Ayuso alienta el miedo a la okupaci¨®n en Madrid y el Gobierno la desmiente

Las okupaciones de viviendas denunciadas como usurpaci¨®n en la Comunidad de Madrid pasaron de 2.852 en 2023 a 1.616 en 2024, seg¨²n la Delegaci¨®n del Gobierno. Eso representa una reducci¨®n del 43%. Y en estos momentos, en las poblaciones dependientes de la Polic¨ªa Nacional, hay 894 okupaciones denunciadas de un parque de 2,8 millones de residencias, seg¨²n la representaci¨®n del Ejecutivo central. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso (PP), lleva dos semanas apostando por denunciar el supuesto incremento de este problema; por trasladar a trav¨¦s de su equipo que esos datos son incompletos, sin ofrecer otros; y por mezclar en sus intervenciones el delito penal de la okupaci¨®n con la morosidad en el alquiler, que a su juicio ¡°se ha extendido¡± como ¡°inquiokupaci¨®n¡±, sin que proporcione una estad¨ªstica que apoye tal afirmaci¨®n. Una estrategia que lleg¨® a su cenit este jueves, cuando la baronesa anunci¨® que pedir¨¢ la intervenci¨®n del Defensor del Pueblo, y el Delegado del Gobierno, Francisco Mart¨ªn, la acus¨® de ¡°enga?ar a la ciudadan¨ªa¡±.

?Por qu¨¦ apostar por denunciar este problema en este momento? ¡°Para sacar r¨¦ditos pol¨ªticos y econ¨®micos¡±, opin¨® el lunes el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Mart¨ªn (PSOE), sin mencionar directamente a la l¨ªder conservadora, a quien este jueves s¨ª pidi¨® que ¡°contribuya a terminar con la okupaci¨®n, aplique la ley de vivienda, y deje de enga?ar a la ciudadan¨ªa¡±.

La t¨¢ctica de Ayuso, apoyada por las asociaciones de afectados, que no creen en los datos oficiales porque solo recogen las denuncias efectivas, y no los casos en los que las v¨ªctimas resuelven el problema por su cuenta (pagando para que los okupas se vayan o sean desalojados), sirve de apoyo al PP nacional, que patrocina una ley antiokupaci¨®n. Al mismo tiempo, le permite limitar el impacto en Madrid de Vox, partido con el que los conservadores est¨¢n en guerra abierta. Finalmente, seg¨²n interpreta la oposici¨®n, facilita evitar que el debate sobre las dificultades para acceder a una vivienda en la regi¨®n se centre ¨²nicamente en las responsabilidades de la administraci¨®n auton¨®mica.

¡°Lo que est¨¢ claro es que el uso de ese t¨¦rmino, inquiokupa, no es casual¡±, denuncia Jorge Moruno, diputado de M¨¢s Madrid. ¡°Pretenden mezclar cosas que no tienen nada que ver en un mismo saco, desde allanamiento de morada, usurpaci¨®n o morosidad¡±, sigue. ¡°Como no tienen nada que decir sobre acceso a la vivienda, pretenden poner el foco en otro lado, con un doble prop¨®sito: genera nicho de mercado para muchos negocios [como las alarmas] e intenta desplazar el problema de acceso a la vivienda al miedo a que te okupen tu casa si bajas a comprar el pan¡±, a?ade. Y denuncia: ¡°Habla como si su pol¨ªtica de hundimiento de la vivienda p¨²blica no fuera el principal problema¡±.

La tasa de desahucios vinculados a incumplimientos de contratos de alquiler por cada 100.000 habitantes fue en Madrid del 6,6 en el tercer trimestre de 2024, seg¨²n datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para una estad¨ªstica liderada por los 14,8 de Baleares, los 12,8 de Catalu?a o los 11,8 de Canarias. Y el n¨²mero de sentencias y decretos dictados en procedimientos sobre arrendamientos urbanos de viviendas, que son los datos que mejor encajan con la ¡°inquiokupaci¨®n¡±, seg¨²n el CGPJ, se redujeron un 11,3% y un 6,3%, respectivamente, entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2024. Sin embargo, Ayuso ha decidido poner el acento en esta problem¨¢tica, y en su supuesto aumento en la regi¨®n. A ello ha dedicado buena parte de su agenda p¨²blica en las dos ¨²ltimas semanas.

