Europa no quiere ser un para¨ªso para los migrantes

El Gobierno conservador de David Cameron quiere demostrar a los migrantes que Reino Unido no es la tierra de la que mana leche y miel que retratan las profec¨ªas. Ante los miles de migrantes en el canal de la Mancha que esperan entrar ilegalmente desde Francia, la reacci¨®n brit¨¢nica ha sido prometer para oto?o una ley que sancionar¨¢ incluso a los caseros que alquilen una habitaci¨®n a extranjeros en situaci¨®n irregular.

No es la ¨²nica medida disuasoria que en los ¨²ltimos a?os han tomado unos Gobiernos europeos que en algunos casos sufren una presi¨®n real sobre sus servicios sociales, mientras que en otros s¨®lo quieren mostrar dureza ante sus ciudadanos. Desde Hungr¨ªa, donde cientos de presos est¨¢n siendo usados para levantar una valla antiinmigrantes en la frontera con Serbia, hasta Alemania, donde los sin papeles carecen de derechos b¨¢sicos, la UE est¨¢ decidida a demostrar su dureza con los visitantes no deseados. Todos los pa¨ªses (excepto Espa?a y Portugal, que s¨®lo prev¨¦n la devoluci¨®n), tienen multas y hasta penas de c¨¢rcel por entrar ilegalmente: ocho Estados establecen multas y 17 prisi¨®n y multas; pero la realidad es que estas sanciones s¨®lo se ejecutan en casos contados, de redes de tr¨¢fico de personas u entradas organizadas. La situaci¨®n en los grandes pa¨ªses receptores, condicionados por una mayor presi¨®n en sus cuentas y su sistema social que los pa¨ªses de tr¨¢nsito, es la siguiente:

Reino Unido

Los conservadores acusan a sus antecesores laboristas de un control laxo de los trabajadores ilegales, sobre el papel carentes de derechos laborales y sin beneficios sociales, pero en la pr¨¢ctica capaces de torear el sistema.

Las urgencias sanitarias y la escolarizaci¨®n de los menores est¨¢n excluidas de las restricciones a los ilegales que prepara el Gobierno. Pero los extranjeros carentes de permiso de residencia lo van a tener muy dif¨ªcil para trabajar, porque darles empleo constituir¨¢ delito, los bancos deber¨¢n verificar las cuentas de los sospechosos de situaci¨®n irregular (para que las autoridades puedan confiscar su salario) y los caseros afrontar¨¢n penas de hasta cinco a?os de c¨¢rcel si alquilan viviendas a quienes no puedan probar su residencia.

Hasta hace poco, a los indocumentados detectados por la polic¨ªa accediendo a Reino Unido por el eurot¨²nel se les tomaban las huellas dactilares antes de su expulsi¨®n. Con unos centros de detenci¨®n desbordados, hoy simplemente son devueltos a Francia hasta que vuelvan a intentarlo. Los que logran consumar la traves¨ªa pueden cursar demanda de asilo que, de ser aceptada en primera instancia, les procura apoyo econ¨®mico y vivienda durante la tramitaci¨®n, porque en ese periodo no tienen derecho a trabajar. Cameron quiere acortar esos plazos y etiquetar inmediatamente de ilegales a quienes se les deniegue el asilo, as¨ª como a quienes arribaron como turistas y estudiantes y permanecen en busca de trabajo.

Los inmigrantes legales seguir¨¢n benefici¨¢ndose de las prestaciones sociales, y sufriendo sus recortes como cualquier brit¨¢nico, pero el primer ministro quiere trazar una l¨ªnea para los reci¨¦n llegados, incluso comunitarios. Para tener acceso a ayudas se ha impuesto una espera de tres meses desde la llegada.

Francia

La mayor¨ªa de las personas sin papeles que son controladas en Francia acaban en comisar¨ªa, por un plazo m¨¢ximo de 16 horas, al fin del cual los agentes les entregan una orden de abandonar el pa¨ªs. Esta puede ser inmediata (con 48 horas para recurrir) o de 30 d¨ªas. Si es controlada de nuevo pasado ese periodo, puede ser enviado a un centro de retenci¨®n y expulsado. La polic¨ªa puede controlar a los inmigrantes en cualquier momento e incluso se presentarse en su domicilio para verificar su documentaci¨®n.

