Falsos positivos en Colombia

Un nuevo esc¨¢ndalo ha estallado en Colombia, esta vez por lo que popularmente se conoce como falsos positivos o m¨¢s exactamente ejecuciones extrajudiciales. Como se sabe, han sido miles los colombianos que han sido asesinados por agentes estatales y los han hecho pasar por miembros de grupos armados ilegales. Hace poco m¨¢s de una semana, el diario The New York Times revel¨® como en el Ej¨¦rcito colombiano hab¨ªa documentos que comprobaban que a los comandantes de brigadas y regiones se les ordenaba aumentar los resultados en capturas y bajas de miembros de grupos armados organizados. A cambio, se daban una serie de gratificaciones. Como se sabe, una orden similar en el gobierno de ?lvaro Uribe V¨¦lez (2002-2006 y 2006-2010) llev¨® a que poco m¨¢s de 4.000 colombianos civiles fueran asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y los presentaron como miembros, en su mayor¨ªa, de grupos guerrilleros.

La publicaci¨®n, por ende, permit¨ªa concluir que las condiciones para que estas ejecuciones extrajudiciales regresaran estaban dadas. D¨ªas despu¨¦s, se conoci¨® un segundo documento, el cual fue publicado por The Associated Press (AP), donde se demostraba como el actual comandante del Ej¨¦rcito, Nicacio Mart¨ªnez, hizo pago de recompensas a supuestos informantes en el a?o 2005, pero el dinero termin¨® llegando a un soldado que est¨¢ condenado por el asesinato de un civil. Parte del dinero tambi¨¦n lleg¨® a un exjefe paramilitar. Otra de las noticias que se confirm¨® es que el gobierno nacional sab¨ªa de la existencia de investigaciones periodistas en esa materia, y en lugar de controlar y desmontar las ¨®rdenes militares, se dedic¨® a negar y torpedear el trabajo period¨ªstico.

A todo lo anterior se le suman varios hechos dram¨¢ticos. Por ejemplo, un excombatiente de las FARC, Dimar Torres, fue asesinado y habr¨ªa sido torturado hace algunas semanas. En ese momento el ministro de Defensa sali¨® a proteger a los asesinos y dijo que el homicidio se produjo en un forcejeo, ocultado los hechos. Igualmente, varios miembros del gobierno Duque han dicho que muchos l¨ªderes sociales asesinados en el pa¨ªs son guerrilleros o amigos de terroristas. No debe olvidarse que en Colombia cada cuatro d¨ªas asesinan un l¨ªder social. Es una verdadera masacre.

En Colombia, la historia de las ejecuciones extrajudiciales es larga, se cree que pueden ser m¨¢s de 8.000 colombianos, aunque el periodo violento se dio en las dos administraciones del ?lvaro Uribe. La comparaci¨®n es m¨¢s que incre¨ªble. Durante la dictadura de Pinochet se asesinaron y desaparecieron forzadamente a cerca de 3.200 personas, eso en un periodo de 17 a?os. En cambio, en Colombia, en 8 a?os, bajo una supuesta democracia, se asesinaron alrededor de 4.000 civiles.

En todo caso, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos rastre¨® casos de ejecuciones extrajudiciales desde 1978. En el informe sobre Colombia, publicado en 1981, se narran hechos incre¨ªbles. Por ejemplo, el de Fabio V¨¢squez Villalba, quien fue llevado al Batall¨®n Volt¨ªgero, donde fue incomunicado, torturado y asesinado. Tambi¨¦n el caso de Luis Arcesio Ram¨ªrez, detenido, torturado y asesinado. O uno de los hechos m¨¢s dram¨¢ticos de eso a?os, el famoso caso Contador, en 1978.

En el informe de 1993, donde se narra el periodo que va desde 1981 hasta 1992, se ven por decenas los casos de ejecuciones extrajudiciales. Tal vez el periodo de la Guerra Sucia (1986-1994), el cual hace referencia a la masacre de militantes de izquierda, entre ellos los del partido de la Uni¨®n Patri¨®tica, es el mejor ejemplo. En dicha masacre, los miles de militantes de izquierda fueron asesinados por una alianza entre narcos, paramilitares y miembros de la Fuerza P¨²blica colombiana.

Uno de los casos que tuvo una sentencia hace unas semanas se refiere al asesinato de Santos Mendivelso Coconubo, ocurrido en abril de 1991, acusado de ser guerrillero del ELN y asesinado por polic¨ªas del F2. Durante a?os su familia sufri¨® persecuci¨®n e intimidaci¨®n y pasaron casi 30 a?os para que hubiera justicia.

Todo este esc¨¢ndalo tiene dos trasfondos. Por un lado, la intenci¨®n del partido de gobierno, el Centro Democr¨¢tico, y del propio presidente Duque, de sabotear la justicia transicional firmada en el acuerdo de paz entre la exguerrilla de las FARC y el Estado colombiano en 2016. Adem¨¢s, hay un proyecto de ley que busca evitar que esta justicia juzgue a los militares. El otro trasfondo es que el gobierno Duque no ha hecho nada, no ha removido al general Nicacio o al ministro de Defensa. En cambio, se ha puesto a pelear con los medios de comunicaci¨®n.