La v¨ªctima que se hizo abogada para obtener justicia

El tiempo no repara las violaciones de derechos humanos. Han pasado casi 17 a?os y Linda Loaiza L¨®pez Soto se quebr¨® al dar su testimonio frente a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que pas¨® entre el 27 de marzo de 2001, cuando fue secuestrada por un hombre desconocido que la tortur¨®, la golpe¨® con palos, la quem¨® con cigarrillos y la viol¨® a diario por casi cuatro meses, y el 19 de julio de 2001, cuando?logr¨® escapar de su cautiverio. Ten¨ªa apenas 18 a?os y estaba reci¨¦n llegada a Caracas de una ciudad del interior de Venezuela para empezar una nueva vida. Ese a?o, sin embargo, dio un tr¨¢gico vuelco para ella y su familia.

La audiencia de este martes en San Jos¨¦ (Costa Rica) es un hito en un largo laberinto judicial que emprendi¨® L¨®pez Soto en tribunales venezolanos para intentar buscar justicia por lo sufrido. Tambi¨¦n es hist¨®rico para la instancia: es el primer caso de violencia de g¨¦nero de una venezolana en la corte internacional.

"Mi voz es la de muchas mujeres en Venezuela y en Am¨¦rica Latina que no han podido denunciar los hechos de los que han sido v¨ªctimas", ha dicho. "Estoy indignada porque es imposible acceder a la justicia a mi pa¨ªs: me vi obligada a estudiar Derecho para luchar por mi causa. Es importante que valoren mi testimonio, que sea valorado con equidad y justicia". El camino recorrido no ha sido ni mucho menos sencillo ni recto: "No fue f¨¢cil llegar hasta ac¨¢, pero vine porque conf¨ªo en este sistema y espero no recibir las respuesta que me dio el poder judicial venezolano, que nunca investig¨® los hechos, solo porque mi agresor era hijo del rector de la universidad, una persona con poder".

El historial m¨¦dico de L¨®pez Soto es un inventario de los terribles abusos a los que fue sometida por parte de Luis Carrera Almoina, el hombre que la abord¨® por la espalda cuando sal¨ªa de su casa, la forz¨® a meterse en su camioneta y la mantuvo presa en hoteles y un apartamento durante esos meses de 2001. La v¨ªctima ha tenido que hacerse 15 cirug¨ªas desde entonces. Y todav¨ªa faltan m¨¢s para que la reconstrucci¨®n corporal sea completa. "La primera por una triple fractura de la mand¨ªbula, en los ojos por una catarata provocada por los traumatismos, dos operaciones en el p¨¢ncreas por un quiste por traumatismo, tuve que hacerme una reconstrucci¨®n vaginal, de los pabellones de mis orejas, de mi nariz, he tenido un largo proceso de ortodoncia y durante todo este tiempo he sido sometida a tratamiento psicol¨®gico y psiqui¨¢trico", ha dicho ante el tribunal.

Pero su calvario se desarroll¨® en paralelo con otro desde que su hermana Ana Secilia report¨® su desaparici¨®n. Por un lado, el secuestro de Linda. Por otro, el del acceso la justicia de parte de sus familiares, el que viven la mayor¨ªa de las v¨ªctimas en Venezuela ¡ªel segundo pa¨ªs m¨¢s violento del mundo¡ª donde el 90% de los cr¨ªmenes quedan impunes. Es, adem¨¢s, la ¨²ltima naci¨®n en el ¨ªndice de Estado de derecho realizado por World Justice Project. En el caso espec¨ªfico de la violencia contra las mujeres, un mal invisibilizado en Am¨¦rica Latina, los indicadores son a¨²n m¨¢s deplorables: solo el 0,7% de las 70.763 denuncias recibidas en 2014 llegaron a juicio.

La hermana de la v¨ªctima, que ten¨ªa 19 a?os de edad cuando ocurrieron los hechos, acudi¨® seis veces a la polic¨ªa a reportar lo ocurrido para que le tomaran una denuncia formal. ¡°Se burlaban de m¨ª, me dec¨ªan que Linda seguro se hab¨ªa ido con el novio y yo estaba intentando interponerme en su relaci¨®n, que ten¨ªa que esperar 48 horas para hacer el reporte¡±, relat¨® en su intervenci¨®n. Durante el proceso recibi¨® amenazas de muerte que fueron desestimadas e incluso fue coaccionada por la fiscal que asumi¨® el caso entonces para que pactara con la familia del agresor un arreglo monetario por lo ocurrido, seg¨²n su testimonio.

Durante el cautiverio, ha relatado Ana Secilia, el agresor llam¨® varias veces y le pon¨ªa a su hermana al tel¨¦fono, a quien obligaba a decirle groser¨ªas y que parara de denunciar. Por la primera de esas llamadas se supo que estaba con Luis Carrera, el nombre que estaba grabado en la contestadora de su celular, un dato que la polic¨ªa desestim¨® inicialmente e incluso, seg¨²n consta en el expediente, uno de los agentes llam¨® al agresor y lo alert¨® de las diligencias, por lo que L¨®pez Soto recibi¨® represalias de parte de su secuestrador. Despu¨¦s de esa llamada, seg¨²n los abogados, la mujer vivi¨® la peor de las palizas que se sucedieron durante su cautiverio.

