M¨¦xico busca frenar el derroche de la publicidad oficial

El Congreso mexicano avanza a contrarreloj en la regulaci¨®n de la publicidad oficial y lo hace mediante un proceso legislativo que las organizaciones civiles han tachado de ¡°desaseado¡± y de ¡°simulaci¨®n¡±. El martes iniciaron en el Senado las audiencias p¨²blicas sobre una ley que debe emitirse antes del 30 de abril. La norma obedece a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) que oblig¨® al Congreso a regular el gasto discrecional en propaganda del Gobierno, que supera los 2.000 millones de d¨®lares desde 2013. Los colectivos convocados al debate acusaron falta de seriedad en el llamado a la audiencia, ya que se organiz¨® con cinco d¨ªas de anticipaci¨®n y hubo personas convocadas que no fueron citadas y se enteraron de su participaci¨®n en redes sociales.

El colectivo #MediosLibres, que agrupa a periodistas, medios de comunicaci¨®n y a organizaciones civiles, acad¨¦micas y empresariales, ha denunciado que los textos que preparan los partidos no garantizan el derecho a la libertad de prensa y no avanzan hacia la transparencia y la rendici¨®n de cuentas. La propuesta m¨¢s preocupante es la presentada por el Partido Revolucionario institucional (PRI) y sus aliados, el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal). ¡°Es una iniciativa preocupante porque lo que hace es convertir los lineamientos de publicidad que ya existen en propuesta de ley, lo cual significar¨ªa que estar¨ªamos institucionalizando pr¨¢cticas que no han servido para tener una mejor relaci¨®n entre el sistema pol¨ªtico y los medios de comunicaci¨®n¡±, explica?Hayde¨¦ P¨¦rez Garrido, directora del centro de an¨¢lisis Fundar. .

El fallo del Supremo, el 15 de noviembre de 2017, orden¨® al Congreso expedir una ley que regulara el gasto en publicidad. La resoluci¨®n del m¨¢ximo ¨®rgano de justicia, calificada de hist¨®rica, se dio tras resolver un amparo que promovi¨® Art¨ªculo 19, una organizaci¨®n internacional que defiende la libertad de expresi¨®n. El 10 de febrero de 2014 se promulg¨® la reforma constitucional en materia pol¨ªtico-electoral que instru¨ªa al Congreso a legislar en la materia, pero esto nunca se hizo. Ante la omisi¨®n, la organizaci¨®n promovi¨® un amparo para que se diera cumplimiento al mandato.

El Supremo destac¨® que la ausencia de regulaci¨®n en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicaci¨®n social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresi¨®n. ¡°La omisi¨®n de expedir la ley se?alada viola la libertad de expresi¨®n, de prensa y de informaci¨®n. Este derecho requiere de medios de comunicaci¨®n libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos econ¨®micos suficientes¡±, se expuso en un comunicado.

El colectivo #MediosLibres ha exigido al Congreso escuchar diferentes voces en las mesas de discusi¨®n. ¡°No queremos que esto sea una simulaci¨®n como ya lo hemos visto antes, donde llaman a audiencias, nos escuchan y al final elaboran y aprueban leyes sin tomar en cuenta los planteamientos que hace la sociedad civil¡±, dice Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulaci¨®n, Medios y Convergencia.

La experta en temas de derecho a la informaci¨®n dice que la audiencia de este martes fue una simulaci¨®n porque el Congreso no ha llegado a un acuerdo sobre la metodolog¨ªa, los tiempos y los objetivos espec¨ªficos en la elaboraci¨®n del dictamen. Adem¨¢s, las iniciativas de ley que han revisado mantienen a la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n (Interior) como la instancia que debe seguir teniendo el control del uso de la publicidad oficial. ¡°Siempre ha sido un absurdo que la instancia de control pol¨ªtico en M¨¦xico sea la que maneje el tema de publicidad oficial porque a lo largo de los a?os s¨®lo ha demostrado un mal manejo y uso arbitrario de los recursos en este tema¡±, argumenta.

Hayde¨¦ P¨¦rez, de Fundar, cree que el proceso legislativo es poco ordenado pues no brinda certeza a los interesados en participar y parece ser un intento de simulaci¨®n m¨¢s que un genuino inter¨¦s en contrastar ideas con los ciudadanos. ¡°Levanta la suspicacia de nuestra parte y nos hace pensar que est¨¢n incluyendo las audiencias en el proceso como una mera formalidad para decir que hubo participaci¨®n ciudadana pero sin establecer un di¨¢logo real para configurar una ley que atienda de fondo la problem¨¢tica de la publicidad oficial en el pa¨ªs¡±, afirma.

El colectivo, al que pertenece P¨¦rez y Calleja, se ha pronunciado porque la ley impida los abusos que se han documentado en los ¨²ltimos a?os, como el contenido propagand¨ªstico de la publicidad, la discrecionalidad y la discriminaci¨®n en su asignaci¨®n, la opacidad en la contrataci¨®n y el ejercicio de los recursos, la ausencia de rendici¨®n de cuentas y la inequidad. La norma debe considerar sujetos obligados a quienes reciben recursos p¨²blicos asociados a la publicad oficial. ¡°Se deber¨¢ contar con una lista nacional de servicios de publicidad oficial que favorezca la transparencia y la rendici¨®n de cuentas en los servicios de contrataci¨®n¡±, han exigido.

El contenido de la publicidad oficial debe ser informativo, ¨²til y necesario y no debe promover la imagen de los funcionarios p¨²blicos como lo estipula la propia Constituci¨®n. Tampoco debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios, ha advertido #MediosLibres. Adem¨¢s la ley debe establecer las sanciones a las que ser¨¢n acreedores los servidores p¨²blicos o usuarios de los recursos p¨²blicos que violen lo dispuesto en la normatividad.