Los ultraconservadores no cesan su batalla contra el aborto en Europa
Los grupos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer agudizan su ofensiva. Polonia y Eslovaquia debaten endurecer sus leyes de interrupci¨®n del embarazo
Los movimientos ultraconservadores de todo el mundo han tomado desde hace a?os el cuerpo de la mujer como su campo de batalla ideol¨®gico. Y animados por la deriva de Estados Unidos, donde desde la llegada al poder de Donald Trump han logrado varias victorias, y en guardia por el avance de la ola de feminismo global que lo sacude todo, las organizaciones anti-derechos de Europa han incrementado su ofensiva. El derecho al aborto peligra en varios pa¨ªses del Este, como en Polonia y en Eslovaquia, donde estos grupos anti-derechos se han movilizado para contrarrestar el avance de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, tras el fracaso de su campa?a contraria a legalizar el aborto en Irlanda, luchar¨¢n para que la nueva ley sea lo m¨¢s estricta posible y que el camino de las mujeres para acceder a la prestaci¨®n sea complejo.
Ese es el caso de Polonia, el pa¨ªs de la UE con la ley m¨¢s restrictiva, tras Malta ¡ªdonde el aborto est¨¢ completamente prohibido¡ª y ya por poco tiempo Irlanda, donde la ciudadan¨ªa ha decidido en un refer¨¦ndum hist¨®rico legalizarlo. En el Gigante del Este, donde estos grupos utraconservadores tienen mucha fuerza apoyados en el Gobierno ultra cat¨®lico y nacionalista y en la fuerza de la Iglesia, solo se permite el aborto por violaci¨®n, riesgo grave para la salud de la mujer o anomal¨ªas fetales graves¡ª. All¨ª, estas organizaciones han encabezado una iniciativa ciudadana que ahora estudia el Ejecutivo de Ley y Justicia (PiS) para prohibir esta intervenci¨®n en casos de malformaci¨®n fetal. Algo que en la pr¨¢ctica implica que Polonia dejar¨ªa de realizar abortos, ya que el 96% de estas intervenciones se hace bajo ese supuesto: unos mil al a?o.
La ley es tan severa en Polonia que las mujeres se ven obligadas a viajar al extranjero para abortar, aunque est¨¦n cubiertas por uno de los supuestos legales;?o a recurrir a un aborto clandestino, muchas veces con pastillas compradas en Internet o en el mercado negro. Una realidad que le ha costado a Polonia varias condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no ha hecho sino ignorar. En 2015, la movilizaci¨®n ciudadana y la presi¨®n internacional obligaron al Gobierno polaco a retirar otra propuesta para recortar los derechos de las mujeres, un ejemplo que las organizaciones de mujeres y de derechos civiles esperan que se repita con este nuevo intento de recortar derechos.
En Espa?a, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tambi¨¦n tuvo que retirar una propuesta de ley para endurecer la norma actual, que permite a la mujer abortar sin justificar su decisi¨®n hasta la semana 14. Tras las manifestaciones masivas de las mujeres, la ley no solo no sali¨® adelante ¡ªaunque s¨ª un apartado que recortaba los derechos de las menores de 16 y 17 a?os¡ª sino que el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, dimiti¨®.
Casos que no disuaden a estos grupos a dar la batalla. En Eslovaquia, donde la ley permite el aborto sin dar explicaciones hasta la semana 12 de gestaci¨®n ¡ªuna ¡®ley de plazos¡®, como en la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la UE¡ª, el partido de la derecha radical y neonazi Kotleba ha propuesto en el Parlamento restringir esta intervenci¨®n solo a casos de violaci¨®n, riesgo para la vida de la mujer o cuando se detecten anomal¨ªas fetales graves. Organizaciones ultracristianas y algunos diputados conservadores apoyan la iniciativa en el pa¨ªs del Este, de 5,4 millones de habitantes, donde acuden un buen n¨²mero de polacas a abortar y donde se practican algo m¨¢s de 6.000 interrupciones al a?o.
