El peligro de las ¡®querellas mordaza¡¯: c¨®mo los poderosos usan la ley contra el periodismo

Una amenaza silenciosa se cierne sobre la libertad de expresi¨®n, uno de los pilares de la democracia en Europa. Se llama demandas estrat¨¦gicas contra la participaci¨®n p¨²blica, aunque com¨²nmente se la conoce por el acr¨®nimo del t¨¦rmino en ingl¨¦s: SLAPP. Fue acu?ado en 1996 por dos acad¨¦micos estadounidenses en el libro SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out (SLAPPs: ser querellado por denunciar), en el que describ¨ªan c¨®mo ¡°una nueva variedad de procesos judiciales¡± estaba siendo usada por los poderosos en Estados Unidos para ¡°silenciar a ciudadanos y grupos, con potenciales graves consecuencias para el futuro de la democracia representativa¡±. Casi tres d¨¦cadas despu¨¦s, las SLAPPs proliferan en el Viejo Continente con el objetivo de intimidar y reprimir la participaci¨®n p¨²blica. Entre 2018 y 2022, el n¨²mero de estas causas se ha duplicado, seg¨²n un informe independiente publicado a finales de agosto. Ello ha llevado a Europa a dise?ar cambios legislativos que salvaguarden la libertad de expresi¨®n. Tras a?os de debates y presiones, este proceso puede culminar justo durante los seis meses en los que Espa?a ocupa la presidencia rotativa de la Uni¨®n Europea.

Las SLAPPs ¡°son un abuso del sistema legal por parte de personas ricas y poderosas que inician demandas largas, caras y por lo general sin fundamento que pretenden acabar con las cr¨ªticas y con los esfuerzos para que haya rendici¨®n de cuentas¡±, se lee en el informe Shutting out Criticism: how SLAPPs Threaten European Democracy (Callando las cr¨ªticas: c¨®mo las SLAPPs amenazan la democracia europea), publicado por una coalici¨®n de organizaciones civiles europeas llamada CASE. Este grupo ha documentado y diseccionado m¨¢s de 800 de denuncias por difamaci¨®n, por calumnia o por violaci¨®n del secreto mercantil o de la privacidad presentadas en los ¨²ltimos a?os por influyentes pol¨ªticos o corporaciones en tribunales de toda Europa, de Espa?a a Hungr¨ªa. El principal denominador com¨²n que CASE ha hallado es que quien presenta una SLAPP, a diferencia de un litigio com¨²n, no pretende, en realidad, obtener un resarcimiento por un da?o, ni siquiera una sentencia favorable, sino atemorizar al querellado como represalia por haber expuesto una realidad oculta, desde un potencial caso de corrupci¨®n hasta da?os medioambientales.

¡°Quienes interponen una SLAPP no quieren ganar el caso, sino destruir a un periodista o a un medio de comunicaci¨®n porque han publicado investigaciones sobre cr¨ªmenes o actos il¨ªcitos¡±, concuerda la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovi?, quien en entrevista por videoconferencia explica que desde hace un lustro est¨¢ involucrada en convencer a los Estados miembros de la UE de que es urgente aprobar leyes anti-SLAPP, como ya han hecho Canad¨¢ y Estados Unidos implementando cambios legislativos que permiten la desestimaci¨®n r¨¢pida de casos manifiestamente infundados. Para Mijatovi?, las SLAPPs son nada menos que ¡°la segunda amenaza m¨¢s peligrosa para la libertad de expresi¨®n y la disensi¨®n, tras la violencia f¨ªsica¡±. Ambas formas de coacci¨®n no se excluyen; algunos de los periodistas asesinados en Europa recientemente eran tambi¨¦n objeto de decenas de querellas mordaza, como la maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017.