Vivir en Francia en situaci¨®n irregular dej¨® de ser delito en 2013, tras un fallo del tribunal europeo. Antes se castigaba con hasta un a?o de c¨¢rcel y una multa de 3.750 euros. Lo reemplaza el delito de ¡°mantenerse en situaci¨®n irregular¡± si el irregular es objeto de una medida de expulsi¨®n no cumplida. Tambi¨¦n se ha modificado el delito de entrada irregular, aunque esto no se aplica a los que ya est¨¢n establecidos: antes pod¨ªan ser condenados hasta tres a?os despu¨¦s de entrar, ahora solo lo son los cogidos in franganti.

Igualmente se ha suprimido el conocido como delito de solidaridad: el hecho de albergar a un sin papeles por motivos humanitarios. Se mantiene en caso de que haya beneficio o cualquier contrapartida. Se castiga con hasta cinco a?os de c¨¢rcel y 30.000 euros de multa ayudar a entrar, circular o permanecer de forma irregular a un inmigrante.

Los sin papeles pueden acogerse a la Ayuda M¨¦dica del Estado. Esta es v¨¢lida un a?o, se atribuye a personas en situaci¨®n irregular con m¨¢s de tres meses en el pa¨ªs y cubre el 100% de gastos b¨¢sicos. Esta atenci¨®n m¨¦dica espec¨ªfica para sin papeles es blanco habitual de los discursos antiinmigraci¨®n del Frente Nacional. La escolarizaci¨®n es gratis tambi¨¦n para todos los ni?os. Sin embargo, los irregulares no pueden optar a la mayor¨ªa de las ayudas familiares ni a vivienda social.

Alemania

Las autoridades calculan que en Alemania vive cerca de medio mill¨®n de inmigrantes sin permiso de residencia. A ojo de la legislaci¨®n, estas personas violan la ley y son considerados criminales, aunque cuando son descubiertos no van a la c¨¢rcel, sino que son devueltos a sus pa¨ªses.

Este peque?o ej¨¦rcito en las sombras carece de seguros m¨¦dicos, no puede alquilar una vivienda y tampoco puede optar a un trabajo normal, porque la ley proh¨ªbe a los empleadores emplear a irregulares. Aun as¨ª, suelen encontrar trabajo en restaurantes, hosteler¨ªa, en la construcci¨®n, en las firmas de mudanzas y limpiando hogares. Las leyes son m¨¢s categ¨®ricas con los m¨¦dicos y directores de escuela que se arriesgan a perder sus empleos o licencias si ofrecen asistencia a ilegales o admiten a sus hijos en las escuelas.

A pesar de las disposiciones legales, las autoridades locales muchas veces cierran los ojos para evitar expulsar a los ilegales, por miedo a la prensa y tambi¨¦n porque la expulsi¨®n cuesta dinero.

Mientras, la llegada masiva de refugiados a Alemania, unas 180,000 personas en los seis primeros meses del a?o, ha despertado una peligrosa ola xen¨®foba, sobre todo en ciudades peque?as en el este. Las autoridades han registrado 199 ataques contra albergues para refugiados. La violencia tambi¨¦n fue alimentada por Horst Seehofer, jefe del Gobierno b¨¢varo, quien est¨¢ haciendo campa?a contra los balc¨¢nicos, a quienes acusa de intentar aprovecharse de las generosas ayudas sociales.

Italia

En Italia los migrantes interceptados en la frontera en el momento en que intentan entrar de forma irregular son rechazados al momento, mientras que la ley estipula que tambi¨¦n lo ser¨¢n si est¨¢n ya dentro de territorio nacional de forma irregular. El problema es que para ser deportados necesitan tener una identidad y una nacionalidad para saber d¨®nde deportarlos, y muchos de los inmigrantes que llegan en las pateras no tienen documentaci¨®n. Quienes llegan por mar son primero socorridos, atendidos por los servicios sanitarios y, posteriormente, trasladados a un centro de acogida hasta que se esclarezca su situaci¨®n o hasta que consigan salir de ellos, tambi¨¦n de forma irregular, y logren salir del pa¨ªs, a menudo usando redes ilegales.

Los medios italianos calculan que, cada a?o, al menos 30.000 inmigrantes permanecen en el pa¨ªs de forma clandestina.

Los clandestinos en Italia trabajan en empleos sin garant¨ªas legales y con jefes que abusan de ellos. Muchos se ven excluidos del mercado de trabajo y se dedican al narcotr¨¢fico o la prostituci¨®n. Los clandestinos s¨ª tienen derecho a asistencia m¨¦dica pero solo en el caso de urgencia. S¨®lo las embarazadas y los menores tienen el servicio de salud garantizado, tambi¨¦n las vacunas y las visitas m¨¦dicas cotidianas. Los menores tambi¨¦n tienen el derecho y la obligaci¨®n de asistir a la escuela.

