¡°Hay que garantizar que los cocaleros puedan elegir sin la presi¨®n de grupos ilegales¡±

El Gobierno colombiano y la ONU firmaron el pasado viernes en Viena un convenio para impulsar la lucha contra los cultivos de coca en ese pa¨ªs, donde el acuerdo de paz con las FARC suscrito hace un a?o a¨²n no ha resuelto los problemas de violencia en el campo y el yugo que el narcotr¨¢fico impone a las comunidades campesinas. Las autoridades han puesto en marcha programas de sustituci¨®n voluntaria y de erradicaci¨®n forzosa para acabar con las 146.000 hect¨¢reas de cultivos registradas en 2016 y se han comprometido a eliminar unas 100.000 antes de 2019. Pero al margen de las cifras, y en medio de las presiones de la Administraci¨®n estadounidense de Donald Trump, el plan antidroga de Colombia persigue una renovaci¨®n radical de los ecosistemas ilegales que azotan las zonas rurales.

En este contexto, en el que la colaboraci¨®n con la ONU es decisiva para que este prop¨®sito sea sostenible en el tiempo, el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), Bo Mathiasen, habla de los objetivos y los desaf¨ªos de esta transici¨®n. En primer lugar, explica en conversaci¨®n telef¨®nica desde la capital de Austria, se trata de una alianza ¡°que respalda en su intenci¨®n, en su esp¨ªritu, el acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC¡±. ¡°Este proyecto [que tiene una duraci¨®n de cuatro a?os y un presupuesto de hasta 315 millones de d¨®lares] tiene como objetivo ayudar b¨¢sicamente en cuatro cosas: la primera es el tema de fortalecimiento o creaci¨®n de proyectos productivos, un tema muy importante para poder generar oportunidades nuevas, legales, para las comunidades cocaleras; el segundo objetivo es tener unos proyectos de seguridad alimentaria para garantizar que tengan sus alimentos y la comida asegurada durante el proceso de transformaci¨®n; el tercero es el tema de titulaci¨®n de tierras para que los campesinos tengan m¨¢s arraigo en su propio territorio y en sus comunidades obteniendo los t¨ªtulos de sus fincas; y por ¨²ltimo tenemos el tema de monitoreo verificaci¨®n que es muy importante en el proceso porque nos vamos seguidamente a monitorear y verificar el cumplimiento de estos campesinos¡±, describe.

Mathiasen, que defiende la eficacia de la sustituci¨®n voluntaria y del trabajo de negociaci¨®n con las comunidades frente a la erradicaci¨®n forzosa, recuerda que ¡°este no es un proceso muy r¨¢pido, es un poco lento¡±. Los ritmos dependen del protocolo adoptado, que empieza por contactar con las familias y tratar de convencerlas de que participen en alg¨²n programa de conversi¨®n de sus cultivos, principalmente al cacao o al caf¨¦. Seg¨²n el Gobierno, est¨¢n dispuestas a hacerlo alrededor de 120.000 familias y decenas de miles ya se han involucrado. A cambio, recibir¨¢n durante el primer a?o un mill¨®n de pesos al mes, casi 350 d¨®lares.

¡°En este momento tenemos un resultado muy positivo¡±, asegura el representante de la ONU, ¡°porque b¨¢sicamente hemos registrado que el 87% de los predios que contamos, que hemos verificado hasta el momento, no ten¨ªa coca¡±. Pero estos n¨²meros mejoran bastante si no contamos el municipio de Tib¨², espec¨ªficamente la vereda de Ca?o Indio, porque en esta zona ten¨ªamos un cumplimiento bajo. Si no contamos el municipio de Tib¨²- en el noreste del pa¨ªs-, el cumplimiento ha sido como del 94%¡±, agrega.

A partir de su experiencia sobre el terreno, ¡°las comunidades cocaleras creen en este programa y quieren hacer parte de este programa y no quieren la erradicaci¨®n forzosa, porque ellos tambi¨¦n entienden que la erradicaci¨®n forzosa no los deja con las oportunidades de cambio, no los deja con las oportunidades de tener un apoyo importante¡±. ¡°Es como sembrar una semilla para poder pasar de la ilegalidad hacia la legalidad. Eso para ellos es tan importante y por eso est¨¢n interesados, est¨¢n bastante motivados para facilitar este trabajo¡±, insiste. En cualquier caso, se?ala uno de los principales obst¨¢culos: la inseguridad. Estas poblaciones viven a menudo bajo el control de c¨¢rteles, mafias y paramilitares que les obligan a defender las plantaciones de coca frente a las autoridades. Y la coacci¨®n desemboca en choques violentos, como ocurri¨® hace un mes en el municipio de Tumaco, en la costa del Pac¨ªfico, donde murieron al menos seis campesinos.

¡°Est¨¢ muy claro que, para lograr un proceso sostenible en el tiempo, de transformaci¨®n y desarrollo, el tema de seguridad es clave¡±, contin¨²a Mathiasen. ¡°Y el tema de seguridad es literalmente la presencia del Estado a trav¨¦s de la polic¨ªa o del Ej¨¦rcito para garantizar que las comunidades est¨¢n en una situaci¨®n donde pueden tomar decisiones libres sin presi¨®n por grupos organizados ilegales y donde pueden ingresar en los programas de sustituci¨®n sin tener ning¨²n tipo de riesgo o amenaza¡±. ¡°Evidentemente, es un criterio importante para lograr la sostenibilidad de sustituci¨®n, porque si hay unos grupos armados que tienen presencia y tienen control sobre estas comunidades pueden tambi¨¦n exigir que les cedan sus tierras¡±.

Con respecto a los tiempos de aplicaci¨®n de este programa, Mathiasen se?ala que ¡°hay que tener unas expectativas realistas¡±, aunque destaca que ¡°lo m¨¢s importante en este momento es trabajar bien con las comunidades, lograr la sostenibilidad de los resultados, es decir que hay que dar tiempo a las comunidades campesinas para hacer esta transici¨®n a la legalidad¡±. ¡°Tengo una expectativa muy positiva sobre este proceso. Obviamente es un proceso costoso, pero tambi¨¦n es costosa la erradicaci¨®n forzosa¡±, razona, antes de poner el acento en otra prioridad: el desarrollo del campo y las infraestructuras, sobre todo las carreteras y los caminos que permitan a estas comunidades abrirse al mundo. Y ese ser¨¢ uno de los mayores desaf¨ªos de Colombia en el futuro.