La detenci¨®n de Augusto Pinochet: 20 a?os del caso que transform¨® la justicia internacional

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"?Ustedes no tienen ni un derecho a hacer esto, no pueden arrestarme! ?Yo estoy aqu¨ª en una misi¨®n secreta!", exclam¨® el dictador chileno Augusto Pinochet, de 82 a?os, cuando la noche del 16 de octubre de 1998 fue detenido en la London Clinic de la capital brit¨¢nica, seg¨²n el libro Yo, Augusto, de Ernesto Ekaizer. Hab¨ªa viajado a Europa para someterse a una operaci¨®n de columna y como en Chile era senador vitalicio pensaba que gozaba de inmunidad diplom¨¢tica. Pero era un viaje privado y no se hab¨ªa informado al Reino Unido. La coyuntura fue aprovechada por el juez espa?ol Baltazar Garz¨®n, que emiti¨® en la v¨ªspera una orden internacional de detenci¨®n y solicit¨® su extradici¨®n a Espa?a por una querella criminal en el marco de la Operaci¨®n C¨®ndor, la coordinaci¨®n de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores. Fueron 503 d¨ªas de reclusi¨®n y aunque el Reino Unido finalmente no autoriz¨® el traslado a Espa?a, el caso ¨Cque este martes cumple 20 a?os¨C marc¨® jurisprudencia global sobre los cr¨ªmenes de lesa humanidad.

La detenci¨®n de Pinochet mostr¨® que los jueces pueden actuar contra violadores de los derechos humanos de terceros pa¨ªses y que es posible buscar la justicia de forma transnacional. Para Naomi Roht-Arriaza, profesora titular de Derecho de la Universidad de California Hastings College of Law, con el caso Pinochet "se empez¨® a revalidar la justicia universal como una forma complementaria de justicia internacional, al lado de la emergente Corte Penal Internacional ¨Cel Estatuto de Roma se firma el mismo a?o que la detenci¨®n¨C y de los tribunales ad hoc". La acad¨¦mica explica que la causa ofreci¨® esperanza a las v¨ªctimas de conflictos de larga duraci¨®n y los abogados empezaron a llevar casos a tribunales extranjeros, como los de B¨¦lgica o Espa?a.

"Los militares y ex jefes de Estado de varios pa¨ªses ¨CIsrael, Estados Unidos, Guatemala¨C cancelan viajes y limitan sus movimientos por temor a las ¨®rdenes de arresto. Esto, claro, crea una reacci¨®n de los poderosos, quienes abogan por restringir el uso de la jurisdicci¨®n universal y logran cambiar las leyes en B¨¦lgica y Espa?a y promover interpretaciones restringidas en otros pa¨ªses, aunque ahora el nuevo Gobierno espa?ol est¨¢ en proceso de replantear esas limitaciones con vistas a ampliarla de nuevo", se?ala Roht-Arriaza. "Los jueces, sin embargo, siguen encontrando las formas de avanzar con la justicia", se?ala la investigadora, que recuerda un ejemplo reciente: el excoronel salvadore?o Inocente Orlando Montano fue extraditado desde Estados Unidos a Espa?a, donde espera juicio por el crimen de seis jesuitas en 1989, un caso que se ha reabierto en El Salvador.

"Ciertamente, la solicitud de extradici¨®n a Espa?a del general Pinochet cuando se encontraba en el Reino Unido fue un hecho de especial trascendencia en la inteligencia de la persecuci¨®n de los cr¨ªmenes internacionales con base en el principio de jurisdicci¨®n universal", explica Antonio Remiro Brotons, catedr¨¢tico em¨¦rito de Derecho Internacional en la Universidad Aut¨®noma de Madrid. El autor de El caso Pinochet. Los l¨ªmites de la impunidad dice que "el caso Pinochet no era el primero, desde luego, en que se planteaba la aplicaci¨®n de la justicia internacional", pero aclara que en aquel entonces "nadie cre¨ªa que el principio de jurisdicci¨®n universal pudiera alcanzar a esta clase de personajes". En t¨¦rminos operativos, se?ala Remiro Brotons, fue la primera vez que se estableci¨® que un antiguo jefe de Estado no ten¨ªa inmunidad ante cr¨ªmenes de lesa humanidad: "No hubo otro tan notorio".

Para el catedr¨¢tico, el principio de jurisdicci¨®n universal encontr¨® "viento de cola" con la orden de arresto y la solicitud de extradici¨®n hecha por el juez Garz¨®n. "Ya se hab¨ªan abierto numerosos juicios en muchos pa¨ªses, pero el caso Pinochet puso el tema en primera p¨¢gina y sensibiliz¨® a la opini¨®n p¨²blica". Brotons indica que el caso Pinochet "sirvi¨®, cuando menos, al final del d¨ªa, para reactivar los procedimientos iniciados en Chile (y otro tanto ocurri¨® en Argentina respecto de sus propias juntas militares)".

Coincide Carmen Hertz, abogada de derechos humanos chilena y actual diputada por el Partido Comunista: "Hasta la detenci¨®n de Pinochet en Londres, en t¨¦rminos de justicia se hab¨ªa avanzado muy poco en Chile. La doctrina internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario eran ignorados por los tribunales. Su arresto en 1998 marc¨® un punto de inflexi¨®n", relata Hertz, actual presidenta de la comisi¨®n de derechos humanos del Congreso, que critica "las intensas maniobras pol¨ªticas y diplom¨¢ticas del Gobierno chileno [de Eduardo Frei Ruiz-Tagle] para lograr el env¨ªo a Chile del dictador".

En mayo de 2000, dos meses despu¨¦s del regreso de Pinochet a Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago aprob¨® su desafuero como senador vitalicio y el militar pudo ser investigado y procesado por la Justicia local. "Aunque finalmente fue sobrese¨ªdo por supuestas dolencias mentales, al ser enviado a Chile se produjo en el poder judicial una din¨¢mica distinta", indica la parlamentaria. "De alguna manera, los jueces sintieron la obligaci¨®n de ejercer sus facultades jurisdiccionales y reivindicar su papel en la sociedad, bastante deteriorado hasta entonces".

De acuerdo con el ¨²ltimo informe anual del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales,?desde julio de 2010 la Corte Suprema finaliz¨® 214 causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet, con 532 agentes involucrados. Las condenas efectivas de c¨¢rcel fueron de 462 en el mismo periodo.

"El mejor y m¨¢s grande legado del caso Pinochet es esa interrelaci¨®n de la justicia nacional y la jurisdicci¨®n universal", opina Roht-Arriaza. "No se procedi¨® contra ¨¦l en Espa?a y regres¨® a Chile supuestamente por razones de salud. Sin embargo, enfrent¨® un panorama pol¨ªtico, medi¨¢tico y jur¨ªdico diferente, con v¨ªctimas envalentonadas, con jueces un poco avergonzados porque no hab¨ªan logrado jugar su papel adecuadamente y con un compromiso del Gobierno de enjuiciarlo en casa".