Holanda

Los inmigrantes ilegales son recluidos en centros de acogida repartidos por el pa¨ªs para no sobrecargar s¨®lo a los grandes municipios. En la pr¨¢ctica, est¨¢n aislados de la sociedad. Sin permiso de estancia y de trabajo, deben irse. Las asociaciones caritativas y algunos consistorios les ayudan a pesar de las restricciones oficiales.

En Holanda hay tambi¨¦n unos 27.000 refugiados en centros de acogida. Es la cifra m¨¢s alta de la ¨²ltima d¨¦cada. El r¨¦gimen de internamiento es r¨ªgido ya que no pueden salir ni trabajar mientras no dispongan de un permiso de residencia. El problema es que cerca de la mitad de los actuales internos ya lo ha conseguido y tiene por tanto derecho a ser trasladado a una vivienda normal. Una vez all¨ª, pueden inscribirse en el censo municipal, buscar empleo y solicitar la reunificaci¨®n familiar. Sin embargo, contin¨²an compartiendo el espacio con los dem¨¢s refugiados por falta de casas.

En abril, el Gobierno estuvo a punto de romperse por culpa de sus diferencias en el trato a los refugiados. Tras una dura negociaci¨®n entre los liberales de derecha (partido del primer ministro, Marc Rutte) y sus socios socialdem¨®cratas se decidi¨® ofrecer solo ayuda de emergencia a los que carezcan de documentaci¨®n pero accedan a abandonar Holanda. En la pr¨¢ctica, dicha ayuda se traduce en casa y comida, pero la mayor¨ªa llega de pa¨ªses en guerra y es muy dif¨ªcil repatriarlos.

Espa?a

A la vez que la crisis golpeaba con fuerza a los inmigrantes irregulares, el Gobierno del PP aprobaba una bater¨ªa de reformas legislativas que complica a¨²n m¨¢s la situaci¨®n de los sin papeles. No solo los recortes a toda la poblaci¨®n han hecho mella en este colectivo, con una tasa de pobreza relativa del 40% ¡ªla m¨¢s alta de la OCDE, solo superada por Grecia¡ª; sino que, adem¨¢s, el Ejecutivo decidi¨® centrar su mirada en los extranjeros y retirarles prestaciones b¨¢sicas.

Ana Mato encabeza la lista de agravios. La exministra de Sanidad dej¨® en 2012 sin atenci¨®n primaria a cerca de medio mill¨®n de personas, seg¨²n datos del INE y Empleo. Una reforma que se mantuvo hasta que, en marzo de este a?o, su sucesor anunciaba que la rectificaba ¡°por cuestiones de salud p¨²blica¡±: ¡°porque es m¨¢s pr¨¢ctico y para no saturar las urgencias¡±. Eso s¨ª, no les devolv¨ªa la tarjeta sanitaria. Algo que s¨ª han hecho ya algunas autonom¨ªas, como la Comunidad Valenciana.

En Educaci¨®n, los recortes han multiplicado sus efectos perniciosos entre los hijos de los inmigrantes. Todos los menores tienen derecho a estudiar, pero la igualdad de oportunidades se ha resentido. El ¨²ltimo informe elaborado por el Migration Policy Grup, dependiente de la Comisi¨®n Europea, ya destaca un incremento de las deficiencias del sistema. En ese sentido, denuncia la falta de clases de refuerzo para los hijos de los sin papeles: ¡°solo un tercio de estos alumnos reciben cursos de alfabetizaci¨®n adicionales¡±.

En este contexto de vulnerabilidad, la reforma del C¨®digo Penal tambi¨¦n preocupa a las ONG. El nuevo texto contempla sanciones para quienes ayuden, con ¨¢nimo de lucro, a un irregular a ¡°permanecer en Espa?a¡±. Una redacci¨®n muy ¡°ambigua¡±, explica Red Acoge, que puede llevar a perseguir a los caseros que alquilen habitaciones a sin papeles. Aunque el Ejecutivo ha se?alado que nunca interpretar¨¢ la Ley en ese sentido.

?Con informaci¨®n de Isabel Ferrer, J. J. G¨¢lvez, Enrique M¨¹ller, Mar¨ªa Salas Ora¨¢, Ana Teruel y Patricia Tubella.