La percepci¨®n de la Justicia es peor que su realidad

Esta es la prueba para conocer el estado de la justicia en un pa¨ªs: preg¨²ntale a la primera persona con la que te cruces en la calle el nombre de alg¨²n juez o jueza. Si lo ignora, como seguramente la mayor¨ªa de ciudadanos del norte de Europa, las cosas van bien: la justicia no tiene nombre propio. Pero, en Espa?a, es raro que alguien no haya o¨ªdo hablar de Baltasar Garz¨®n, Carlos Lemes, Mercedes Alaya o el juez Ruz. Y, en EE UU, a alguien le puede costar situar a Suiza en el mapa, pero todo el mundo puede nombrar a alg¨²n miembro del Tribunal Supremo, as¨ª como su filiaci¨®n pol¨ªtica y credo religioso (por cierto, seis de los nueve miembros son cat¨®licos). Incluso aqu¨ª empezamos a familiarizarnos con Sonia Sotomayor o Samuel Alito, el redactor de la infausta revocaci¨®n constitucional del aborto. En Argentina o en Brasil los jueces son asimismo personajes p¨²blicos influyentes. En estas naciones se cumple la m¨¢xima de que, a mayor notoriedad medi¨¢tica de los jueces, peor percepci¨®n social de la justicia.

Seg¨²n el Eurobar¨®metro, los espa?oles estamos entre los europeos que peor punt¨²an la independencia de su sistema judicial, solo por delante de italianos, b¨²lgaros, eslovacos, polacos y croatas. Apenas cuatro de cada 10 personas en Espa?a consideran que la independencia judicial es muy buena o bastante buena, frente a ocho de cada 10 en Finlandia o Austria. Pero, como en otros ¨¢mbitos, puede que haya un abismo entre percepciones y realidad. Hay razones objetivas y subjetivas para pensar que nuestra justicia es m¨¢s independiente de lo que los ciudadanos pensamos. Nuestra justicia es lenta ¡ªel tiempo medio para resolver litigios civiles y comerciales en primera instancia se ha disparado por encima de los 400 d¨ªas, en contraste con los 100 que cuesta en Lituania o Pa¨ªses Bajos¡ª, pero implacable. Tras la crisis financiera, ning¨²n pa¨ªs, con la excepci¨®n de Islandia, conden¨® a prisi¨®n a m¨¢s banqueros que Espa?a. Y dudo que haya muchas otras democracias en las que m¨¢s miembros de las altas instancias de la pol¨ªtica, la econom¨ªa, el deporte o la Familia Real hayan tenido que sentarse en el banquillo de los acusados que en Espa?a.

Es la sensaci¨®n que tienen los propios magistrados. Seg¨²n un estudio de Metroscopia, el 99% de los jueces dice sentirse totalmente independiente en el ejercicio de sus funciones, el 94% percibe esa misma independencia en los dem¨¢s integrantes de la judicatura, y el 90% asegura no haber recibido nunca presi¨®n o sugerencia alguna, expl¨ªcita o sutil, sobre c¨®mo resolver un caso por parte de los poderes econ¨®micos o pol¨ªticos. Lo que ocurre, en opini¨®n del 84% de los jueces, es que los medios de comunicaci¨®n politizan los casos judiciales.

Probablemente, las culpas est¨¢n m¨¢s repartidas. Para empezar, son responsables los grandes partidos, incapaces de renovar el Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, de regenerarlo. Desde distintos ¨®rganos europeos se nos advierte a menudo de que en Espa?a hay una excesiva intervenci¨®n de los pol¨ªticos en el nombramiento de los vocales del CGPJ, pero sigue sin haber consenso entre PSOE y PP para cambiar el sistema. Y los jueces deben asumir su parte de responsabilidad. Su estructuraci¨®n en asociaciones profesionales con acento pol¨ªtico marcado no ayuda a la percepci¨®n de independencia judicial. La justicia no solo debe ser ciega, sino tambi¨¦n muda.

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