Explotar las asimetr¨ªas

El poder intimidatorio de las?? SLAPPs reposa en su capacidad de causar da?os financieros al demandado mediante el propio proceso judicial. As¨ª, es com¨²n que los abogados de los querellantes soliciten cifras exorbitantes de resarcimiento por una supuesta difamaci¨®n o violaci¨®n de la privacidad, o que acudan a los tribunales donde los costes de defensa son m¨¢s altos, como el Reino Unido. Otra forma de acosar al demandado es denunciarlo en varias jurisdicciones a la vez y dilatar el proceso legal ¡°con el objetivo de que la espada de Damocles penda sobre el periodista por mucho tiempo¡±, dice la comisaria Mijatovi?. En no pocas ocasiones esas demandas son retiradas por los propios demandantes cuando el caso, tras a?os de instrucci¨®n y apelaciones, se encamina hacia una sentencia en firme. ¡°Atacan en la Justicia, pero saben muy bien que van a perder el caso¡­ Por eso retiran las demandas en el ¨²ltimo momento¡±, explica la directora de la oficina de Bruselas de Reporteros sin Fronteras (RSF), Julie Majerczak, que recuerda que para entonces la SLAPP ya ha cumplido su objetivo: ¡°Intimidar, hostigar y causar p¨¦rdidas financieras¡± al reportero o al medio, que debe sufragar el coste de su defensa legal. Adem¨¢s, muchas demandas son presentadas contempor¨¢neamente en tribunales civiles y penales, pues en algunos pa¨ªses de la UE como Espa?a, Italia o Hungr¨ªa a¨²n se castiga con la c¨¢rcel el delito de difamaci¨®n, aunque no hay ning¨²n periodista encarcelado en Europa por este motivo, seg¨²n RSF.

Las SLAPPs explotan, en realidad, las debilidades inherentes de una profesi¨®n cuyas condiciones laborales se han degradado en las ¨²ltimas d¨¦cadas. Para los freelances o para los medios locales ¡ªpor lo general dotados de menos m¨²sculo econ¨®mico y carentes de un departamento legal propio¡ª afrontar un proceso legal largo y costoso tiene un poderoso efecto disuasorio. ¡°Tengo clientes que han cobrado 20 euros por un art¨ªculo que despu¨¦s les ha costado decenas de miles de euros de defensa legal. Algunos han tenido que vender sus casas. ?Qu¨¦ efecto tienen estos casos en la profesi¨®n aqu¨ª en Italia? Totalmente disuasorio¡±, explica el abogado italiano Andrea di Pietro, consejero legal de la organizaci¨®n Ossigeno per l¡¯Informazione, que brinda asistencia legal gratuita a freelances y denuncia que la mayor¨ªa de causas son infundadas. ¡°Solo una de cada diez querellas presentadas se resuelve con una condena¡±.

Uno de los mejores ejemplos de los riesgos que conlleva hacer periodismo de investigaci¨®n sobre el poder econ¨®mico es el de la reportera de The Guardian Carole Cadwalladr, quien escudri?¨® el origen de la financiaci¨®n de la campa?a del Brexit. Fue procesada por difamaci¨®n por Arron Banks, el mayor donante de la campa?a del Brexit y magnate de los seguros, y en mayo, tras cuatro a?os de proceso, un tribunal de apelaci¨®n revirti¨® una sentencia previa favorable a Cadwalladr y le orden¨® pagar 35.000 libras a Banks como reparaci¨®n. Pero lo que hizo que varias asociaciones de prensa pusieran el grito en el cielo fue que la corte tambi¨¦n impuso a la periodista sufragar 400.000 libras de las costas procesales del empresario. Cadwalladr ha apelado la decisi¨®n y ha anunciado que llevar¨¢ el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Inglaterra es desde hace a?os un destino especialmente atractivo para los opulentos que emprenden querellas mordaza, debido a los prohibitivos costes legales y a las ventajosas leyes antidifamaci¨®n. Londres ultima ahora modificaciones legislativas para frenar las SLAPPs, despu¨¦s de que oligarcas rusos sospechosos de tener lazos con Vlad¨ªmir Putin procesaran a periodistas con el aparente objetivo de reprimir investigaciones.

