El recuerdo a¨²n duele en Per¨²
Cinco a?os despu¨¦s de su presentaci¨®n, el informe de la Comisi¨®n de la Verdad sobre la guerra interna sigue levantando ampollas
La guerra termin¨® en Per¨² hace ocho a?os, pero el n¨²mero de v¨ªctimas ha seguido creciendo todo este tiempo. En la alejada comunidad de Putis, en la regi¨®n de Ayacucho, donde estall¨® la violencia de Sendero Luminoso, se encontraron, el pasado mes de mayo, los restos de m¨¢s de un centenar de campesinos ejecutados por los militares en diciembre de 1984.
El relato de lo sucedido en Putis, recogido en el informe de la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n (CVR), que ayer cumpli¨® cinco a?os, es estremecedor. Los militares convocaron a los campesinos, que hab¨ªan abandonado los pueblos para vivir en las partes altas de las monta?as, para que cavaran su propia fosa com¨²n. "Ordenaron a los varones, apunt¨¢ndolos con sus armas, que cavase una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criar¨ªan truchas, mientras que a otros les aseguraron que all¨ª construir¨ªan casas. (...)Cuando estuvo lista la supuesta piscina, los militares reunieron al centenar de pobladores, entre los que hab¨ªa hombres, mujeres y ni?os, alrededor de la poza, y sin mayor explicaci¨®n les dispararon a matar", indica el documento.
Ayer se cumplieron cinco a?os de la presentaci¨®n de este informe repleto de terribles escenas de violencia perpetradas por terroristas y fuerzas de seguridad. El tiempo transcurrido, sin embargo, no ha conseguido que se deje de discutir este documento de m¨¢s de 8.000 p¨¢ginas que cubre casi 20 a?os de guerra interna. Un amplio sector de las fuerzas armadas considera que no refleja con justicia su actuaci¨®n en el conflicto e incluso sugiere que toma partido por los terroristas, al juntar con los atentados, asesinatos colectivos y masacres de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario T¨²pac Amaru, las ejecuciones extrajudiciales y otras acciones que tienen a las fuerzas de seguridad como victimas. "?Qui¨¦nes pedir¨¢n perd¨®n por los 1.200 fallecidos, por m¨¢s de 1.400 discapacitados que tiene el Ej¨¦rcito", reclam¨® esta semana el comandante general del Ej¨¦rcito, Edwin Donayre.
Incluso el primer vicepresidente Luis Giampietri, un almirante retirado, se sum¨® a la cr¨ªtica y dijo que el informe "no ha aportado nada a la pacificaci¨®n; al contrario, ha polarizado posiciones". Giampietri a?adi¨® que "se han presentado cosas que no son ciertas, y esas versiones han sido mal utilizadas por algunos sectores, sobre todo algunas ONG, para llevar a juicio a miembros de las fuerzas armadas".
Quienes defienden el informe aseguran, sin embargo, que los militares no se han tomado el trabajo de leerlo con detenimiento: "En ning¨²n momento se ataca al Ej¨¦rcito como instituci¨®n, aunque s¨ª se mencionan casos de violaciones de los derechos humanos en los que est¨¢n involucrados miembros de la fuerza armada", se?ala Ronald Gamarra, secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Las cr¨ªticas, que se repiten cada a?o por esta fecha, han encontrado respuesta en los ex comisionados: "Si hubieran le¨ªdo, hubieran constatado que el informe encuentra la responsabilidad directa de todo el horror en Sendero Luminoso", coment¨® Enrique Bernales. Sin embargo, el informe s¨ª apunta que las fuerzas armadas estuvieron envueltos "en ciertos lugares y momentos del conflicto; en pr¨¢cticas generalizadas y sistem¨¢ticas de violaciones de los derechos humanos".
"Los malos comportamientos de los militares existieron, tendr¨ªan que aceptarlo, tal y como ha sucedido en Argentina y Chile. Tendr¨ªan que ofrecer disculpas por no haber estado a la altura del uniforme", se?ala Salom¨®n Lerner Febres, quien fuera presidente de comisi¨®n. La sensaci¨®n general es que el informe acerc¨® al pa¨ªs a la verdad acerca de un conflicto terrible, pero la reconciliaci¨®n a¨²n est¨¢ lejos.
![Una campesina peruana escucha uno de los relatos del informe de la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/5APJVSKIKFOMKL5IDW7NMQD24A.jpg?auth=6f8a343641805a73c8ca57c659a525bec7b5703bf4e0061f156b0647d4889322&width=414)
"Hay miles de casos que esperan reparaci¨®n"
Dentro de su drama, Gisella Ortiz puede sentirse una privilegiada. Todos los presuntos responsables ¡ªincluido el ex presidente peruano Alberto Fujimori¡ª de la muerte de su hermano, uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta ejecutados en 1992, han sido llevados a juicio. La mayor¨ªa de damnificados de la violencia pol¨ªtica no puede decir lo mismo, a pesar de que desde que se presentara, hace cinco a?os, el informe de la Comisi¨®n de la Verdad y la Reconciliaci¨®n, se han judicializado 40 casos y logrado algunas sentencias firmes. "Lamentablemente, nosotros, los deudos de la Cantura y Barrios Altos, somos un caso aislado. Hay cientos, miles de casos, que esperan reparaci¨®n", comenta Ortiz. Incluso ella misma aguarda a que el Estado le pague una indemnizaci¨®n.
En general, se ha avanzado poco en resarcir a los que fueron afectados por el conflicto. La CVR se?ala que fueron cerca de 70.000 las v¨ªctimas de la guerra interna, pero el registro ¨²nico de v¨ªctimas, que cuenta con pocos recursos, ha logrado identificar apenas 10.670. El Gobierno ha dado prioridad a las reparaciones colectivas, pero hasta el momento, seg¨²n Ronald Gamarra, secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humano, "s¨®lo ha logrado identificar un n¨²mero mediano de comunidades afectadas; de ellas, s¨®lo ha beneficiado al 2%". Las indemnizaciones han sido, econ¨®micamente, escasas. El Gobierno ha dado otras compensaciones, como seguros de salud y servicios educativos, pero que tambi¨¦n se consideran insuficientes. Para muchos, el Ejecutivo tiene una actitud "tibia y no comprometida con las v¨ªctimas".
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