La Ley de Seguridad Interior se estanca en el Congreso mexicano

El reloj corre contra M¨¦xico. El Congreso est¨¢ entrampado en la discusi¨®n de la Ley de Seguridad Interior, una de las normas m¨¢s importantes del periodo legislativo. El Gobierno del PRI ha elevado la presi¨®n para aprobar el texto que significar¨¢ una hoja de ruta para la actuaci¨®n de las fuerzas armadas y federales en el combate de la lucha contra el crimen organizado y otras amenazas al Estado. La Administraci¨®n Pe?a Nieto desea que sea aprobada antes de abril. El Ej¨¦rcito y la Armada tambi¨¦n han apremiado a las c¨¢maras de diputados y senadores.

La norma tiene diez a?os de retraso pero es hasta ahora que la prisa marca el comp¨¢s de la discusi¨®n pol¨ªtica. M¨¦xico cumpli¨® en diciembre pasado la primera d¨¦cada de su guerra contra los c¨¢rteles al narcotr¨¢fico. El Ej¨¦rcito y la Armada han sido herramientas claves del Estado en la batalla contra la delincuencia. En muchas ocasiones han suplantado a polic¨ªas corrompidas o incapaces de hacer frente a los c¨¢rteles. Esto ha ayudado a la seguridad, pero tambi¨¦n multiplic¨® las violaciones de derechos humanos. La guerra iniciada en el Gobierno de Felipe Calder¨®n ha dejado m¨¢s de 170.000 muertos y 30.000 desapecidos.?

Pe?a Nieto envi¨® a sus piezas m¨¢s influyentes a tratar de sacar el debate del atolladero. Miguel ?ngel Osorio Chong, el secretario de Gobernaci¨®n (Interior), visit¨® la semana pasada la C¨¢mara de Diputados. Una reuni¨®n con la oposici¨®n se extendi¨® por cuatro horas, pero el ministro no pudo arrancar un compromiso a los diputados del PAN, el partido que se ha mostrado dispuesto a cooperar en la elaboraci¨®n de la ley. ¡°Todav¨ªa no est¨¢n las condiciones para la aprobaci¨®n¡±, dijo el diputado Jorge Ramos (PAN).

La Ley de Seguridad Interior ha marcado la agenda desde el oto?o pasado. El senador Roberto Gil (PAN) present¨® una versi¨®n en septiembre. Su texto propone que el presidente pueda emitir una ¡°declaratoria de afectaci¨®n a la seguridad interior¡±. Esta permitir¨ªa actuar temporalmente a una fuerza especial conformada por miembros del Ej¨¦rcito, la Armada y la Fuerza A¨¦rea. La petici¨®n del ejecutivo deber¨¢ incluir una ¡°motivaci¨®n¡±, una ¡°delimitaci¨®n geogr¨¢fica¡±, ¡°temporalidad¡± y una ¡°descripci¨®n¡± de quien representa la amenaza para la seguridad interior. La iniciativa de ley indica que esta fuerza especial podr¨¢ actuar en un plazo de hasta 180 d¨ªas con la posibilidad de prorrogarse un per¨ªodo igual.

Pero es otra propuesta emanada del PRI, y que cuenta con el visto bueno del Ej¨¦rcito, la que servir¨¢ de punto de partida para la discusi¨®n legislativa. Esta fue elaborada en octubre por el diputado C¨¦sar Camacho, expresidente del PRI, y la diputada Martha Sof¨ªa Tamayo. El texto ha sido considerado m¨¢s vago en cuanto a las tareas y plazos a los que estar¨ªan sujetos los polic¨ªas federales y las fuerzas armadas.

Esta vaguedad ha sido considerada por los partidos de izquierda ¡ªel PRD, Morena, PT y Movimiento Ciudadano¡ª y grupos de acad¨¦micos como un cheque en blanco para las fuerzas armadas que, seg¨²n ellos, llevar¨ªa a la militarizaci¨®n del pa¨ªs. Un grupo de catedr¨¢ticos de Derecho del prestigioso Centro de Investigaci¨®n y Docencia Econ¨®mica (CIDE) ha mostrado su preocupaci¨®n por algunos fragmentos de la ley de Camacho y Tamayo. Uno de ellos en el art¨ªculo 28, que faculta a las autoridades militares ¡°hacer uso de cualquier m¨¦todo de recolecci¨®n de informaci¨®n¡±. Camacho ya ha ofrecido a los opositores pulir la redacci¨®n de su texto pare evitar malas interpretaciones.

El bloque de izquierda considera que la ley carece de contrapesos y es tan ambigua que podr¨ªa dar paso a la fuerza desmedida de las autoridades castrenses y aumenta la discrecionalidad de los mandos militares y del presidente.

Tambi¨¦n han considerado que su falta de concreci¨®n podr¨ªa ser usada en contra de las protestas y manifestaciones sociales. ¡°Si contin¨²an las pol¨ªticas enfocadas en la militarizaci¨®n solo se prolongar¨¢ un camino que ya ha sido condenado por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos¡±, asegur¨® Clemente Casta?eda (Movimiento Ciudadano), diputado por el estado de Jalisco.

Los diputados del PAN han condicionado la aprobaci¨®n de la ley de seguridad interior a la discusi¨®n del pol¨¦mico Mando Mixto. La oposici¨®n pretende matar dos p¨¢jaros de un tiro. Una ley estar¨ªa dirigida a acotar la participaci¨®n de la milicia en tareas de seguridad p¨²blica. La otra eliminar¨ªa miles de polic¨ªas municipales para crear 32 cuerpos estatales bien entrenados y capacitados. La ley del Mando Mixto, sin embargo, naufrag¨® en junio pasado, cuando el disenso en el Senado la enterr¨®.

Est¨¢ previsto que los gobernadores de Tamaulipas, Guerrero y Michoac¨¢n, tres entidades gravemente afectadas por la violencia del narcotr¨¢fico, visiten la C¨¢mara de Diputados en los pr¨®ximos d¨ªas. Los testimonios de los pol¨ªticos ¡ªuno del PAN, otro del PRI y el tercero del PRD¡ª ayudar¨¢n a los legisladores para confeccionar una propuesta m¨¢s adecuada a la realidad que viven algunas entidades donde la gobernabilidad ya est¨¢ amenazada.

El Gobierno y el PRI han aumentado la presi¨®n sobre las negociaciones. Ambos desean que el dictamen de la ley est¨¦ listo esta semana. Para ello, deber¨¢n incorporar las visiones de la oposici¨®n. El PRD, que ha presentado en el Senado una iniciativa que fija un semestre para que el Ej¨¦rcito deje las calles y vuelva a los cuarteles, tambi¨¦n se ha sumado a la postura del debate del Mando ?nico y a la necesidad de reglamentar el art¨ªculo 29 de la Constituci¨®n. Este explica el procedimiento para que el presidente decrete la suspensi¨®n de garant¨ªas en momentos de emergencia. Para la izquierda, la ley de seguridad interior no puede ser aprobada en solitario. La norma m¨¢s reclamada por la Administraci¨®n tendr¨¢ un arduo paso por la aduana.