La oposici¨®n de Venezuela espera una sentencia clave

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contin¨²a deliberando su decisi¨®n sobre la suerte pol¨ªtica de Leopoldo L¨®pez, uno de los l¨ªderes de la oposici¨®n venezolana con m¨¢s posibilidades de re?irle el poder a Hugo Ch¨¢vez en las presidenciales de 2012. L¨®pez, junto con centenares de funcionarios venezolanos, fue inhabilitado por el Estado para postularse a cargos de elecci¨®n popular hasta el a?o 2014. Durante el periodo de sesiones ordinarias que se lleva a cabo en Bogot¨¢, la Corte debe decidir si con esta decisi¨®n administrativa el Estado venezolano viol¨® o no los derechos pol¨ªticos de L¨®pez, tal y como lo aseguraba la Comisi¨®n Interamericana de los Derechos Humanos en su demanda de diciembre de 2009.

Si la sentencia fuese favorable al popular pol¨ªtico opositor, Venezuela estar¨ªa obligada a levantar la sanci¨®n contra L¨®pez. La sentencia es determinante, por tanto, para que pueda presentarse a las elecciones primarias programadas por la oposici¨®n para elegir a un candidato ¨²nico que se enfrente a Ch¨¢vez.

Leopoldo L¨®pez figura en las encuestas como uno de los favoritos para disputarle la presidencia a Ch¨¢vez, junto con los gobernadores de los Estados de Miranda y Zulia, Henrique Capriles Radonski y Pablo P¨¦rez, respectivamente. L¨®pez tiene 39 a?os, ha sido alcalde por dos periodos en el municipio capitalino de Chacao -uno de los m¨¢s ricos del pa¨ªs- y es coordinador nacional y fundador del partido Voluntad Popular.

Entre 2005 y 2008, la Contralor¨ªa General de la Rep¨²blica (Tribunal de Cuentas) le impuso dos sanciones administrativas que le proh¨ªben ejercer cargos p¨²blicos hasta el a?o 2014. Seg¨²n L¨®pez, se trat¨® de una decisi¨®n pol¨ªtica para impedir que se presentara como candidato a la Alcald¨ªa Mayor de Caracas en las elecciones regionales de 2008 y para cerrarle el camino a sus ambiciones presidenciales. Junto a L¨®pez, otros 800 funcionarios p¨²blicos fueron inhabilitados pol¨ªticamente por la Contralor¨ªa General en el mismo periodo, bajo el argumento de que hab¨ªan cometido irregularidades administrativas en el ejercicio de sus funciones. Muchos de ellos eran dirigentes de la oposici¨®n que aspiraban postularse a cargos de alcaldes o concejales en aquellas elecciones.

De manera indirecta, el fallo de la Corte tambi¨¦n decidir¨¢ c¨®mo se manejaran las alianzas internas entre la veintena de organizaciones que integran la opositora Mesa de la Unidad Democr¨¢tica (MUD), que en febrero de 2012 elegir¨¢ en primarias al candidato ¨²nico que enfrentar¨¢ a Ch¨¢vez. L¨®pez ya ha dicho que su inscripci¨®n en esa contienda depender¨¢ de lo que decida la CIDH: "Estamos esperando nuestra sentencia y nos hemos puesto en las manos del tribunal. Una vez sepamos la sentencia tomaremos las decisiones correspondientes. Tanto nosotros como el Estado tenemos una sola opci¨®n: acatar las decisiones de la Corte". Y tambi¨¦n ha asegurado que, si el resultado no le favorece, apoyar¨¢ al candidato de la oposici¨®n que elija la mayor¨ªa.