4 de febrero. Ayuso se re¨²ne con representantes de la Plataforma de Afectados por la Okupaci¨®n y la Inquiokupaci¨®n, y se fotograf¨ªa con su camiseta. ¡°La inquiokupaci¨®n, como la okupaci¨®n, es un delito que se ceba con mucha gente inocente haci¨¦ndole grave da?o¡±, dice la presidenta regional. 10 de febrero. Ayuso acusa al Gobierno de ¡°fomentar la okupaci¨®n¡± con la ley de vivienda y se re¨²ne con Teresa Mateos, una mujer de 82 a?os, de la que cuenta que su casa de Fuenlabrada fue okupada por sus inquilinos, caus¨¢ndole, dice, ¡°trastornos tal que su marido falleci¨® de los disgustos y peleas que tuvieron¡±. 11 de febrero. ¡°Los de la pancarta de g¨¦nero que no se olviden de las mujeres que est¨¢n solas porque son viudas o no tienen hijos y les okupan sus viviendas¡±, espeta Ayuso en referencia al mismo caso. Y as¨ª se llega hasta este jueves 13 de febrero, cuando la quincena dedicada por Ayuso a la okupaci¨®n culmina en el pleno de control a su Gobierno en la Asamblea.

¡°Lo que la izquierda llama bulos tiene cara, ojos y una vida detr¨¢s¡±, arranca la baronesa conservadora. ¡°La okupaci¨®n y la inquiokupaci¨®n son delitos y atentan contra el derecho fundamental de la propiedad¡±, a?ade, mezclando dos dramas con calificaciones jur¨ªdicas diferentes. Y asegura: ¡°El 95% del mercado okupado es peque?o tenedor, no son los grandes [tenedores]¡±.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid admite en documentaci¨®n oficial consultada por EL PA?S que hasta 2.499 viviendas que son responsabilidad suya, pues pertenecen a la Agencia de la Vivienda Social (AVS), estaban okupadas sin t¨ªtulo a finales de 2024, lo que no es equiparable a que haya denunciado todos esos casos. Adem¨¢s, no considera completos los datos de la delegaci¨®n, hechos con una metodolog¨ªa similar a los de toda Espa?a, porque ¡°no incluyen las okupaciones que no son delitos de allanamiento de morada o usurpaci¨®n [por ejemplo, las okupaciones que no se han denunciado]¡± ni lo que denomina ¡°inquiokupaciones¡±. Y, en contraste, no detalla en qu¨¦ estad¨ªsticas se sustenta el discurso de Ayuso.

Consultado por este diario, el equipo de la presidenta se remite a los datos del servicio del 112 Okupaci¨®n de la Comunidad de Madrid; a los de las plataformas de afectados; y ¡°a todas las v¨ªctimas que han escrito o se han puesto en contacto con Presidencia¡±.

Con respecto al servicio telef¨®nico, la administraci¨®n regional informa de que en un mes se han duplicado las llamadas (56 registradas en la primera semana de febrero frente a las 32 de la primera semana de enero). Sin embargo, ese n¨²mero de llamadas no es equiparable a la existencia de otros tantos casos: si la misma persona llama varias veces, se contar¨¢n todas esas llamadas. El servicio comenz¨® a funcionar el 23 de junio de 2022 y hasta el 3 de febrero de 2025 hab¨ªa recibido 3.826 llamadas, que han derivado en la atenci¨®n de 219 ciudadanos (siete al mes) y en que en 42 ocasiones se haya evitado la okupaci¨®n o se haya logrado desalojarla, seg¨²n el Ejecutivo regional.

Por su parte, las plataformas que agrupan a las v¨ªctimas del delito de okupaci¨®n no aceptan los datos oficiales con el argumento de que muchos afectados no denuncian y resuelven el problema por su cuenta (pagando para que los okupas se vayan o sean desalojados). Las estad¨ªsticas de la delegaci¨®n, efectivamente, solo recogen aquellos casos denunciados.