No es un juego

La funci¨®n institucional del Parlamento en relaci¨®n con la justicia es defender su independencia y dotarla de los medios (presupuesto) necesarios para su ejercicio. Es decir, garantizar su libertad, su autonom¨ªa y su buen funcionamiento. Nada m¨¢s. La raz¨®n institucional obliga a que cuando existen indicios de delito, el interlocutor del procesado sea un juez, en ning¨²n caso, de ninguna manera, el Parlamento.

Sin embargo, es lamentablemente posible que, dentro de la p¨¦rdida de calidad del funcionamiento del Congreso de los Diputados, se produzca en los pr¨®ximos d¨ªas un hecho ins¨®lito: que el mismo Congreso que no es capaz de garantizar el funcionamiento correcto del ¨®rgano de gobierno de los jueces ¡ªlos miembros del Consejo General del Poder Judicial agotaron su mandato hace m¨¢s de dos a?os, sin que el PP permita elegir a sus sucesores¡ª est¨¦, sin embargo, dispuesto a facilitar a un chantajista procesado nada menos que una tribuna parlamentaria desde la que defenderse y esparcir toda la mugre e inmundicia acumulada durante a?os por su repugnante red de espionaje.

Eso es lo que suceder¨¢ si la llamada comisi¨®n Kitchen, que investiga la utilizaci¨®n ilegal de recursos del Ministerio de Interior para favorecer intereses pol¨ªticos del PP durante la presidencia de Mariano Rajoy, exige la comparecencia del comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa Jos¨¦ Manuel Villarejo. De momento, la solicitud ha sido firmada por todos los partidos, incluido, en el ¨²ltimo momento, el PSOE. ?Con qu¨¦ objeto? Nada de lo pueda aportar el corrupto comisario puede tener credibilidad ni ayudar a establecer responsabilidades. Su comparecencia solo puede ayudar a desprestigiar al Parlamento y a las dem¨¢s instituciones del Estado, un objetivo quiz¨¢s comprensible (que no justificado) para los grupos independentistas, pero ininteligible en los dem¨¢s, incluido el PSOE y el Partido Popular. Por muy inquieto que est¨¦ Pablo Casado con el desarrollo de esa investigaci¨®n, el lodo que dejar¨¢ la comparecencia del polic¨ªa corrupto no servir¨¢ para embarrar todo el escenario, pero le dejar¨¢ tocado a ¨¦l mismo. Igual que perjudicar¨¢ al grupo socialista, incapaz, una vez m¨¢s, de soportar conjuntamente la presi¨®n de Podemos y del marketing pol¨ªtico.

Durante a?os ha existido en Espa?a una red ilegal de vigilancia a empresarios, pol¨ªticos, periodistas y altos funcionarios dirigida por un relevante comisario. Su objetivo era el chantaje, facilitar el abuso de informaci¨®n privilegiada, la revelaci¨®n de secretos y la falsedad en documentos, delitos que pueden acarrear a Villarejo m¨¢s de 50 a?os de condena. Se comprende que el Parlamento quiera investigar qu¨¦ responsabilidad existi¨® en los Gobiernos bajo los que funcion¨® esa aut¨¦ntica mafia policial. El control parlamentario exige determinar qu¨¦ mecanismos y autoridades permitieron o encargaron la elaboraci¨®n de dosieres pol¨ªticos y qu¨¦ engranajes llevaron a la corrupci¨®n de un n¨²mero elevado de funcionarios p¨²blicos, que trabajaron durante a?os en beneficio de unos pocos y realizaron pinchazos telef¨®nicos, seguimientos y vigilancia totalmente ilegales. El Parlamento debe exigir cuentas a los ministros del Interior y altos cargos de la polic¨ªa bajo los que esos hechos ocurrieron, para determinar en qu¨¦ casos los procesados burlaron su control y en cu¨¢les recibieron, por el contrario, su protecci¨®n y complicidad. Es decir, el Parlamento debe exigir responsabilidades pol¨ªticas por la existencia de esa red ilegal dentro del aparato del Estado.

Pero el chantaje es un crimen que precisa para tener ¨¦xito la amenaza de un altavoz a trav¨¦s del que difundir la informaci¨®n comprometida. Es cierto que ese asqueroso papel lo desempe?an a menudo medios de comunicaci¨®n que entran en ese sucio campo reproduciendo las acusaciones y amenazas del chantajista, sin tener ni tan siquiera certeza de que la fiscal¨ªa aprecie en esos hechos indicios de delito. Las maniobras de Villarejo han encontrado lamentablemente frecuente acogida en algunos de esos medios, pero el colmo ser¨ªa que el Congreso de los Diputados desempe?ara el mismo papel. As¨ª no se har¨¢ avanzar ni un mil¨ªmetro la lucha contra la corrupci¨®n. Es en los tribunales donde debe hablar un personaje sobre el que existen sobrados indicios de haber cometido graves delitos. Se supone que los diputados, y los dirigentes de los grupos parlamentarios, tienen otro cometido. Esto no es un juego.