¡°Se ha incrementado el ataque contra los derechos fundamentales en Europa, donde las organizaciones ultraconservadoras han cobrado fuerza e influencia gracias a que disponen de fondos¡±, alega la diputada sueca conservadora Ulrika Karlson, presidenta de la Uni¨®n Interparlamentaria. Fondos, por otra parte, provenientes de donaciones privadas que son opacos y dif¨ªcilmente cuantificables. Adem¨¢s, aunque estos lobbies no son muy numerosos, s¨ª tienen importantes financiadores y valedores clave en los parlamentos nacionales y en la Euroc¨¢mara, como apunta tambi¨¦n Neil Datta, secretario general del Foro Europeo de Poblaci¨®n y Desarrollo y uno de los mayores expertos en grupos anti-derechos de Europa, en su an¨¢lisis Restablecer el orden natural.
Judicializar el debate
Entidades como Hazte O¨ªr (Espa?a), Ordo Iuris (Polonia), La manif pour tous (Francia) o In the name of the family (Croacia), est¨¢n muy bien conectadas entre s¨ª ¡ªy han fundado la iniciativa europea Uno de nosotros¡ª y con organizaciones hermanas en Estados Unidos. Su estrategia sobre los derechos reproductivos es similar en todos los pa¨ªses: tratan de endurecer las leyes a trav¨¦s de iniciativas ciudadanas o de judicializar el debate para hacerlo mediante la jurisprudencia, nacional o comunitaria.
Es esto ¨²ltimo lo que tratan de hacer en Noruega y en Suecia, donde el panorama social y pol¨ªtico hace casi imposible revertir en el Parlamento los derechos ya ganados hace d¨¦cadas. Por esto, estas organizaciones usan otra estrategia y han denunciado a ambos pa¨ªses ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aseguran que las autoridades no garantizan la protecci¨®n a la objeci¨®n de conciencia de los profesionales sanitarios. En uno de los casos que ha llegado a juicio, estos grupos de presi¨®n reclaman que Suecia discrimin¨® a una comadrona que se negaba a participar en todo lo relacionado con las interrupciones voluntarias del embarazo. En Noruega, estos grupos exigen que un m¨¦dico de familia tenga derecho a negarse a prescribir anticonceptivos. Su foco es Espa?a, donde lograron una victoria hist¨®rica cuando el Tribunal Constitucional reconoci¨® el derecho de un farmac¨¦utico a no vender la p¨ªldora del d¨ªa siguiente por objeci¨®n de conciencia.
Con estas maniobras pretenden acercarse al caso de Italia, donde pese a la ley, que permite el aborto, es muy dif¨ªcil que las mujeres accedan a esta prestaci¨®n. All¨ª, un 70% de los m¨¦dicos se niega a practicar estas intervenciones aduciendo que es contraria a su conciencia (y llega al 90% en algunas regiones). E Italia, pese a las condenas del Tribunal de Estrasburgo, no ha corregido su ley para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, lo que genera importantes problemas de salud p¨²blica.
La del aborto, adem¨¢s, no es la ¨²nica batalla de estos grupos anti-derechos. Tambi¨¦n atacan el derecho de las mujeres a acceder a pruebas m¨¦dicas ¡ªcomo ecograf¨ªas¡ª, a la contracepci¨®n o la igualdad de g¨¦nero. En los ¨²ltimos meses, por ejemplo, est¨¢n presionando para impedir la firma del Convenio de Estambul para la prevenci¨®n y lucha contra la violencia machista en Bulgaria, Croacia y Polonia, que todav¨ªa no lo han rubricado. De momento, tras la movilizaci¨®n, han logrado que el Gobierno b¨²lgaro se niegue a ratificarlo.
Tambi¨¦n han logrado importantes triunfos en Croacia y en Eslovenia para frenar las leyes de matrimonio igualitario y toda equiparaci¨®n de derechos para las parejas del mismo sexo. Su objetivo ahora es Rumania, donde tras una iniciativa ciudadana de estas organizaciones se votar¨¢ en refer¨¦ndum cambiar la Constituci¨®n para que se explicite que el matrimonio ¡°es la uni¨®n de un hombre y una mujer¡±.
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