La falta de respeto ciudadano, de educaci¨®n y de liderazgo democr¨¢tico de S¨¢nchez y Feij¨®o

El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, y el dirigente del principal partido de la oposici¨®n, Alberto N¨²?ez Feijoo, se las arreglaron en los actos de celebraci¨®n del 45 aniversario de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n para no encontrarse frente a frente ni tener que darse la mano en p¨²blico. Una decisi¨®n que demuestra la dureza del enfrentamiento que mantienen los dos pol¨ªticos y tambi¨¦n, desgraciadamente, su falta de respeto por las organizaciones fundamentales de un Estado, su falta de educaci¨®n, su falta de liderazgo y personalidad y su falta de comprensi¨®n de lo que supone la institucionalidad para la vitalidad del sistema pol¨ªtico creado por esa Constituci¨®n.

Si las cosas han llegado a un punto en el que el presidente del Gobierno y el l¨ªder de la oposici¨®n no son capaces de saludarse en p¨²blico, no se comprende bien por qu¨¦ el rey Felipe VI no ha hecho ya uso de las competencias que le confiere la Constituci¨®n y los ha llamado al orden¡­ y a una reuni¨®n conjunta en La Zarzuela. El art¨ªculo 56.1 del texto fundamental establece que el rey ¡°arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones¡±, un trabajo discreto, pero importante, que reconocen pr¨¢cticamente todas las constituciones del mundo democr¨¢tico al jefe del Estado, sea rey o presidente de la Rep¨²blica. El rey en una monarqu¨ªa parlamentaria y el presidente en una rep¨²blica parlamentaria no pueden forzar a los pol¨ªticos a que lleguen a acuerdos, ni mucho menos presionar en ning¨²n sentido sobre esos acuerdos concretos, pero s¨ª pueden obligar a los pol¨ªticos a sentarse en su mesa, avergonzarles en p¨²blico y animarles a hablar. Habr¨¢ que preguntarse si Felipe VI ha hecho esas gestiones con nulo resultado (con la responsabilidad que ello acarrear¨ªa a los pol¨ªticos convocados) o si ni siquiera ha podido (o querido) ejercer esa funci¨®n moderadora, tan necesaria en momentos de crispaci¨®n.

Horas despu¨¦s del bochornoso desencuentro protocolario, el presidente del Gobierno propuso, en una entrevista televisiva, que PSOE y PP formaran una comisi¨®n de trabajo para tratar de la renovaci¨®n de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada desde hace cinco a?os por decisi¨®n del PP; un nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica (sin la que las administraciones p¨²blicas seguir¨¢n funcionando rematadamente mal) y la supresi¨®n en la Constituci¨®n de la palabra disminuido, sustituida por discapacitado, tal y como proponen los interesados. El PP ha acogido con frialdad la propuesta, aunque no la ha rechazado de pleno. En cualquier caso, la comisi¨®n tiene que ir precedida de una entrevista entre los dos pol¨ªticos que nos demuestre a los ciudadanos que el presidente del Gobierno y el l¨ªder de la oposici¨®n no son v¨ªctimas de una constelaci¨®n de errores cognitivos, emocionales y estrat¨¦gicos que les incapacitan para la pol¨ªtica y la conversaci¨®n. No se trata de hipocres¨ªa, fingir sentimientos contrarios a los que se tienen, sino de plantear todas sus discrepancias dentro del marco previsto por el sistema y de aceptar que tienen una obligaci¨®n pedag¨®gica (valorar el di¨¢logo y el reconocimiento del adversario) respecto a la ciudadan¨ªa.

El principal partido de la oposici¨®n no puede poner en duda la legitimidad de un gobierno nacido de una mayor¨ªa parlamentaria y el presidente del Gobierno no puede negar a su adversario el derecho a exigir que sea en el Parlamento donde se discutan, con detalle y tiempo, todas las decisiones que afectan a los ciudadanos. La proposici¨®n de ley de amnist¨ªa tiene que ser discutida, enmendada, si procede, y validada, si procede, por el Tribunal Constitucional. Y nada de lo que se acuerde en las conversaciones PSOE-Junts en Suiza puede ser traducido en decretos o leyes, sino en proposiciones o propuestas de ley, que transiten el procedimiento parlamentario habitual. De hecho, las negociaciones entre PSOE y Junts que se llevan a cabo con la desacostumbrada presencia de un mediador son institucionalmente irrelevantes. Es decir, son conversaciones entre dos partidos pol¨ªticos que no tienen mayor¨ªa parlamentaria ni en el Congreso ni en el Parlamento auton¨®mico correspondiente. Son, en realidad, interlocutores equivocados, que no representan ni al Estado ni a Catalu?a. Mucho m¨¢s productivas y l¨®gicas hubieran sido conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Catalunya, un formato donde una instituci¨®n recoge las reclamaciones de otra.

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