La justicia en Ecuador ensaya un lavado de cara ante su mala fama

En medio de las cr¨ªticas internacionales hacia Ecuador por su falta de independencia judicial, la Corte Nacional ecuatoriana, el m¨¢ximo ¨®rgano judicial del pa¨ªs,?se prepara para renovar por primera vez un tercio de su plantilla. Los 21 magistrados que integran la renovada Corte, en funciones desde enero de 2012, ya no ostentan cargos vitalicios como sus antecesores, sino que son nombrados, mediante un concurso de m¨¦ritos y oposiciones, para un periodo de nueve a?os y cada tres se hace una renovaci¨®n de siete magistrados.

Un total de 139 aspirantes pugna por uno de esos siete puestos. Estos han superado la fase de inscripci¨®n, que exig¨ªa una experiencia m¨ªnima de 10 a?os en derecho, entre otros requisitos, y se preparan para la fase de entrevistas que se llevar¨¢n a cabo este fin de semana. Cada candidato tendr¨¢ en torno a 20 minutos para responder sobre sus motivaciones para el puesto, pero sus intervenciones no ser¨¢n calificadas para evitar subjetividades. Esta es la principal diferencia con el proceso de selecci¨®n anterior, que se hizo en 2011, cuando se reestructur¨® la funci¨®n judicial en el pa¨ªs.

En 2011, una comisi¨®n internacional, encabezada por el exjuez Baltasar Garz¨®n, cuestion¨® el hecho de que algunos aspirantes mejoraran su puntuaci¨®n tras la audiencias orales y que fueran nombrados jueces de la Corte Nacional de Justicia en dem¨¦rito de otros postulantes que reunieron mayores m¨¦ritos. Estos jueces, que est¨¢n en sus funciones desde enero de 2012, han sido protagonistas de casos pol¨¦micos como el juicio del presidente Rafael Correa contra Diario El Universo, o el juicio por injurias que tambi¨¦n inici¨® Correa en contra de un asamble¨ªsta de la oposici¨®n y sus asesores. En ambos casos, los magistrados fallaron a favor del mandatario y ratificaron indemnizaciones millonarias a su favor.

Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura, organismo que regula el accionar de los jueces, niega que la valoraci¨®n de las entrevistas haya afectado la objetividad de la selecci¨®n anterior. ¡°La veedur¨ªa internacional no dice que por la entrevista se ha deslegitimado el proceso, lo que dice es que puede haber generado un margen de discrecionalidad que pudo haber afectado a alg¨²n candidato, frente a eso sugiere la eliminaci¨®n de la entrevista en t¨¦rminos de calificaci¨®n¡±, dice y a?ade que han acogido esta recomendaci¨®n.

Santiago Guarderas, profesor de derecho de la Universidad Cat¨®lica del Ecuador, se?ala que efectivamente se han eliminado subjetividades, pero todav¨ªa desconf¨ªa de otros par¨¢metros del concurso. Uno de ellos es la designaci¨®n de una comisi¨®n de expertos que asistir¨¢ al Pleno del Consejo de la Judicatura. ¡°El rol que cumple esta comisi¨®n es importante porque depura las preguntas que la Escuela de la Funci¨®n Judicial elabore para el concurso, pero ser¨¢ designada por la Judicatura y eso ser¨¢ a dedo. Tendremos un grupo que puede ser manejable y que est¨¢ vinculado al Consejo de la Judicatura, que a su vez est¨¢ constituido por gente del Ejecutivo¡±.

La otra preocupaci¨®n del jurista es que la prueba pr¨¢ctica, que prev¨¦ el an¨¢lisis de dos casos seleccionados por sorteo, se rendir¨¢ ante un tribunal integrado por miembros del Pleno de la Judicatura o delegados de ellos. ¡°Esto es otra vez una delegaci¨®n a dedo y el problema es que a diferencia de la prueba te¨®rica, donde hay una sola respuesta, la resoluci¨®n de casos pr¨¢cticos queda a criterio del pleno o de su delegado y esto deja que los 50 puntos finales sean subjetivos otra vez¡±, concluye Guarderas.

El listado de los jueces que dejar¨¢n su sill¨®n en enero de 2015 todav¨ªa es una inc¨®gnita. Se teme que magistrados que han sido cuestionados p¨²blicamente por el presidente est¨¦n en la cuerda floja. Como Johnny Ayluardo Salcedo, que dictamin¨® la libertad de la l¨ªder de la Uni¨®n Nacional de Educadores, Mery Zamora, sentenciada a ocho a?os de prisi¨®n por el delito de sabotaje y terrorismo debido a su intervenci¨®n en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Correa calific¨® su fallo como una ¡°barbaridad jur¨ªdica¡± y pidi¨® a la Fiscal¨ªa general del Estado que ponga una queja.

Jalkh insiste en que a¨²n no se ha seleccionado a nadie a¨²n para la renovaci¨®n y que se analizar¨¢ la tasa de resoluci¨®n de casos, la complejidad de las causas, entre otros par¨¢metros que ser¨¢n definidos en agosto. ¡°El pleno del Consejo (de la Judicatura) analizar¨¢ un informe t¨¦cnico de la Escuela de la Funci¨®n Judicial para determinar todos los par¨¢metros con los cuales ser¨¢n evaluados los jueces de la Corte Nacional de Justicia¡±, dice.

Lo que s¨ª se sabe es que el listado final ser¨¢ de seis jueces porque en diciembre del a?o pasado se destituy¨® al juez Jos¨¦ Suing, acusado de favorecer al Oleoducto de Crudos Pesados en un juicio que inici¨® el Servicio de Rentas Internas (SRI) para exigir el tributo de 17,7 millones de d¨®lares. El titular del SRI en ese entonces, Carlos Marx Carrasco, puso una queja en contra del juez y esto deriv¨® en su destituci¨®n y la anulaci¨®n de la sentencia que liberaba del pago a la empresa del oleoducto.

La Corte Nacional de Justicia no ha estado alejada de la pol¨¦mica. Antes de la Constituci¨®n de 2008, se llamaba Corte Suprema de Justicia y era cuestionada por la injerencia de los pol¨ªticos de turno. Adem¨¢s, los jueces de esta corte ten¨ªan cargos vitalicios lo que hac¨ªa imposible su renovaci¨®n. Esto fue as¨ª hasta que el presidente Lucio Guti¨¦rrez (enero 2003-abril 2005) tom¨® una medida in¨¦dita y destituy¨® a los 28 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y autom¨¢ticamente nombr¨® a una nueva corte.

La nueva corte estaba formada por abogados afines al Partido Roldosista Ecuatoriano, cuya primera medida fue archivar el juicio por peculado que ten¨ªa Abdal¨¢ Bucaram, l¨ªder de esa tienda pol¨ªtica y presidente del pa¨ªs entre agosto de 1996 y febrero de 1997. As¨ª allanaron el camino para que el expresidente retornara al pa¨ªs desde su exilio en Panam¨¢.

Esta arbitrariedad de la justicia deriv¨® en un reclamo ciudadano que ped¨ªa ¡°que se vayan todos¡± y as¨ª fue. Cay¨® Guti¨¦rrez y la Corte Suprema se mantuvo cerrada durante siete meses. La nueva Carta Magna que impuls¨® el Gobierno de Rafael Correa en 2008 promovi¨® la reingenier¨ªa total de esta instancia judicial que cambi¨® de nombre y se supedit¨® al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional. Este organismo cobr¨® fuerza y fue definido en la Constituci¨®n como el ¡°m¨¢ximo ¨®rgano de control, interpretaci¨®n constitucional y de administraci¨®n de justicia en esa materia¡±.