entendiendo como tal ayudas o subvenciones.
¡°Hemos conocido con asombro que el Canal de Isabel II viene incumpliendo desde tiempos inmemoriales su obligaci¨®n de depositar en la Agencia de Vivienda Social las fianzas que exigen y cobran a sus clientes en el momento de celebraci¨®n del contrato de suministro¡±, lamenta Diego Cruz, diputado del PSOE de Juan Lobato en la Asamblea de Madrid. ¡°Si solo fuera eso, ser¨ªa un flagrante caso, otro, de mala gesti¨®n¡±, ironiza. ¡°Pero a eso se une que esta obligaci¨®n, regulada por la Ley 12/1997, y un decreto de la propia Comunidad, tiene como objeto ser un instrumento generador de recursos econ¨®micos para la promoci¨®n de vivienda p¨²blica y obras de rehabilitaci¨®n y remodelaci¨®n de las zonas m¨¢s desprotegidas¡±, argumenta. ¡°Adem¨¢s, a los 40 millones de euros hay que sumar los correspondientes recargos por no haberse depositado las cantidades en tiempo y forma¡±, a?ade. ¡°Estamos ante un esc¨¢ndalo que desnuda dos realidades. Una es la p¨¦sima gesti¨®n de la primera empresa p¨²blica de nuestra Comunidad. Y otra, el desinter¨¦s de la Comunidad en actuar con decisi¨®n implementando verdaderas pol¨ªticas de vivienda p¨²blica¡±, contin¨²a. ¡°Este dinero, como m¨ªnimo, habr¨ªa dotado de m¨²sculo a la AVS para negociar cr¨¦ditos para construir vivienda p¨²blica de haberlo recibido en tiempo y forma¡±.
La pol¨¦mica estalla en un momento especialmente sensible para la empresa. La campa?a de las elecciones auton¨®micas y municipales se ver¨¢ marcada en Madrid por el comienzo del primer juicio del caso Lezo. Seg¨²n el calendario de la Audiencia Nacional, a partir del 24 de mayo ¡ªlos comicios se celebran el 28 de ese mes¡ª, empieza la vista por la compra por parte del Canal de Isabel II del 75% de la sociedad colombiana Inassa en 2001, una operaci¨®n por la que se pag¨® m¨¢s de lo debido, seg¨²n la Fiscal¨ªa.
Las pesquisas afectan, por lo tanto, a parte de la expansi¨®n americana de la principal empresa p¨²blica de la regi¨®n, el Canal de Isabel II, que a lo largo del ¨²ltimo decenio ha hecho negocios en Brasil, Colombia, Rep¨²blica Dominicana, Argentina, Panam¨¢, M¨¦xico, Per¨², Ecuador, Uruguay o Venezuela.
En el centro de las investigaciones por el presunto saqueo del Canal est¨¢ el expresidente regional Ignacio Gonz¨¢lez. En 2021, el juez mand¨® a juicio cuatro l¨ªneas de investigaci¨®n. En tres de ellas ¡ªlos ama?os en la construcci¨®n del campo de golf de Chamber¨ª, la adjudicaci¨®n de la obra del tren nunca acabado de Navalcarnero y la compra de la empresa brasile?a Emissao¡ª, la Fiscal¨ªa ya ped¨ªa 18 a?os de c¨¢rcel para Gonz¨¢lez. En esa ¨²ltima operaci¨®n, la antigua mano derecha de Aguirre est¨¢ acusado de repartirse con sus presuntos colaboradores 4,9 millones en comisiones tras la compra con sobreprecio de la compa?¨ªa.
Adem¨¢s, el Canal acaba de acudir al arbitraje internacional contra la p¨¦rdida de su filial en Colombia, la Triple A, expropiada por el gobierno local en aplicaci¨®n de una ley antinarcos. El Ejecutivo de D¨ªaz Ayuso tambi¨¦n estudia si sigue el mismo paso por un problema similar en Santo Domingo, donde se le acusa de haber lesionado los intereses estatales. Y la empresa a¨²n mantiene abierto el proyecto de subastar por decenas de millones de euros parte del patrimonio inmobiliario que tiene diseminado por toda la Comunidad de Madrid.
Tanto el Canal de Isabel II como el Gobierno regional, a trav¨¦s de la consejer¨ªa de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, que lidera Paloma Mart¨ªn, reconocen el problema de los desembolsos en la AVS. Sin embargo, discrepan de que sea obligatorio usar ese dinero para construir vivienda p¨²blica.
¡°El Canal de Isabel II abon¨® el dep¨®sito de 40 millones en la AVS el a?o pasado¡±, detalla un portavoz gubernamental sobre la cantidad que se adeudaba desde 2012, cuando la compa?¨ªa pas¨® a ser sociedad an¨®nima, y que estrictamente es mucho mayor, seg¨²n el PSOE, que opina que hay que tener en cuenta tambi¨¦n todos los a?os precedentes. ¡°[La discrepancia] se deb¨ªa a una interpretaci¨®n de la norma¡±, a?ade este representante del Ejecutivo de D¨ªaz Ayuso. ¡°Este dep¨®sito no va vinculado a construcci¨®n de vivienda social p¨²blica, y es muy excepcional que se pueda gastar porque no afecta al presupuesto de gastos e ingresos de la AVS¡±, sigue. ¡°Los dep¨®sitos se contemplan en concepto de financiaci¨®n, ya que en cualquier momento determinado sabes que lo tienes que devolver, y no como un ingreso afectado a una inversi¨®n¡±, argumenta este interlocutor. ¡°De ah¨ª que ese dinero no vaya destinado a la construcci¨®n de viviendas p¨²blicas, tal y como marca la parte dispositiva de Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas¡±.
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