La dimensi¨®n desconocida

Si bien Londres es desde hace a?os la capital del llamado ¡°turismo de la difamaci¨®n¡± por su conveniencia para emprender all¨ª procesos legales, sin importar si el querellado reside o no en el Reino Unido, este problema afecta predominantemente a otras regiones del planeta, como Asia o Am¨¦rica Latina, la m¨¢s impactada del mundo, seg¨²n un estudio del Centro de Informaci¨®n sobre Empresas y Derechos Humanos. Los pa¨ªses de Latinoam¨¦rica donde m¨¢s se utilizan las SLAPPs con fines intimidatorios son Honduras, Per¨², Guatemala y M¨¦xico.

En Europa, la coalici¨®n CASE ha documentado 820 casos entre 2010 y 2023 en m¨¢s de 30 jurisdicciones. Los datos de CASE dan cuenta de un auge reciente de esta estrategia silenciadora: desde 2016, cuando hubo 26 casos, no han cesado de crecer anualmente excepto en 2018 y 2021, hasta alcanzar la cifra r¨¦cord de 161 casos en 2022. En su ¨²ltimo informe, CASE advierte de que se trata apenas de ¡°la superficie del problema de las SLAPP en Europa¡± y revela que las categor¨ªas m¨¢s afectadas son periodistas, medios de comunicaci¨®n y activistas. La cifra media de da?os reclamados por los querellantes es de 15.150 euros.

Algunos de los pa¨ªses en los que se registra una pujanza de este fen¨®meno son Francia, Croacia, Grecia, Malta, Reino Unido, Hungr¨ªa y Polonia, donde miembros del partido ultraconservador en el poder Ley y Justicia se han querellado decenas de veces contra medios de comunicaci¨®n cr¨ªticos, como el diario Gazeta Wyborcza. Espa?a figura en la parte baja de la tabla en lo referente al volumen de causas. CASE ha documentado ¡°16 casos con caracter¨ªsticas de SLAPP desde 2010 hasta hoy¡±, explica por correo electr¨®nico Joanna Demarco, investigadora de la coalici¨®n. Sin embargo, s¨ª ha habido casos emblem¨¢ticos, como el del activista gallego que recibi¨® un burofax de una empresa ganadera a la que hab¨ªa previamente criticado por contaminaci¨®n medioambiental, en el que se le exig¨ªa el pago de un mill¨®n de euros en concepto de da?os. El presidente de la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol (RFEF), Luis Rubiales, hoy suspendido por la FIFA, fue acusado la semana pasada por El Confidencial de hacer un uso intimidatorio de las querellas. El despacho de abogados GC Legal, que ha representado a Rubiales en 12 causas (querellas y demandas) contra periodistas en tanto que presidente de la RFEF, matiza en entrevista por correo electr¨®nico que algunas acabaron en sentencias que dieron la raz¨®n al exmandatario, por lo que la acusaci¨®n no procede ya que la justicia s¨ª aval¨® la posici¨®n de su representado, que ha preferido no manifestarse en este reportaje. En esas causas, explica GC Legal, Rubiales solicitaba desde una rectificaci¨®n hasta indemnizaciones que iban desde 1 euro hasta 50.000 euros.

Daphne, el asesinato que lo cambi¨® todo

Durante a?os, las querellas mordaza en Europa eran tratadas como casos aislados. Sin embargo, todo cambi¨® tras el brutal asesinato de la periodista de investigaci¨®n maltesa Daphne Caruana Galizia, de 53 a?os. Ella hab¨ªa destapado decenas de esc¨¢ndalos de corrupci¨®n de altos funcionarios malteses antes de que el 16 de octubre de 2017 la explosi¨®n de una bomba colocada en los bajos de su coche le quitara la vida. El atentado (en el que han confesado siete personas que han sido imputadas o condenadas, seg¨²n la familia de la fallecida) hizo tambalearse los cimientos de uno de los pa¨ªses m¨¢s opacos de la UE y expuso al mundo que Caruana Galizia, en el momento de morir, era hostigada por 47 procesos judiciales. La mayor¨ªa en Malta, pero otros en el Reino Unido e incluso Estados Unidos, donde un banquero que la acusaba de difamaci¨®n solicit¨® 40 millones de d¨®lares de indemnizaci¨®n.

