Cinco familias de fallecidos durante los protocolos de Ayuso llegan con su reclamaci¨®n a la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional estudiar¨¢ cinco demandas de hijos de residentes fallecidos sin hospitalizaci¨®n en Madrid durante la vigencia de los protocolos de triaje del Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso. Los casos son reclamaciones patrimoniales por da?os y perjuicios, una v¨ªa distinta al m¨¢s conocido cauce penal intentado sin ¨¦xito hasta ahora por cientos de familias que se han querellado contra Ayuso. Las familias solicitan entre 60.000 y 200.000 euros, seg¨²n el abogado que las representa, Carlos Sardinero. Se trata de personas mayores que viv¨ªan en dos residencias, Montehermoso y Orpea Villanueva de la Ca?ada, ambas obligadas a cumplir el protocolo auton¨®mico que restringi¨® severamente las hospitalizaciones en marzo y abril de 2020.

Las familias que optaron por la pelea judicial han tomado distintos caminos, en tres ¨®rdenes jurisdiccionales: penal, civil y contencioso-administrativo. Mientras que los casos m¨¢s sonados han sido las querellas contra dirigentes pol¨ªticos y responsables de residencias, otras familias han recurrido a la v¨ªa civil, como por ejemplo han hecho los hijos de una residencia de Alcoi, Valencia, donde murieron 74 mayores. En ese pleito ante un juzgado de primera instancia de ese municipio, los hijos buscan que la empresa les indemnice; en estos otros cinco casos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, las familias reclaman los da?os a las administraciones.

Cuatro demandas han sido presentadas ante la Audiencia entre mayo y noviembre, y una quinta ser¨¢ interpuesta en los pr¨®ximos d¨ªas, seg¨²n el abogado Sardinero. El letrado explica que la demora de casi cinco a?os para llegar a este punto se debe a que las familias han tenido que agotar sus opciones ante las propias administraciones demandadas, el Ministerio de Sanidad y las Consejer¨ªas de Sanidad y Pol¨ªticas Sociales, como exige la ley. Adem¨¢s, Sardinero a?ade que ha peleado por conseguir que el ¨®rgano judicial competente fuera la Audiencia Nacional, en lugar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), seg¨²n la documentaci¨®n facilitada a EL PA?S. Los TSJ, explica el abogado, son ampliamente percibidos como m¨¢s propensos a favorecer a las administraciones regionales. Finalmente, la Audiencia se declar¨® competente porque, seg¨²n la ley, cuando son demandadas dos administraciones distintas, corresponde el caso a los magistrados del mayor ¨¢mbito territorial. Fuentes de la Audiencia indican que este tipo de procedimientos suelen tardar un par de a?os en ser resueltos.

Las demandas piden que se reconozca la responsabilidad solidaria de las dos administraciones, sin precisar el tanto de culpa. A juicio del letrado, una gu¨ªa publicada por el Ministerio de Sanidad el 24 de marzo de 2020 es discriminatoria porque pide ¡°suspender las salidas del centro para los residentes¡±. Este documento no pide limitar las salidas para ingresos hospitalarios. Se trata de la Gu¨ªa de prevenci¨®n y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de car¨¢cter residencial.

Una de las demandantes, Laura Grela, es hija de Luis Grela, fallecido con 77 a?os sin traslado al hospital. En su caso, renunciaron a presentar una querella porque el abogado les advirti¨® de sus escasas opciones. As¨ª, acab¨® recurriendo a la reclamaci¨®n administrativa. ¡°Jam¨¢s se har¨¢ justicia¡±, dice Grela. ¡°Contamos con ello, porque una muerte no tiene reparaci¨®n. Adem¨¢s, el gobierno de la Comunidad de Madrid, en su soberbia infinita, nos ha calumniado en muchas ocasiones, acus¨¢ndonos de retorcer el dolor de las v¨ªctimas. ?Qu¨¦ no entienden? Las familias somos tambi¨¦n v¨ªctimas de su gesti¨®n criminal¡±.

En marzo se cumplir¨¢n cinco a?os de los sucesos y a¨²n no se conoce ninguna victoria judicial de las familias. La presidenta Ayuso presumi¨® la semana pasada en el pleno de la Asamblea de que 61 procedimientos hab¨ªan sido sobrese¨ªdos, en referencia a los ¨²ltimos datos publicados por la Fiscal¨ªa de Madrid. Seg¨²n esa misma fuente, quedaban 38 procedimientos pendientes a 31 de diciembre de 2023. Estas querellas han sido investigadas por jueces de primera instancia de los partidos judiciales donde se encuentran las residencias en las que se produjeron las muertes. Decenas de familiares que han perdido en estas causas han recurrido en amparo al Tribunal Constitucional porque consideran vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva, seg¨²n las dos asociaciones que patrocinan a estos querellantes, Marea de Residencias y Verdad y Justicia.

Una portavoz de estas asociaciones, Carmen L¨®pez, dice que los jueces se han limitado a ¡°cubrir el expediente¡±. El mes pasado, estas dos asociaciones anunciaron una nueva v¨ªa de actuaci¨®n que consist¨ªa en la presentaci¨®n de una denuncia colectiva por un nuevo delito, la denegaci¨®n de la prestaci¨®n sanitaria por motivos discriminatorios. Sus querellas anteriores se hab¨ªan presentado por los delitos de homicidio imprudente, omisi¨®n de socorro y prevaricaci¨®n.

Con este nuevo delito conf¨ªan en tener m¨¢s opciones porque se considera probado sin necesidad de contemplar el resultado lesivo posterior a la infracci¨®n. As¨ª, esquivar¨ªan el obst¨¢culo con el que han topado hasta ahora y es que los jueces han exigido a las familias que probaran que sus padres hubieran sobrevivido de haber sido hospitalizados.

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