La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos denuncia la restricci¨®n de las libertades en Venezuela

Ausencia de separaci¨®n e independencia de los poderes p¨²blicos. Restricciones al ejercicio de los derechos pol¨ªticos y ciudadanos. Utilizaci¨®n del poder punitivo del Estado para intimidar, sancionar o encarcelar a los opositores. Represi¨®n contra periodistas y medios de comunicaci¨®n. Creaci¨®n de grupos paramilitares. Impunidad...

La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado la voz de alarma sobre la situaci¨®n en Venezuela con un amplio informe que da cuenta de los abusos del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez. El trabajo, presentado hoy en Washington, describe todo un cat¨¢logo de arbitrariedades que sientan las bases para la construcci¨®n de un Estado totalitario.

La comisi¨®n, encargada de velar por los derechos humanos en los pa¨ªses miembros de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA), explica que las autoridades venezolanas prohibieron la visita de sus expertos, aunque aceptaron enviar informaci¨®n y responder a un cuestionario. El informe, de m¨¢s de 300 p¨¢ginas, se titula Democracia y Derechos Humanos en Venezuela y deja de manifiesto c¨®mo el Gobierno chavista va desmantelando, desde dentro, el r¨¦gimen democr¨¢tico, alterando el equilibrio de poderes y limitando los derechos de los ciudadanos.

Las trabas para el juego pol¨ªtico limpio se materializan en "mecanismos para restringir el acceso al poder" de la oposici¨®n, como la inhabilitaci¨®n, en las municipales de 2008, de 260 candidatos sin que existiera "un procedimiento previo y violando los est¨¢ndares de la Convenci¨®n Americana". O bien en las modificaciones legales para "limitar las competencias de autoridades electas por voto popular" e impedir que ejerzan su mandato, como ha ocurrido con el alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, que se ha visto despojado de sus funciones y de la propia sede municipal.

Sin independencia ni autonom¨ªa

Otro de los pilares del edificio democr¨¢tico, la separaci¨®n de poderes, tambi¨¦n se tambalea. A juicio de la CIDH, "la falta de independencia y autonom¨ªa del poder judicial frente al poder pol¨ªtico constituye uno de los puntos m¨¢s d¨¦biles de la democracia venezolana". La laxitud de la ley, la inexistencia de concursos p¨²blicos de acceso a cargos de jueces y fiscales, que son nombrados discrecionalmente; la provisionalidad en sus funciones (solo la mitad de los 1.896 jueces son titulares) o la arbitrariedad en los procesos de destituci¨®n tienen maniatados a los funcionarios judiciales.

Junto a ello, se agudizan las restricciones de las libertades civiles. Los investigadores resaltan la "preocupante tendencia a castigar, intimidad y agredir" a quienes expresan su disenso con las pol¨ªticas oficiales, sean opositores o ciudadanos de a pie.

La bater¨ªa de medidas para acallar las voces cr¨ªticas incluye el castigo legal, la intimidaci¨®n y la violencia f¨ªsica. Derechos como el de manifestaci¨®n o de reuni¨®n est¨¢n cada vez m¨¢s restringidos. En los ¨²ltimos cinco a?os, m¨¢s de 2.200 personas han sido sometidas a procesos penales por participar en marchas, con cargos que van desde el "ultraje a funcionario p¨²blico" hasta la "obstrucci¨®n activa de las funciones de las instituciones legalmente constituidas". Unido a ello est¨¢ el "uso excesivo de la fuerza estatal" y las acciones de los grupos de choque contra los manifestantes, que dejaron seis muertos en los ocho primeros meses de 2009.

Intimidaci¨®n

La intimidaci¨®n se ceba especialmente con los medios de comunicaci¨®n. Las agresiones verbales y f¨ªsicas contra periodistas (que han llegado al asesinato en dos casos), la apertura sistem¨¢tica de procesos administrativos contra medios cr¨ªticos al Gobierno, el cierre masivo de emisoras, la censura previa o el abuso de la llamada "cadena nacional" (la retransmisi¨®n obligatoria de los discursos del presidente Ch¨¢vez) constituyen "un escenario restrictivo" que atenta contra la libertad de expresi¨®n. La CIDH es contundente: "El marco legal vigente sobre libertad de expresi¨®n" (que incluye figuras como el "desacato" y el "vilipendio", y aplica penas dur¨ªsimas) es incompatible con la Convenci¨®n Americana. Tanto el C¨®digo Penal como el C¨®digo de Justicia, se?ala el informe, "contienen normas que constituyen un medio para silenciar ideas y opiniones".

Todo este entramado represivo contra las libertades civiles ha dejado intacta, sin embargo, la criminalidad galopante: el Gobierno oculta las cifras, pero la CIDH se?ala que, en 2008, se registraron 13.780 homicidios -un promedio de 1.148 al mes- y 300 secuestros. El informe expresa su preocupaci¨®n por la impunidad existente y por el uso de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno. El crimen no se combate, pero en cambio aumentan las violaciones a los derechos humanos. En 2008, la propia Defensor¨ªa del Pueblo de Venezuela recibi¨® 134 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, 2.197 denuncias de abusos por parte de funcionarios, 87 por torturas y 33 casos de desapariciones forzadas.

Paramilitares

La CIDH llama tambi¨¦n la atenci¨®n sobre la proliferaci¨®n de grupos paramilitares. Los estatutos de la Milicia Nacional Bolivariana, creada por el Estado para "garantizar la independencia y la soberan¨ªa" del pa¨ªs (a imitaci¨®n del modelo cubano) son de una vaguedad inquietante. Y los grupos de choque, como Movimiento Tupamaro, Colectivo La Piedrita, Colectivo Alexis Vive o Unidad Popular Venezolana, est¨¢n tomando el control de las zonas urbanas populares, con la connivencia de las fuerzas de seguridad.

El CIDH aprecia "logros importantes en materia de derechos econ¨®micos, sociales y culturales", pero recuerda que eso "no puede justificar que se sacrifique la vigencia de otros derechos fundamentales".