Entre 2001 y 2007 L¨®pez Soto llev¨® a cabo una dolorosa peregrinaci¨®n por los tribunales venezolanos, que incluy¨® una huelga de hambre frente al Supremo. Las audiencias de su caso fueron diferidas 38 veces; el expediente estuvo en manos de 76 jueces y 59 de ellos se inhibieron; y se reportaron irregularidades procesales y maltratos derivados de estereotipos de g¨¦nero, de acuerdo con lo que se?al¨® el equipo defensor de L¨®pez Soto integrado por abogados del Centro Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional y la ONG venezolana Cofavic.

En el primer juicio, el agresor fue absuelto. En el segundo, solo le calificaron los delitos de privaci¨®n ileg¨ªtima de libertad y lesiones grav¨ªsimas, obvi¨¢ndose la violencia y tortura sexual y el homicidio calificado en grado de frustraci¨®n. "Estuve tres meses secuestrada, casi muerta. Y el hecho de que haya sobrevivido no quiere decir que estoy bien, por eso quiero justicia", dijo L¨®pez Soto ante los jueces de la CIDH. De ah¨ª que denunciara al Estado venezolano por el proceso de revictimizaci¨®n que sufri¨® en su caso.

Jurisprudencia para toda la regi¨®n

Durante la audiencia, la perito chilena Daniela Kravetz explic¨® que la jurisprudencia y los protocolos en la materia de prevenci¨®n de violencia de g¨¦nero establecen que la mera desaparici¨®n de una mujer es una alerta roja para los Estados para dar una debida diligencia en la investigaci¨®n de los casos por la previsibilidad de que la persona sea v¨ªctima de violencia sexual. Asimismo, la experta en tortura y esclavitud sexual se?al¨® que en casos cometidos por particulares los agentes estatales se convierten en responsables si no reaccionan a tiempo, mitigan o aplacan las denuncias o no toman medidas para detener o evitar perjuicios a la mujer.

¡°Hay omisi¨®n de parte del Estado, al haber tomado medidas de previsibilidad de la conducta violenta de un agresor. Tienen la obligaci¨®n de actuar para evitar m¨¢s da?os a la v¨ªctima o a otras v¨ªctimas¡±, se?al¨® Kravetz. El caso, dice, ha cumplido los indicadores de tortura y esclavitud sexual, un delito que est¨¢ mucho m¨¢s en las sombras que el feminicidio. En este caso L¨®pez Soto denunci¨® que otras mujeres fueron v¨ªctimas del agresor y los se?alamientos tambi¨¦n fueron desestimados por las autoridades: ¡°?l me mostr¨® fotograf¨ªas de lo que hab¨ªa hecho a otras mujeres y eso lo dije a los fiscales y no lo investigaron¡±. El Estado venezolano alega el desconocimiento del hecho. Su representante ha hecho, sin embargo, un reconocimiento parcial de los hechos y, leyendo un escrito, pidi¨® perd¨®n a la v¨ªctima.

Un a?o para decidir

¡°El solo hecho de ser escuchada ha sido un acto reparador para Linda¡±, dice Elsa Meany, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. ¡°La Corte puede avanzar a¨²n m¨¢s con este proceso de reparaci¨®n al emitir una decisi¨®n que ordene al Estado venezolano a reconocer la problem¨¢tica de violencia basada en g¨¦nero, y tomar medidas para garantizar la no repetici¨®n de hechos similares¡±.

Seg¨²n un informe del comit¨¦ de la ONU sobre discriminaci¨®n de g¨¦nero en 2014, la violencia contra de las mujeres y ni?as ¡°es generalizada y est¨¢ en aumento¡±. En 2016, de los 332 asesinatos de mujeres que se registraron en Venezuela, 169 corresponden a cr¨ªmenes de g¨¦nero. El pa¨ªs est¨¢ entre los 10 de la regi¨®n con m¨¢s feminicidios. ¡°El caso de Linda es muy importante para las mujeres del todo continente v¨ªctimas de tortura y esclavitud sexual¡±, declar¨® la defensora de derechos humanos Liliana Ortega.

Los representantes solicitaron el establecimiento de responsabilidades y sanciones y reparaci¨®n de forma ¨ªntegra para L¨®pez Soto y sus familiares. Adem¨¢s, exigen la publicaci¨®n de datos desglosados sobre la violencia basada en g¨¦nero, que revele la prevalencia de estos delitos, as¨ª como tambi¨¦n dise?ar, en conjunto con sociedad civil y v¨ªctimas, protocolos para guiar la investigaci¨®n penal de denuncias de violencia sexual y la atenci¨®n m¨¦dica adecuada. La defensa y el Estado venezolano tendr¨¢n un mes para desarrollar sus alegatos. El tribunal internacional podr¨ªa dictar una sentencia en seis meses o un a?o.