Guatemala indemniza a los familiares de las v¨ªctimas del asalto a la Embajada de Espa?a
La polic¨ªa tom¨® la legaci¨®n en 1980 para sofocar una protesta ind¨ªgena y dej¨® 37 muertos
El Gobierno guatemalteco pagar¨¢ una indemnizaci¨®n de 2.400 euros a los familiares de 25 personas fallecidas hace 27 a?os en la Embajada de Espa?a en Guatemala por el incendio desatado tras el asalto de las fuerzas de seguridad del Estado. La indemnizaci¨®n econ¨®mica es similar a la que, por disposici¨®n del Estado, se ha entregado a otras v¨ªctimas de la guerra interna que vivi¨® Guatemala entre 1960 y 1996 y en la que murieron m¨¢s de 200.000 personas.
Casi tres d¨¦cadas despu¨¦s del brutal asalto de la polic¨ªa guatemalteca a la Embajada de Espa?a en Guatemala, donde murieron calcinadas 37 personas, Rosalina Tuyuc, presidenta de la Comisi¨®n Nacional de Resarcimiento para las v¨ªctimas del conflicto armado que ensangrent¨® a este pa¨ªs centroamericano entre 1960 y 1996, confirm¨® que ma?ana, 31 de enero, fecha en la que se cumple el 27? aniversario de la tragedia, o en fechas pr¨®ximas a la efem¨¦ride, las familias de las v¨ªctimas recibir¨¢n una indemnizaci¨®n por parte del Estado guatemalteco.
Tuyuc, en declaraciones al matutino local Prensa Libre, califica el gesto como “simb¨®lico”, dado que la indemnizaci¨®n apenas llega a 24.000 quetzales (2.400 euros), cifra que la dirigente ind¨ªgena califica de miserable. “No me parece mal que se d¨¦ resarcimiento, aunque sea por unos m¨ªseros 24.000 quetzales”, dijo al anunciar que la principal demanda de las familias de las v¨ªctimas de la guerra sucia ante la justicia “no se va a dejar a dejar de lado”.
La dirigente ind¨ªgena Rigoberta Mench¨², cuyo padre fue secuestrado y asesinado por el Ej¨¦rcito y contin¨²a sepultado en alguna fosa com¨²n, explic¨® que el principal problema que afronta para hacer efectiva la indemnizaci¨®n radica en la ausencia de identificaci¨®n legal de los herederos de las v¨ªctimas del asalto a la Embajada.
Esto se explica porque, mientras hu¨ªan de la fiereza del combate entre guerrilleros y militares, “muchas familias ni siquiera ten¨ªan inscritos en el padr¨®n a sus hijos”, lo que dificulta que perciban la compensaci¨®n. A esto se suma el hecho de que los registros civiles de muchos de los Ayuntamientos fueron quemados por las partes en conflicto.
La masacre
El 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos ind¨ªgenas de Quich¨¦ (norte de Guatemala, en la frontera con M¨¦xico) tom¨® por asalto la Embajada de Espa?a con el prop¨®sito de denunciar internacionalmente las masacres de las que eran objeto comunidades civiles del norte del pa¨ªs, bajo el pretexto de colaborar con la guerrilla. El Gobierno de Guatemala, entonces presidido por el general Romeo Lucas Garc¨ªa, se neg¨® a negociar y orden¨® entrar por la fuerza en la sede diplom¨¢tica. La polic¨ªa entr¨® a saco, con el saldo ya apuntado de 37 muertos, entre ellos el primer secretario de la Embajada, Jaime Ruiz del ?rbol, y Vicente Mench¨², padre de Rigoberta, galardonada en 1992 con el Premio Nobel de la Paz.
Ante la imposibilidad de encontrar justicia en Guatemala, Rigoberta Mench¨² elev¨® una querella ante la Audiencia Nacional de Espa?a, que decret¨® una orden internacional de b¨²squeda y captura contra altos ex funcionarios guatemaltecos, entre ellos Romeo Lucas Garc¨ªa, muerto en Venezuela el 27 de mayo de 2006, y contra los ex jefes de Estado golpistas Efra¨ªn R¨ªos Montt y Humberto Mej¨ªa V¨ªctores. Tambi¨¦n contra el ex jefe de la polic¨ªa Germ¨¢n Chupina y contra los civiles Donaldo ?lvarez Ruiz y Pedro Garc¨ªa Arredondo.
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