Un c¨¢lculo pol¨ªtico y un delito probado

La llegada de un nuevo Gobierno hace ya nueve meses que quiere ajustar los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las FARC para recomponer el tribunal de justicia transicional, entre otras estructuras en la que se soporta el acuerdo del fin del conflicto firmado por el expresidente Juan Manuel Santos, ha terminado por someter a los jueces a la m¨¢s dura presi¨®n pol¨ªtica. Tambi¨¦n a cometer serios errores en el camino, en su mayor¨ªa inducidos por el fiscal saliente como lo prueba la recaptura, horas atr¨¢s, de Jes¨²s Santrich, quien claramente se ve cometiendo un delito desde hace un a?o sin que la justicia ordinaria asumiera su proceso como le correspond¨ªa.

Dos temas de inter¨¦s hist¨®rico para Estados Unidos como son la extradici¨®n y la b¨²squeda de un aval para regresar a la fumigaci¨®n del glifosato para erradicar cultivos il¨ªcitos, terminaron con visados retirados a magistrados o al menos la amenaza de su retiro. No es menester confundir el retiro de visados a otros togados involucrados en actos de corrupci¨®n. Pues bien retiradas est¨¢n las ¨²ltimas que no las primeras.

Es el caso de la Corte Constitucional, nuestra garant¨ªa de vivir en un Estado de derecho, de todos los derechos consagrados y conquistados, que ahora deber¨¢ resolver nuevamente lo que el Congreso no logr¨® evacuar, en este caso, las seis objeciones que el presidente Iv¨¢n Duque present¨® a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a los excombatientes, militares y terceros involucrados en el conflicto.

Esa misma JEP ten¨ªa entre sus decisiones determinar si Jes¨²s Santrich, preso desde abril de 2018, deb¨ªa o no ser extraditado. Solo deb¨ªa establecer si cometi¨® el delito en una fecha posterior a la firma del acuerdo de paz, o sea el 1 de diciembre de 2016. La JEP se trenz¨® en una discusi¨®n eterna sobre si eran competentes para estudiar las pruebas de la Fiscal¨ªa que encabezaba N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, que las neg¨® con el argumento de que las ten¨ªa Estados Unidos.

Llegada la fecha de tomar la decisi¨®n, por dem¨¢s bastante tard¨ªa, la JEP, que ha debido abstraerse de todas las presiones, olvidar los desaf¨ªos y fallar en derecho, o mandar a la Corte Suprema el caso Santrich, no lo hizo. No atendi¨® el llamado del procurador Fernando Carrillo, en lo que pod¨ªa encontrar la salida legal. Y en cambio volvi¨® pedazos su propia legitimidad: neg¨® la extradici¨®n de Santrich y pidi¨® su libertad.

Y adem¨¢s, la JEP con su decisi¨®n, le dio la salida al fiscal general de la naci¨®n, quien aprovech¨® y renunci¨® como m¨¢rtir para buscar un hero¨ªsmo en la ultraderecha, argumentando que se iba porque no pod¨ªa refrendar ¡°este desaf¨ªo al orden jur¨ªdico". "mi conciencia y mi devoci¨®n por el Estado de derecho me lo impiden.¡±

Los tribunales llamados a guardar el equilibrio, a demostrar que no son tribunales de la impunidad, cayeron en la trampa y hoy Colombia vuelve a transitar por d¨ªas sin tranquilidad, y volvemos a informar, m¨ªnimo, de un l¨ªder asesinado en nuestras regiones cada 24 horas, de excombatientes sin seguridad para recorrer el camino de la reconciliaci¨®n, con la econom¨ªa en ascuas por tanta pol¨ªtica de bajo nivel que ojal¨¢ no afecte las proyecciones m¨¢s optimistas.

Es cierto, como dice la jurista Catalina Botero, que en un Estado de derecho todas las decisiones deben basarse en evidencias legalmente recolectadas. La JEP incluso cuestiona la manera en que esa evidencia habr¨ªa sido conseguida. Dice en su fallo: ¡°¡­Porque se deriva de una prueba que, al margen de no haber sido allegada, se concluye fue obtenida con vulneraci¨®n de derechos fundamentales y sin el cumplimiento de los prerrequisitos de las internacionales para su recolecci¨®n en territorio de un Estado distinto¡­¡±

Dice Botero que la JEP no encontr¨® prueba de que se haya cometido el delito despu¨¦s de la fecha en cuesti¨®n y que pidi¨® a la Fiscal¨ªa seguir investigando. Y que ante estas consideraciones ¡°los jueces fallan en derecho con pruebas, al menos en una democracia¡±.

As¨ª es. Pero tambi¨¦n la JEP concluye que ¡°¡­no significa que la secci¨®n hubiese determinado que la conducta no existi¨®, pues ello es un an¨¢lisis propio del juez de la causa penal¡± ?Y entonces? Pues que estamos ante un caso pol¨ªtico, no jur¨ªdico.

La fecha de la comisi¨®n del delito que puede verse en el video completo filtrado a los medios cuando el da?o ya estaba hecho, muestra claramente el delito y que la fecha fue posterior. L¨¢stima que no le fue allegada la prueba a la JEP, y por el contrario se evit¨®, insisto, por razones, pol¨ªticas, que la tuviera. De ah¨ª que era fundamental dejar el caso en manos de la Corte Suprema de Justicia. En buen momento se orden¨® la recaptura porque impune no puede quedar ese delito.

Ahora viene la tarea de reemplazar al fiscal. El Gobierno ha nombrado a una mujer como Margarita Cabello, una exmagistrada, para iniciar la tarea de conformar una terna de personas dignas que puedan reemplazar al saliente y que ojal¨¢ llegue a profundizar en el m¨¢s vergonzoso esc¨¢ndalo de corrupci¨®n pol¨ªtica empresarial de Am¨¦rica, las interceptaciones de llamadas telef¨®nicas que han proliferado o se han inventado en busca de anuncios espectaculares para luego no poder probarlas o esconderlas, ir al fondo de la corrupci¨®n del extraditado fiscal anticorrupci¨®n Luis Gustavo Moreno y su amigo Leonidas Bustos.

Desaf¨ªo grande encontrar a un colombiano que sea capaz de investigar e impartir justicia con transparencia. Necesitamos recuperar la confianza en las instituciones que nacieron del acuerdo y en la de la justicia ordinaria tan abusada por la oscuridad de los que llegan a dirigirla, olvidando que en este mundo de c¨ªrculos los c¨¢lculos no son exactos y la verdad siempre termina por imponerse sobre la mentira.

Tienen los partidos, que han sido convocados a un acuerdo nacional, la prueba de fuego para honrar la democracia y no para devolvernos a las ¨¦pocas ya superadas en que se nos pelaron las rodillas ante el imperio y permitimos que el narcotr¨¢fico atravesara la moral nacional y volviera a los hijos, sicarios y a los pobres, guerrilleros para luego regresar a los paramilitares matando l¨ªderes, como ya est¨¢ ocurriendo. Eso fue con lo que quiso acabar el Gobierno pasado. Que la revancha no nos arrastre de nuevo a la violencia. Que sea el talante de la nueva generaci¨®n que el presidente Iv¨¢n Duque pide que dejen demostrar sus capacidades la que se imponga si de verdad queremos cambiar el rumbo.