Se desploman desde la pandemia las multas a las residencias de la Comunidad de Madrid cedidas a empresas

Un peque?o grupo de 18 residencias de mayores propiedad de la Comunidad de Madrid pero cedidas a empresas privadas son a menudo noticia por conflictos relacionados con su atenci¨®n como la mala alimentaci¨®n, la falta de cuidadoras o los impagos a los trabajadores. Sin embargo, las multas que reciben por las inspecciones auton¨®micas han ca¨ªdo precipitadamente desde la pandemia de coronavirus: la suma de las cuant¨ªas fue de 412.065 euros en 2019 por 16 infracciones, una cifra casi 10 veces mayor a los 42.626 euros de 2021, cuando solo se impusieron tres infracciones. Los datos oficiales, que llegan hasta septiembre de 2023, muestran que en ning¨²n caso las multas han llegado a la mitad del importe prepandemia.

Estos castigos contrastan con la conflictividad asociada a estos centros, lo que ha llevado al PSOE-M a denunciar una posible complicidad con esas compa?¨ªas ¡°para no arruinarles el negocio¡±. El grupo en cuesti¨®n lo forman las residencias propiedad del Gobierno regional que son cedidas a empresas privadas a cambio de un pago anual de dinero p¨²blico que voces del sector han criticado como demasiado bajo. Desde la pandemia, la Comunidad ha tenido problemas para encontrar compa?¨ªas interesadas en gestionar estos centros.

¡°La Comunidad de Madrid ha entregado estos 18 centros p¨²blicos al peor postor. Pero, adem¨¢s, lo hace sin el m¨ªnimo control para garantizar una vida digna a sus miles de residentes¡±, dice Lorena Morales, portavoz de Asuntos Sociales del grupo socialista en la Asamblea madrile?a. ¡°En 2021, mientras la presidenta Isabel D¨ªaz Ayuso reclamaba y abr¨ªa la hosteler¨ªa, apenas ejerci¨® el control de lo que ocurr¨ªa en sus centros residenciales para personas mayores¡±.

La Consejer¨ªa de Asuntos Sociales, capitaneada por Ana D¨¢vila, responde que la Comunidad de Madrid es la autonom¨ªa n¨²mero dos en cuanto a capacidad inspectora, seg¨²n un estudio que hizo este peri¨®dico en 2021 y que ha sido recogido en una publicaci¨®n independiente financiada por el Ministerio de Asuntos Sociales. El dato se refiere al n¨²mero de inspecciones que recibe al a?o cada centro, dos en el caso de Madrid, solo por detr¨¢s de Gipuzkoa, 2,1.

De hecho, lo llamativo es que durante la pandemia la Comunidad ha incrementado la vigilancia del sector, compuesto por unas 500 residencias de mayores. El n¨²mero de inspectores ha pasado de 21 en 2019 a 27 en 2021. Adem¨¢s, ha crecido la cifra de multas. Si tenemos solo en cuenta las sanciones (que es uno de los dos tipos de multas que puede imponer la Comunidad) en 2019 supon¨ªan 231.220 euros por 28 infracciones, mientras que en 2022 ascendieron a 1.082.084 euros por 153 infracciones.

Ese contraste chirr¨ªa, seg¨²n Morales, que dice que esa ¡°mayor laxitud con las residencias de gesti¨®n indirecta da que pensar¡±.

Precios ¡°insuficientes¡±

La Comunidad de Madrid ha estado pagando cuant¨ªas anuales que rondan los 4 millones de euros a las empresas que gestionan sus 18 residencias p¨²blicas. Fuentes empresariales del sector le dicen a este peri¨®dico que esos precios son insuficientes para gestionar con una calidad suficiente centros con m¨¢s de 150 plazas. Las familias denuncian que la consecuencia de un precio tan bajo es que las entidades gestoras tratan de ahorrar a toda costa, especialmente en personal porque supone el cap¨ªtulo m¨¢s costoso en el balance de estas empresas.

Tanto PSOE como M¨¢s Madrid llevan a?os reclamando a la Comunidad de Madrid que estas residencias p¨²blicas vuelvan al control de la administraci¨®n, una medida rechazada por el Gobierno auton¨®mico, que en su lugar ha anunciado este a?o una notable mejora de las condiciones econ¨®micas en los contratos de cesi¨®n. Por ejemplo, la Comunidad destinaba a la residencia Fundaci¨®n Reina Sof¨ªa Alzh¨¦imer 4,8 millones hasta este a?o y seg¨²n ha anunciado el Gobierno de Ayuso, la inversi¨®n anual en la nueva licitaci¨®n es de siete millones.

En este grupo se encuentran residencias que no ha querido gestionar nadie en el sector. Por ejemplo, Pe?uelas, en el distrito de Arganzuela, donde en diciembre qued¨® desierto un nuevo contrato y la empresa gestora, Aralia, fue forzada por la Comunidad a seguir encargada del d¨ªa a d¨ªa del centro. Desde entonces, tres mayores han muerto en circunstancias sospechosas. Otro caso es el de la Fundaci¨®n Reina Sof¨ªa Alzh¨¦imer, en Vallecas, donde la asociaci¨®n del Padre ?ngel, Mensajeros de la Paz, quiso romper el contrato el a?o pasado. En otras dos residencias, Ensanche de Vallecas y Parque de los Frailes (Legan¨¦s), ha habido conflicto con los trabajadores por falta de pagos de los salarios. Y la de Moscatelares, en San Sebasti¨¢n de los Reyes, fue noticia cuando un mayor de 82 a?os denunci¨® en el pleno de ese municipio las ¡°condiciones lamentables¡± en las que viv¨ªan.

Las otras 13 residencias de este tipo son Getafe Alzh¨¦imer, Isabel La Cat¨®lica, Las Vegas, Madrid-Sur, Mirasierra, Orcasur, Parque Coimbra, Plata y Casta?ar, Usera, Villa del Prado, Villaverde Alzh¨¦imer, Nuestra Casa y El Berrueco.

Los datos de multas, obtenidos por Morales por medio de solicitudes parlamentarias, comprenden los dos tipos de inspecciones a las que est¨¢n sometidas las residencias de mayores: las sanciones por incumplir la ley (que afectan a residencias de cualquier tipo) y las penalidades por violar los contratos particulares con la Comunidad (que afectan a estas 18 residencias y a las que tengan plazas concertadas).

La inspecci¨®n es uno de los aspectos m¨¢s frustrantes para las asociaciones que defienden los derechos de los mayores en Madrid. Llevan a?os cuestionando esta tarea auton¨®mica y, a pesar del aumento global de las multas, advierten de que hay muchas m¨¢s irregularidades de las que se sancionan.

Miguel V¨¢zquez, presidente de la asociaci¨®n Pladigmare, critica que cuando denuncian a la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales alguna irregularidad, la empresa es avisada con antelaci¨®n de que va a recibir la visita de un inspector. ¡°Hay una complicidad absoluta¡±, dice V¨¢zquez. Carmen L¨®pez, portavoz de Marea de Residencias, dice que a simple vista cabr¨ªan dos posibles explicaciones a la ca¨ªda de multas en las residencias de gesti¨®n indirecta: ¡°Una posibilidad es que hayan mejorado y otra es que hay menos inspecciones porque son m¨¢s ben¨¦volas, pero sabiendo lo que sabemos estoy segura de que es lo segundo¡±.

?Tienes m¨¢s informaci¨®n? Contacta al autor en fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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