¡°Todo eso le caus¨® una gran presi¨®n emocional, social y profesional¡±, explica en entrevista telef¨®nica su hermana, Corinne Vella. ¡°Un tribunal lleg¨® a congelar sus cuentas bancarias. De hecho, mi hermana fue asesinada cuando iba al banco a tratar de acceder al dinero de sus cuentas¡±.

Tras su muerte, algunas de las querellas fueron retiradas, pero no todas, y su familia ¡°hered¨®¡± las causas, algo que prev¨¦ la ley maltesa, por lo que sus hijos todav¨ªa hoy deben hacer frente a media docena de procedimientos judiciales contra la periodista fallecida. A pesar de todo, la familia hall¨® las fuerzas necesarias para plantar cara al poder en Malta y alertar en Bruselas de los manifiestos riesgos para la democracia del que se convirti¨® en el caso Daphne. Sus familiares crearon la Fundaci¨®n Daphne Caruana Galizia y, apoyados por otros periodistas, acad¨¦micos y activistas, contactaron con comisarios y europarlamentarios para explicarles c¨®mo las SLAPPs hab¨ªan atormentado a Caruana Galizia antes del atentado. Otras v¨ªctimas dieron un paso al frente y contaron sus historias, y as¨ª un problema que se cre¨ªa atomizado y quiz¨¢ hasta confinado a los pa¨ªses de la UE con las instituciones menos consolidadas se revel¨®, en realidad, una preo?cupante tendencia.

Con todo, el entonces vicepresidente de la Comisi¨®n Europea, Frans Timmermans, ignor¨® en 2018 los llamados de la sociedad civil y rechaz¨® que la UE tuviera competencia para aprobar una eventual legislaci¨®n anti-SLAPP. En Bruselas tambi¨¦n inquietaba la aprobaci¨®n de una directiva que pudiera cercenar un derecho b¨¢sico como es el acceso de los ciudadanos a la justicia, sobre todo en tiempos en los que las redes sociales han multiplicado las violaciones a la reputaci¨®n de personas y empresas. ¡°En Europa no cre¨ªan que las SLAPPs fueran un problema, sobre todo porque no hab¨ªa datos, pero luego se logr¨® convencerles de que afectaban al Estado de derecho y amenazaban a la democracia¡±, explica en entrevista por videoconferencia Justin Borg-Barthet, profesor de Derecho Comunitario en la Universidad de Aberdeen.

En abril de 2022, tras celebrarse una consulta p¨²blica, la Comisi¨®n finalmente present¨® una propuesta de directiva al Parlamento Europeo y al Consejo. Su objetivo era proteger a la sociedad ¡°frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas¡± e ¡°impedir que el fen¨®meno siga expandi¨¦ndose en la UE¡±. El texto preve¨ªa, entre otros aspectos, la supresi¨®n de las penas de prisi¨®n para la difamaci¨®n, la transferencia de la ¡°carga de la prueba¡± a la parte demandante, la desestimaci¨®n temprana de las demandas ¡°manifiestamente infundadas¡±, e incluso la posibilidad de que los ciudadanos hostigados por las SLAPPs pudieran contraatacar a las millonarias demandas reclamando por v¨ªa judicial indemnizaciones financieras a los querellantes.

La vicepresidenta de la Comisi¨®n Europea responsable de valores y transparencia, V¨§ra Jouro, una de sus principales promotoras, quiso llamar la directiva ley Daphne. Pero no lo logr¨®. Tampoco consigui¨® que se aprobara el ambicioso texto original. El Consejo Europeo, que representa a los Estados, rebaj¨® las pretensiones de la directiva y present¨® un nuevo borrador que, seg¨²n las organizaciones civiles, ha sido desvirtuado y pierde su eficacia. ¡°Vaci¨® toda su substancia¡±, critica Majerczak, de RSF.

Ahora corresponde a los llamados tri¨¢logos (negociaciones entre el Parlamento, la Comisi¨®n y el Consejo) llegar a un acuerdo final sobre la forma del texto antes de las elecciones europeas del pr¨®ximo junio. En este proceso, del que depende que se ponga fin a un abuso que amenaza un pilar de la democracia en Europa, Espa?a puede tener un papel importante por su potestad de marcar la agenda como presidente de turno de la UE hasta final de a?o.

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