El Gobierno mexicano, acusado de desviar 192 millones de d¨®lares a empresas fantasma

Entre 2013 y 2014, el Gobierno de M¨¦xico desvi¨® 192 millones de d¨®lares a empresas fantasma, compa?¨ªas que no existen, que carecen de actividad. As¨ª se desprende de una investigaci¨®n del diario digital Animal Pol¨ªtico y la asociaci¨®n civil Mexicanos Contra la Corrupci¨®n y la Impunidad (MCCI).?El dinero sali¨® de diferentes organismos p¨²blicos como la Secretaria de Desarrollo Social, el FOVISSSTE -uno de los dos seguros sociales mexicanos-, el Registro Agrario Nacional, el Banco Nacional de Obras o Pemex. En total, 11 instituciones. El dinero desapareci¨®, se esfum¨® de la faz de la tierra.

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Los investigadores sostienen que hasta ocho universidades p¨²blicas sirvieron de intermediarias para el desv¨ªo, algunas tan importantes como la Universidad Aut¨®noma del Estado de M¨¦xico, la regi¨®n m¨¢s poblada del pa¨ªs, y su par de Morelos. El esquema de desv¨ªo fue transversal al Gobierno de Pe?a Nieto y afecta, sobre todo, a la Secretar¨ªa de Desarrollo Social, entonces en manos de Rosario Robles y a Pemex, en los a?os de Emilio Lozoya y Juan Jos¨¦ Su¨¢rez. Tambi¨¦n afect¨® al Banco Nacional de Obras, cuando estaba en manos de Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de M¨¦xico. Son, en total, 11 organismos p¨²blicos.

En M¨¦xico, la Ley General de Adquisiciones obliga al sector p¨²blico a licitar sus contratos de obras y servicios. Es decir, que la secretar¨ªa que necesita algo arma un concurso entre empresas, la mejor gana y pasa a integrar la n¨®mina de proveedores del Gobierno. La ley permite que el sector p¨²blico obvie la licitaci¨®n si contrata con universidades. En vez de sacar a concurso una obra, firma un convenio con una universidad y esta se encarga. La universidad debe realizar al menos el 51% del servicio contratado.

La investigaci¨®n apunta que los organismos se?alados aprovecharon este recodo legal para armar un esquema de desv¨ªo de fondos multimillonario. Las universidades firmaron en esos a?os 73 convenios con el sector p¨²blico, acuerdos que les obligaban a prestar una serie de servicios que, en muchos casos, no se dieron. En vez de eso, se quedaban una comisi¨®n y subcontrataban con empresas. En muchos casos, seg¨²n los investigadores, las empresas ni siquiera exist¨ªan. Solo por intermediar, las universidades se habr¨ªan quedado 56 millones de d¨®lares en concepto de comisiones.

Estos 73 convenios derivaron en contratos con 186 empresas. De acuerdo al conteo de la investigaci¨®n, 128 de las 186 presentaban ¡°lagunas legales¡±. El Servicio de Administraci¨®n Tributaria, SAT, declar¨® ¡°fantasma¡± a 11 e investiga a nueve m¨¢s por la misma raz¨®n; 28 no tienen direcci¨®n; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no est¨¢n en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretar¨ªa de Econom¨ªa, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relaci¨®n con los servicios para los que recibieron contrato y 10 m¨¢s no fueron localizadas por la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n (ASF), cuando las busc¨® para revisar su legalidad. Aunque el dinero desviado asciende a 192 millones de d¨®lares, esas 186 empresas recibieron en total 429 millones de d¨®lares en contratos. De acuerdo a Animal Pol¨ªtico y MCCI, todos los contratos violan la Ley General de Adquisiciones.

La investigaci¨®n apunta que las empresas no ten¨ªan nada que ver con los servicios para los que las contrataban. Hay un caso de una compa?¨ªa que vende zapatos, a la que encargaron el ¡°redise?o¡± del servicio de atenci¨®n del seguro social de los trabajadores p¨²blicos. En 2013, El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, destin¨® 12 millones de d¨®lares para simplificar la burocracia de los cr¨¦ditos hipotecarios. Quer¨ªa aligerar el proceso para que los empleados p¨²blicos accedieran al dinero con mayor facilidad. El FOVISSSTE firm¨® cinco convenios con la Universidad Aut¨®noma del Estado de M¨¦xico. Hasta ah¨ª todo legal. La universidad deber¨ªa haber armado una propuesta para el organismo, pero en vez de eso, subcontrat¨® parte de los trabajos con Interamericana de Negocios y Comercio, que se dedica, seg¨²n su acta constitutiva, a la venta de zapatos.

Tambi¨¦n contrat¨® a tres empresas, investigadas por el SAT por operaciones irregulares. Y a otras tres que no est¨¢n registradas ante la Secretar¨ªa de Econom¨ªa. En 2013, la Auditoria Superior de la Federaci¨®n concluy¨® que no hab¨ªa pruebas de que los trabajos se hubieran realizado.

El caso Pemex

Petr¨®leos Mexicanos, Pemex, firm¨® 39 de los 73 convenios con seis universidades del sur de M¨¦xico. La paraestatal reparti¨® decenas de millones de d¨®lares entre los centros, que estos a su vez, despu¨¦s de agenciarse la comisi¨®n, transfirieron a empresas. Seg¨²n la investigaci¨®n, algunas ni siquiera exist¨ªan.?

Es el caso, por ejemplo, de cuatro empresas del Estado de Tabasco, en el Golfo de M¨¦xico. En 2013, el Instituto Tecnol¨®gico Superior de Comalcalco firm¨® un convenio con Pemex para?dar ¡°servicios profesionales especializados en ingenier¨ªa¡± por 32 millones de d¨®lares. ?El centro subcontrat¨® con cuatro empresas, dos de las cuales ni siquiera exist¨ªan. Las otras dos, que si exist¨ªan, compart¨ªan con las dos primeras a los socios, los representantes legales y comisarios. La investigaci¨®n pudo comprobar que todos eran testaferros.?

Este esquema de presuntas corruptelas se inaugur¨® en el Gobierno de Felipe Calder¨®n y ha seguido con el de Pe?a Nieto.?