Honduras aguarda la pol¨¦mica sentencia sobre los asesinos de Berta C¨¢ceres

Dos a?os y medio despu¨¦s del asesinato de la l¨ªder ecologista Berta C¨¢ceres, este jueves se conocer¨¢ la sentencia contra sus asesinos. Al menos quienes apretaron el gatillo. No de quienes dieron la orden, seg¨²n denuncia su familia. La sala I del Tribunal de Tegucigalpa program¨® para el pr¨®ximo jueves 29 la lectura de la resoluci¨®n del homicidio del 2 de marzo de 2016 en Intibuc¨¢, en el Occidente de Honduras.

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En el banquillo est¨¢n sentados ocho ciudadanos acusados de ser responsables del delito de asesinato y tentativa de asesinato. Las hijas de la ecologista reconocen que las pruebas son contundentes contra ellos y esperan que sean sentenciados, pero denuncian que solo se juzga a los eslabones m¨¢s bajos de la cadena y que el juicio, que ha durado cinco semanas, se ha celebrado en medio de graves irregularidades y que seguir¨¢n luchando por la condena para los autores intelectuales.

"Habr¨¢ condenas pero no justicia¡±, se?ala Bertha Z¨²?iga C¨¢ceres, hija de la ambientalista y actual coordinadora del Consejo C¨ªvico de Organizaciones Populares en Ind¨ªgenas de Honduras (Copinh), que lideraba su madre hasta que la mataron.

Hasta aquel d¨ªa, su madre, de 44 a?os, era una de las voces que se hab¨ªan alzado contra la construcci¨®n de una presa en su comunidad. Ni siquiera el Nobel verde que hab¨ªa recibido el a?o anterior la protegi¨® de las balas de dos pistoleros que se colaron en su casa de La Esperanza.

Eran las 11 de la noche y los asesinos llegaron en un Volkswagen gris, le metieron tres tiros en el abdomen y huyeron. Antes de escapar descubrieron que en la habitaci¨®n de al lado hab¨ªa otro hombre; Gustavo Castro. Castro hab¨ªa llegado el d¨ªa anterior desde M¨¦xico donde dirige la organizaci¨®n Otros Mundos Chiapas. Gustavo y Berta eran viejos amigos que se hab¨ªan ido a dormir despu¨¦s de echar un cigarro en el porche de la modesta casa. Cuando el asesino le dispar¨® a bocajarro le roz¨® la oreja y solo le hizo un rasgu?o pero empez¨® a sangrar abundantemente y el sicario huy¨® del lugar pensando que estaba muerto.

En el juicio, que comenz¨® el pasado 20 de octubre, los abogados de la familia y del Copinh fueron excluidos, tras interponer un recurso de recusaci¨®n sobre los miembros del tribunal ante las dudas sobre su imparcialidad. La acusaci¨®n la asumi¨® desde entonces exclusivamente los fiscales del Ministerio P¨²blico (MP)

¡°El juicio ha estado plagado de irregularidades, se ha dejado al margen del juicio a la familia y a Copinh han estado al margen de la investigaci¨®n¡±, explica Marcia Aguiluz, responsable del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). ¡°Se nos ha negado tambi¨¦n informaci¨®n que fue decomisada a la empresa DESA y que dar¨ªa cuenta de la participaci¨®n de la empresa en sus asesinato¡±, a?ade.

Dos de los acusados est¨¢n directamente vinculados con la empresa hidroel¨¦ctrica: Sergio Rodr¨ªguez Orellana, el gerente ambiental y de las comunicaciones de la compa?¨ªa, y el exteniente del ej¨¦rcito Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA entre 2013 y 2015. Otros dos tienen v¨ªnculos militares: Mariano D¨ªaz Ch¨¢vez, un comandante activo de las fuerzas especiales entrenado en los Estados Unidos con antecedentes de inteligencia, y su ex acusado Henry Hern¨¢ndez Rodr¨ªguez. En marzo, fue detenido tambi¨¦n el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, acusado de organizar el crimen. La familia apunta a los accionistas de la empresa que tendr¨ªan a Berta C¨¢ceres como un objetivo.

Tras el asesinato de la ecologista, Estados Unidos, la ONU y hasta El Vaticano exigieron el esclarecimiento del caso. Berta C¨¢ceres pas¨® entonces a ser un s¨ªmbolo de defensa de la tierra en un pa¨ªs donde los h¨¦roes se cuentan por muertos. Honduras es uno de los pa¨ªses m¨¢s peligrosos del mundo para defender la tierra y el medio ambiente, con al menos 130 defensores asesinados en los ¨²ltimos diez a?os y una pol¨ªtica econ¨®mica que aprob¨® decenas de proyectos de minas y energ¨ªa en comunidades rurales e ind¨ªgenas sin consulta o estudios adecuados de impacto ambiental.