L¨®pez testifica contra los abusos legales de Ch¨¢vez

La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuch¨® ayer los argumentos del exalcalde venezolano Leopoldo L¨®pez, en la primera de las dos audiencias en las que se tratar¨¢ la inhabilitaci¨®n pol¨ªtica de m¨¢s de 800 funcionarios p¨²blicos de Venezuela, decidida por la Contralor¨ªa General de este pa¨ªs (Tribu-nal de Cuentas) entre 2005 y 2008. Lo que alega L¨®pez en este proceso contra el Estado venezolano es que el Gobierno de Hugo Ch¨¢vez ha utilizado esta figura jur¨ªdica para sacarlo a ¨¦l y a varios dirigentes de la oposici¨®n del camino electoral. Que le han sancionado para no dejarle competir por la Alcald¨ªa Mayor de Caracas en las elecciones regionales de 2008 y para impedir que sea candidato en la contienda presidencial de diciembre de 2012, en la que Ch¨¢vez aspirar¨¢ a un tercer mandato consecutivo de seis a?os.

Leopoldo L¨®pez ?de 39 a?os, dos veces alcalde del municipio capitalino de Chacao?es uno m¨¢s de la media decena de l¨ªderes que aspiran a ser el candidato unitario de la oposici¨®n que se enfrente a Ch¨¢vez en 2012. Pero, debido a dos sanciones administrativas impuestas en su contra por la Contralor¨ªa General, tiene prohibido presentarse a ning¨²n cargo hasta 2014.

"No puedo negar que tengo la intenci¨®n de volver a entrar en la contienda electoral. Queremos recuperar nuestros derechos pol¨ªticos para poder ejercerlos", dijo L¨®pez ayer antes de rendir declaraci¨®n frente a la corte, en San Jos¨¦ de Costa Rica. Aunque, si el fallo de los jueces le es adverso, ha prometido apoyar al dirigente que sea escogido por la mayor¨ªa: "Estamos comprometidos a ser parte del cambio pol¨ªtico en Venezuela desde cualquier posici¨®n". Los adversarios de Ch¨¢vez, reunidos en la Mesa de la Unidad Democr¨¢tica (MUD), ya han anunciado que elegir¨¢n a su abanderado a trav¨¦s de elecciones primarias.

Al igual que L¨®pez, m¨¢s de 800 funcionarios p¨²blicos de Venezuela han sido sancionados por la Contralor¨ªa venezolana por haber incurrido en supuestas irregularidades administrativas durante el ejercicio de sus cargos. El 89% de los afectados por esta medida, anunciada en la v¨ªspera de las elecciones regionales de noviembre de 2008, militaba en partidos de oposici¨®n. Algunos de ellos no podr¨¢n ocupar puestos p¨²blicos hasta dentro de 15 a?os, a pesar de que hasta el momento no han sido juzgados ni condenados por ning¨²n tribunal.

El contralor venezolano, Clodosvaldo Russi¨¢n, declar¨® en aquel momento que se trataba de una "sanci¨®n administrativa muy especial" para "preservar el patrimonio p¨²blico". Este lunes, Russian reiter¨® que su decisi¨®n no puede calificarse como una "sanci¨®n pol¨ªtica" y que solo puede ser revertida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. "Si alguien no puede invocar que le han violado nunca los derechos pol¨ªticos es ¨¦l [Leopoldo L¨®pez]. (...) Particip¨® en un golpe de Estado y hasta en televisi¨®n sali¨® jact¨¢ndose de participar en el golpe que presidi¨® [Pedro] Carmona [el 11 de abril de 2002]", ha declarado el contralor a trav¨¦s del canal p¨²blico Venezolana de Televisi¨®n.

Seg¨²n lo declarado por Cristian Colson, el representante del Estado venezolano que se present¨® ayer como testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni L¨®pez ni ninguno de estos funcionarios han sido inhabilitados pol¨ªticamente, pues a largo de los ¨²ltimos dos a?os han podido votar y formar parte de organizaciones pol¨ªticas. Han sido inhabilitados "solo para ejercer funciones p¨²blicas", argument¨® Colson.

Hoy se realizar¨¢ la segunda y ¨²ltima audiencia sobre este caso, antes de que la Corte dicte sentencia. La demanda de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos es que se anule la inhabilitaci¨®n de L¨®pez, porque esta no ha sido el resultado de un proceso penal con garant¨ªas suficientes para su defensa y viola el art¨ªculo 23 de la Convenci¨®n Americana sobre Derechos Humanos. La Comisi¨®n ha pedido, adem¨¢s, que el Poder Legislativo venezolano reforme la Ley Org¨¢nica de la Contralor¨ªa General de la Rep¨²blica, que da fundamento a este tipo de sanciones administrativas.

En otros pa¨ªses como Colombia, M¨¦xico, Brasil y Per¨² tambi¨¦n existen leyes que prev¨¦n sanciones de esta naturaleza, y una decisi¨®n de la Corte a favor de Leopoldo L¨®pez marcar¨ªa un precedente sobre su futura aplicabilidad.

Otro caso de inhabilitaci¨®n pol¨ªtica que se discute actualmente en la regi¨®n es el de la senadora colombiana Piedad C¨®rdoba, acusada por el Gobierno de expresidente ?lvaro Uribe V¨¦lez de colaborar con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La senadora est¨¢ a la espera de que estas acusaciones sean confirmadas judicialmente.